La Fiscalía 52 Nacional notificó el pasado 10 de abril de 2026 a Martha Lía Grajales, codirectora del colectivo de derechos humanos Surgentes, que su teléfono móvil y su pasaporte permanecerán bajo custodia institucional. Según la información suministrada por la secretaría del despacho fiscal, los objetos no serán devueltos hasta que culminen las experticias técnicas, argumentando que la medida responde a una instrucción de «instancias superiores».
Esta resolución se produce aun cuando Grajales recibió una amnistía el 22 de febrero de 2026, otorgada por el Juzgado Primero de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo. La continuación de las investigaciones por parte del Ministerio Público ha sido señalada por la defensa como una vulneración al principio de «cosa juzgada», lo que implica someter a la activista a un nuevo proceso de criminalización.
Antecedentes y proceso judicial
La detención de la defensora de derechos humanos ocurrió el 8 de agosto de 2025, tras participar en un acto de solidaridad con el comité de familiares de detenidos Madres en Defensa de la Verdad, frente a la sede de Naciones Unidas. Días previos a su arresto, Grajales había denunciado agresiones físicas y el robo de su documento de identidad y su teléfono celular por parte de grupos civiles armados durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia.
El expediente judicial contra la activista se fundamentó originalmente en cargos por delitos de conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio. De acuerdo con los registros del caso, la base probatoria de la imputación consistió en un informe de «ciberpatrullaje» realizado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sobre el sitio web de la organización Surgentes.
«La única prueba en la que se sustenta la imputación es un ‘ciberpatrullaje’ realizado por un funcionario de la PNB al sitio web de Surgentes y su interpretación sobre la comisión de esos delitos desde la página web de la organización», refiere la información institucional del colectivo de derechos humanos.
Irregularidades en el debido proceso
La defensa de la activista sostiene que el Ministerio Público incurre en faltas graves al debido proceso al investigar un dispositivo que fue obtenido mediante violencia y robo por parte de terceros meses antes de la detención formal. Asimismo, se denuncia que la retención del pasaporte vulnera el derecho al libre tránsito y la privacidad de las comunicaciones de la afectada.
Ante este escenario, la organización Surgentes ha formalizado denuncias por irregularidades ante la Dirección contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El colectivo busca que el actual Fiscal General, Larry Devoe, intervenga en la actuación de la Fiscalía 52.
«Surgentes le solicita al Fiscal General, Larry Devoe, corrija de manera célere esta decisión del Fiscal Nacional 52, se desmarque de esta supuesta orden superior y evalúe si está ocurriendo en otros casos de presos políticos», señala el pronunciamiento de la organización.
La continuidad de las experticias sobre los bienes de Grajales mantiene en alerta a las organizaciones civiles, quienes interpretan el hecho como un desacato a la decisión judicial que otorgó la libertad y el cese de la persecución penal contra la defensora a principios de este año.
