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¿Qué deben discutir en México el gobierno de Maduro y la oposición? Esto es lo que piensa el defensor de DDHH Marino Alvarado

Texto: Vanessa Davies. Foto: cortesía Reuters

Jorge Rodriguez, president of Venezuela's Congress and head of Maduro's negotiating team, arrives to a hotel to attend the third round of talks with the opposition, in Mexico City, Mexico September 25, 2021. REUTERS/Luis Cortes

Ayuda humanitaria, liberación de presos políticos y retorno de perseguidos políticos son temas clave, subrayó

Poco ante los micrófonos y presumiblemente mucho en el cara a cara a solas. El diálogo en México ente el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición representada en la Plataforma Unitaria, suspendido desde octubre de 2021, privilegiaría en su próxima ronda la atención de la emergencia social.

Para el defensor de derechos humanos Marino Alvarado hay una agenda que debe incluir, efectivamente, algunas soluciones a la crisis humanitaria, pero sin dejar de lado otros aspectos.

«Es necesario ampliar y fortalecer el ingreso de la ayuda humanitaria. Estamos hablando de altos niveles de pobeza extrema», recordó. Por eso es necesario «que las organizaciones humanitarias que ya están trabajando en Venezuela tengan la posibilidad de seguir trabajando sin obstáculos, y que puedan ingresar nuevas organizaciones».

Alvarado agregó a la lista «un cronograma electoral para las elecciones de 2024» así como la garantía de observación internacional.

No puede quedar fuera la liberación de presos políticos, enfatizó. Debe haber también un acuerdo para que los perseguidos políticos en el exilio puedan regresar al país. Es perentoria, por otra parte, la consolidación de las instituciones, con énfasis en el Poder Judicial: «Una fiscalía independiente, una defensoría del pueblo independiente». Sin instituciones sólidas, alertó el abogado, que realmente sean el contrapeso, difícilmente se recuperará la confianza.

«No puede haber en el diálogo en México un acuerdo que implique garantía de impunidad. No lo vamos a aceptar las organizaciones de derechos humanos, ni los comités de víctimas», expresó. «No puede haber un acuerdo que viole la Constitución», que obstaculice y que impida «que los responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido y que sigan ocurriendo en Venezuela puedan ser juzgados».

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