En una carta los parlamentarios acusados señalan que «han pretendido burlar la voluntad de millones de venezolanos al perseguir a más de una decena de diputados legítimamente electos»
Los 14 diputados venezolanos a los que la Justicia acusó este mes de traición a la patria y la rebelión afirmaron este martes 21 de mayo en una carta que las medidas en su contra son la continuidad de un golpe Estado y una forma de persecución política de la que responsabilizan al Gobierno de Nicolás Maduro.
«Han pretendido burlar la voluntad de millones de venezolanos al perseguir a más de una decena de diputados legítimamente electos», dice el escrito que firmaron además otros dos legisladores opositores que están presos por causas denunciadas desde el Ejecutivo.
La diputada Nora Bracho leyó este martes la misiva en una sesión del Parlamento, de contundente mayoría opositora, a la que no asistió ninguno de los señalados por estar refugiados en embajadas, exiliados, detenidos o en la clandestinidad.
«Lo que ha vivido este Parlamento en los últimos días es la continuación de un golpe de Estado al único poder legítimo de nuestro país», prosigue el texto en el que reiteran su apoyo al jefe del Legislativo, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.
Los diputados, procesados por respaldar un efímero levantamiento que lideró Guaidó el 30 de abril, reiteraron su apoyo a «todas las acciones que hemos emprendido para restituir el orden constitucional» y aseguraron que actúan apegados a la carta magna.
También ratificaron su compromiso con la ruta planteada por Guaidó que contempla sacar a Maduro del poder por considerar que usurpa la Presidencia.
A juicio de los diputados, además del apoyo de la sociedad venezolana y la comunidad internacional, cuentan con «unas fuerzas armadas cada vez más conscientes de que esto tiene que cambiar».
En las últimas semanas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, el levantamiento del fuero parlamentario a 14 diputados opositores, para juzgarles por su apoyo al levantamiento militar.
La ANC, no reconocida por numerosos países, aprobó la medida atribuyéndose competencias exclusivas del Parlamento y, para evitar ser capturados, algunos de los diputados solicitaron protección en las embajadas de Argentina, Italia y México; mientras que el resto se ocultó o salió del país.
Tres diputados están presos y, en total, al menos 30 están fuera del Parlamento por diversos procedimientos judiciales que empezaron a ser frecuentes desde que la oposición se hizo con la mayoría de los escaños en 2016.
