«El 1° de mayo en Venezuela pasó de ser una fecha de reivindicación de conquistas sociales a convertirse en un hito de la economía de expectativas, lo cual se observa semanas antes del anuncio, cuando el país entra en una ralentización expectante: los comerciantes ajustan inventarios y los ciudadanos calculan una supervivencia que ya no depende de su productividad, sino de la discrecionalidad del Ejecutivo, bajo un modelo de transferencias directas que ha redefinido el pacto social», sostiene el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Omar Ávila.
En este sentido agregó que «durante la última década, Venezuela ha experimentado una metamorfosis silenciosa pero devastadora en medio del paso de una economía de producción (donde el trabajo generaba riqueza, ahorro y movilidad) a una economía de transferencias (donde del ingreso se percibe a través de bonificaciones no salariales para el trabajador, pero sí impositivas para el Estado)».
«Esta estrategia, aunque presentada como un escudo frente a la inflación, constituye un vaciado del Derecho Laboral al despojar al ingreso de su carácter salarial, anulando las prestaciones sociales, el ahorro a largo plazo y el valor de la antigüedad; en consecuencia, los trabajadores que viven en un presente perpetuo, sin seguridad para el retiro», afirmó el parlamentario.
Además agregó que «el reciente anuncio en el mes de enero sobre la Contribución Especial del 9% para las pensiones, es el síntoma más claro del agotamiento de este modelo, porque ante el colapso del sistema de seguridad social tradicional -asfixiado por una base de cotización formal inexistente-, el Estado recurre a una carga impositiva sobre el sector privado».
«Más que una solución técnica, se trata de una transferencia de responsabilidad porque el Estado admite que la nómina de jubilados no puede sostenerse con la estructura de salarios actuales y traslada el peso a las compañías sobrevivientes y nuevas empresas, lo cual genera una distorsión adicional: el costo de emplear aumenta, mientras que la calidad de vida del pensionado sigue dependiendo de un fondo cuya administración carece de transparencia en cuanto al ajuste del aporte por la pérdida del valor diario del bolívar», señaló Ávila.
«Pasada una década, se puede asegurar que la diferencia entre un salario y un bono no es solo económica, es política. El salario es un derecho adquirido, exigible, estable y constitucionalmente protegido; el bono es una concesión discrecional que puede ser ajustada, indexada o eliminada según la disponibilidad de caja o el calendario electoral», destacó.
Para finalizar agregó que «en la Venezuela actual, la formación académica y el esfuerzo técnico compiten en desventaja frente a la asignación centralizada de bonificaciones, ya que la estabilidad macroeconómica que el Gobierno intenta proyectar (mediante la contención del gasto salarial), se sostiene sobre los hombros de una población que ha visto cómo el trabajo deja de ser un motor de ascenso social, para convertirse en una estrategia de subsistencia digital».
