“Pareciera que ser joven del barrio es sinónimo de ser delincuente, y no es así. Yo vivo y convivo en un barrio y sé que la mayoría de los jóvenes desean un mejor futuro”, subrayó el párroco de la parroquia San Alberto Hurtado de la parte alta de La Vega y presidente de la Fundación Centro Gumilla

Nuevos operativos policiales en La Vega y la Cota 905 llenan de preocupación a los activistas y defensores de derechos humanos. El padre Alfredo Infante, párroco de la parroquia San Alberto Hurtado de la parte alta de La Vega y presidente de la Fundación Centro Gumilla, pidió este jueves que los operativos policiales no se hagan violando los derechos humanos.

Las consecuencias de esa presencia policial dejan temor en la población, señaló. “Hay un patrón instalado en el imaginario de las políticas de seguridad del Estado, que relacionan joven popular, y si es moreno, más aún, con delincuencia. Se criminaliza a los sectores populares”, alertó Infante.

Ese es “un patrón instalado en la sociedad venezolana, que no tiene distingo político: eso sucedía en la llamada Cuarta República y sigue sucediendo hoy. Pareciera que ser joven del barrio es sinónimo de ser delincuente, y no es así. Yo vivo y convivo en un barrio y sé que la mayoría de los jóvenes desean un mejor futuro. Pero lamentablemente viven en un país que les ha cerrado las posibilidades para su desarrollo personal”.

Por el contrario, remarcó que su experiencia en el barrio ratifica “que la mayoría de nuestros jóvenes son hombres de bien. En el barrio hay una mina de humanidad, de talento”.

El sacerdote solicitó que, en lugar de sembrar represión, “se abran posibilidades para que el talento que hay en el barrio pueda emerger. Creemos que nuestros barrios son una mina”.

Este jueves las autoridades informaron el inicio de nuevos operativos en La Vega, supuestamente en busca de dirigentes de bandas criminales. En anteriores operativos (como el perpetrado a partir de junio de 2021) se cometieron violaciones de derechos humanos ampliamente denuncias, que incluyeron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Incluso, hay cinco personas encarceladas aunque sus familiares insisten en que no hay pruebas contra ellas.