Miembros de la Red de Excarcelados por la Democracia sostuvieron este martes una reunión de alto nivel con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela. Durante el encuentro, los activistas presentaron un balance crítico sobre la situación de más de 700 prisioneros políticos y denunciaron irregularidades sistemáticas en la implementación de la Ley de Amnistía.
Carlos Julio Rojas, periodista, defensor de derechos humanos y vocero de la organización, calificó la reunión como «productiva» y destacó que la presencia de los funcionarios internacionales en territorio venezolano es resultado de la presión internacional. No obstante, alertó sobre la gravedad de las condiciones carcelarias y la discrecionalidad judicial con la que se está manejando el instrumento legal de libertad.
Rojas señaló que, aunque la Ley de Amnistía fue aprobada como un mecanismo para la liberación de los detenidos por causas políticas, su ejecución carece de transparencia. Rojas afirmó que la aplicabilidad del texto legal se ha caracterizado por una «selectividad perversa», argumentando que no existen patrones claros para la aprobación o denegación de las solicitudes.
«En mi caso tengo más de un mes que solicité la amnistía y lo que me dicen directamente en el tribunal, primero en competencia de terrorismo, es que están esperando órdenes de arriba», declaró Rojas.
Asimismo, se reportó una «oleada de negaciones» en las últimas semanas sin argumentos jurídicos sólidos. Entre los casos citados destacan los de los periodistas Rory Branker y Gabriel González, a quienes se les habría negado el beneficio, restringiéndoles además el derecho a la defensa. También se mencionó el caso de Giancarlo Riva, quien ingresó a prisión con 19 años y permanece tras las rejas tras recibir una negativa a su solicitud de amnistía.
Críticas a las instituciones nacionales
Los voceros de la Red de Excarcelados expresaron su desconfianza hacia los órganos jurisdiccionales actuales, señalando que quienes evalúan las solicitudes de libertad son los mismos funcionarios que imputaron los cargos originalmente.
«La realidad es que quienes están evaluando nuestros casos son nuestros verdugos. Las amnistías están siendo evaluadas por los tribunales, por los mismos que a nosotros nos imputaron delitos tan atroces como el magnicidio», subrayó el vocero.
También cuestionó el rol de la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y de la Defensoría del Pueblo, acusándolas de mantener silencio ante la falta de respuestas procesales y los recientes actos de represión contra trabajadores de la prensa y dirigentes sindicales. En este sentido, hicieron un llamado directo al Fiscal General de la República para que explique públicamente las razones detrás del «engavetamiento» de expedientes.
Internacionalización del reclamo
Ante la falta de soluciones en el ámbito interno, la Red de Excarcelados anunció que elevarán formalmente cada caso de negativa y retardo procesal ante instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otros órganos de la ONU.
El n ese sentido, también manifestó su preocupación, reportando que actualmente existen entre 15 y 17 trabajadores de la prensa con medidas cautelares sin resolución definitiva. Rojas, quien ha sido detenido en cinco ocasiones por su labor informativa, advirtió que la Ley de Amnistía corre el riesgo de convertirse en una «hoja de papel» sin efectos reales si persiste la actual dinámica judicial.
La Red de Excarcelados por la Democracia reafirmó su compromiso de seguir monitoreando los casos en el interior del país y brindando apoyo a quienes, como el activista Edwin Zambrano, recientemente detenido y presentado vía telemática, enfrentan procesos que califican de «express» y violatorios del debido proceso.
