El gobierno echó para atrás el pago fraccionado del bono vacacional. Pero otras medidas, como el instructivo de la Onapre, continúan sin revisión
Agosto comenzó como terminó julio: entre protestas. En los primeros cinco días de agosto se registraron más de 100 manifestaciones, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Pero es que todo el año ha sido así. Desde que en marzo pasado la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) aprobó su famoso instructivo los trabajadores de varios sectores comenzaron a movilizarse, de manera sistemática, para rechazar la reducción de sus salarios en hasta 70%. El remate fue el pago fraccionado del bono vacacional, que lanzó a las calles a quienes no habían salido todavía.
Luego de varios intentos de marcha en los que el oficialismo no logró mayor convocatoria, el gobierno del mandatario Nicolás Maduro decidió echar para atrás y pagar completo el bono vacacional. Pero el problema de fondo, el instructivo de la Onapre, sigue allí. También continúan tras las rejas los presos políticos viejos y los nuevos. Podría describirse la situación actual como una encrucijada entre una mayor conflictividad, o un diálogo que realmente resuelva los problemas.
Por otra parte, el escenario de negociación de México -con facilitación internacional- sigue paralizado. Ya el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, aseveró que no volverán a ese espacio si Argentina no devuelve el avión retenido en ese país. Anteriormente la delegación oficialista había advertido que no regresaría hasta que liberen al empresario colombo-venezolano Alex Saab.
El jueves pasado, durante una marcha masiva a la plaza Morelos, Keta Stephany, directiva de la Fapuv, explicó que acudían a la Defensoría del Pueblo porque «ya nosotros agotamos todas las instancias del Ejecutivo» sin obtener respuesta y mientras está ocurriendo «una grave violación, nunca vista, de los derechos de los trabajadores». Stephany denunció la violación de la Ley del Trabajo, y también, de varios convenios de la OIT. «Vamos a la Defensoría a plantear que ellos tienen que intervenir, y si no funciona, iremos a la Fiscalía, iremos a la Asamblea Nacional». A la Defensoría no pudieron llegar, porque una manifestación del oficialismo tomó la plaza Morelos.
Este es un gobierno «que le teme a la protesta, le teme a la verdad, le teme a la lucha; ha devenido en un régimen bien autoritario y bien represivo, y cuando adquieren estas características pareciera que no hay vuelta atrás», aseveró Pedro García, presidente de la Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados del Distrito Capital.
En estas circunstancias el gobierno debe suspender el instructivo Onapre, reitera Carlos Suárez, presidente de Sutraucv. «Nosotros nos mantendremos en las calles hasta que el gobierno rectifique». Hasta ahora ningún vocero oficial ha notificado el cese del instructivo de la Onapre, aunque sí fue removido el director de este organismo.
A los factores de la conflictividad hay que sumar la persecución política. El abogado Eduardo Torres, integrante de la Coalición Sindical Nacional, denunció que la semana pasada fue amedrentada la profesora Elsa Castillo por funcionarios del Sebin y de la PNB.
Pedro García, quien participó el pasado viernes en una protesta para exigir la libertad de los nuevos presos políticos, aseveró que el gobierno «prefiere usar la fuerza en vez de usar el diálogo y buscar el entendimiento» y que «se ha apartado de la realidad de los venezolanos que viven penurias».
García augura que, «mientras tengamos los derechos restringidos y conculcados, vamos a seguir saliendo a la calle». Si el gobierno no escucha «tendrá que seguir encarcelando, seguir persiguiendo a los luchadores sociales, sindicales, laborales y políticos». En menos de mes y medio han sido detenidas nueve personas, luchadores sociales, a quienes se los acusa de «terrorismo».
