Durante la entrega del proyecto para efectuar una reforma a la Ley contra la Corrupción, efectuada este martes en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el constituyentista Pedro Carreño, quien recibió el pliego, afirmó que las penalidades consideradas en este nuevo proceso incluyen tanto condenas tras las rejas como sanciones punitivas, las cuales considerarían la incautación de bienes a los funcionarios señalados por hechos de corrupción.

“La honestidad y la lealtad son los principios que deben impulsar las acciones de los funcionarios públicos, pero en caso de que no sea así, no nos quedaremos solamente con las penas de 30 años de cárcel, estamos considerando también sanciones punitivas. De nada vale que paguen cárcel, y cuando salen, revisamos el patrimonio público, y este sigue dañado”, explicó.

Dijo Carreño que se conocen casos de banqueros prófugos, que huyeron de la justicia a otros países, en los cuales disfrutan de los bienes robados a la nación.

Igualmente, explicó que el proyecto de reforma será discutido en asambleas de base y en todas las circunscripciones a nivel nacional, así como con otros poderes públicos, entre los que destacó la Contraloría General de la República.

“Esperamos tener resultados recopilados en dos semanas”, dijo el constituyentista, cuyo encuentro este martes fue con el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno.