El analista político y abogado, Johel Orta sostiene que el país vive un «reacomodo controlado» que más allá de señales de «apertura táctica, mantiene un control político persistente y desafíos significativos para la consolidación democrática».
Según Orta, desde el «pasado 3 de enero, el país ha experimentado una nueva realidad política con una soberanía limitada, marcada por la instalación de la Asamblea Nacional y la juramentación de la vicepresidenta ejecutiva como presidenta encargada».
Sin embargo, «la conformación de la directiva parlamentaria no reflejó una apertura proporcional a la votación obtenida por la oposición, con el diputado Zambrano asumiendo la presidencia de la Comisión de Política Exterior y otros parlamentarios ocupando vicepresidencias o responsabilidades secundarias».
Reformas controladas
El analista subraya que «el Poder Ejecutivo ha acelerado la aprobación de leyes de alto impacto. Se destaca la Ley de Amnistía, que ha permitido la liberación de más de 8.300 presos políticos, aunque aún queda un número considerable por salir».
Asimismo, se «aprobó rápidamente la Ley de Hidrocarburos, abriendo la puerta a la inversión extranjera en el sector petrolero después de más de dos décadas. También se sancionó la Ley de Minas para la explotación de minerales preciosos y tierras raras en el sur del país».
En cuanto a los nombramientos institucionales, Orta señaló que «algunas designaciones sugieren una apertura selectiva, como la doctora Ana Maria Sanjuán en el Ministerio de Educación Superior, una figura no militante del PSUV, y Egleé González Lobato como Defensora del Pueblo. No obstante, en otros ministerios, la renovación ha sido limitada».
Un aspecto clave de este reacomodo son los «enroques» en el gabinete y el estamento militar.
El analista destacó la salida del «general Padrino López de la cartera castrense y su posterior designación en el Ministerio de Agricultura y Tierras», asimismo agregó que estos son movimientos, «comunes en la denominada V República»,
Orta afirmó que «todo esto que pasa en el país es parte de un proceso de estabilización y reacomodo institucional», que en gobiernos de «corte socialista a menudo se traduce en purgas».
El abogado Orta enfatizó que, «si bien la apertura económica busca atraer capital extranjero y estabilizar los ingresos, la apertura política sigue siendo limitada. La agenda de rediseño institucional en debate incluye propuestas opositoras como el retorno a un congreso bicameral, el recorte del periodo presidencial y la revisión de la reelección indefinida. Hoy en el país la expectativa es lograr un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con magistrados no vinculados al oficialismo y un CNE con rectoría plural y democrática, buscando un equilibrio efectivo de poderes públicos en nuestra nación».
Asimismo agregó que «el riesgo principal es que la apertura económica funcione como un sustituto, y no un preludio, de una verdadera apertura política».
«Sin reformas profundas en la representación y la justicia, la gobernabilidad podría seguir siendo precaria», subrayó el analista político.
Orta concluye que la «condición habilitante para una transición exitosa es la formación de un Gobierno de amplia base que garantice un reparto equitativo de costos y legitimidad, evitando que las rotaciones internas sigan dominando la escena y posponiendo el equilibrio institucional».
