La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) actualizó este martes el balance de ciudadanos liberados en el marco del proceso anunciado por el gobierno encargado el pasado 8 de enero. Según el reporte de la coalición, la cifra de presos políticos excarcelados, que incluye tanto a ciudadanos venezolanos como extranjeros, ascendió a 758 personas hasta la tarde de este 31 de marzo.
A través de un mensaje difundido en la red social X, la PUD precisó que, desde su último informe, solo se han podido verificar 12 nuevas liberaciones. Ante este ritmo, la alianza opositora reiteró su exigencia de que los procedimientos sean “masivos, expeditos, públicos y transparentes”, enfatizando que el beneficio debe alcanzar a la totalidad de los detenidos por motivos de conciencia.
“Para la libertad de todos solo se necesita voluntad política. A más de un mes y medio de aprobada la amnistía, Venezuela clama unidad por la libertad inmediata de todos”, manifestó la coalición en su comunicado.
Por su parte, el sector oficial maneja datos globales que abarcan un espectro más amplio de beneficios procesales. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que supervisa la Ley de Amnistía, informó el pasado 26 de marzo que un total de 8.146 personas han recibido libertad plena.
En el desglose técnico de dicho informe, se detalló que del total de beneficiarios, 310 personas se encontraban detenidas estrictamente por motivos políticos, mientras que las 7.836 restantes estaban sujetas a diversas medidas cautelares antes de la promulgación de la norma en febrero.
En sintonía con estos avances, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad extender por 30 días adicionales el funcionamiento de la comisión especial encargada de hacer seguimiento a la ley. La propuesta fue presentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien argumentó la necesidad de profundizar el proceso de convivencia democrática.
“Propongo una prórroga de 30 días para que esta comisión siga funcionando con plenitud de los deberes y derechos establecidos en la Constitución […] para que continúe profundizando el proceso de convivencia democrática que ya hemos emprendido”, señaló Rodríguez durante la sesión ordinaria transmitida por VTV.
El parlamentario aclaró que la amnistía, que abarca hechos ocurridos en un periodo de 27 años (desde 1999), posee exclusiones estrictas. Reiteró que no se contemplan beneficios para involucrados en delitos de homicidio, narcotráfico o corrupción, subrayando que la norma fue diseñada para «corregir errores cometidos de parte y parte».
A pesar del flujo de liberaciones reportado por ambos sectores, persiste la demanda de mayor claridad informativa. Más de un mes después de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, las autoridades venezolanas aún no han hecho público el listado oficial de las personas beneficiadas.
Esta omisión ocurre pese a las gestiones realizadas por organismos internacionales, incluyendo solicitudes específicas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien ha insistido en la importancia de la publicidad de estos actos para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de los liberados.
