El exdiputado opositor y exprisionero político Freddy Superlano pidió este miércoles a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) en Venezuela que investigue las condiciones de reclusión y muertes ocurridas dentro de las cárceles del país suramericano.
En declaraciones ofrecidas en las afueras de la sede de la Naciones Unidas en Caracas, Superlano indicó que entregó una misiva con seis solicitudes relacionadas con las condiciones carcelarias del país.
«Entre las solicitudes está que se promueva una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial, así como una visita de los centros de reclusión el Rodeo I, Yare II, Tocorón y Guaicaipuro», señaló el opositor, quien estuvo detenido por más de un año en prisiones como El Rodeo I y El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Superlano señaló que estas cuatro cárceles están gestionadas por el llamado Sistema Especial de Máxima Seguridad (Sesmas), cuyas autoridades son desconocidas, pese a que dentro de algunas de esas cárceles, aseguró, trabajan funcionarios de organismos como la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
También solicitó que se investigue «de manera seria, independiente y transparente» las «cerca de 25 muertes» de personas bajo custodia del Estado que se han reportado desde 2015, como la del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien falleció en diciembre del año pasado.
En este sentido, exigió que el Gobierno publique una lista detallada de las personas liberadas en los últimos meses en medio de un proceso de excarcelaciones y amnistía, porque, a su juicio, es «incuantificable» la cantidad de presos políticos que siguen encarcelados.
El dirigente opositor pidió que la oficina del ACNUDH «impulse una reunión de coordinación» con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se permita la entrada de este organismo a las prisiones, que hasta ahora han impedido las autoridades venezolanas.
Asimismo, expresó su aspiración de que el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, pueda «atender personalmente» la situación de Venezuela, y exhortó a que se promueva un proceso que lleve a «la verdad, la justicia, la no repetición y reparación integral» a las víctimas de la represión y sus familiares.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó el martes que «más de 8.000» personas han sido amnistiadas desde la promulgación de la ley en febrero, pero advirtió que personas que recibieron el beneficio «están planificando conflicto», sin dar detalles ni mencionar a alguien en concreto.
La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. EFE
