Tres décadas después no se conoce el número exacto de víctimas, subrayó ladirectora de Cofavic

Este miércoles 27 de febrero se cumplen 30 años del estallido social que pasó a la historia como El Caracazo. A juicio de la directora de Cofavic, Liliana Ortega, todavía hay una deuda pendiente con los familiares y con las víctimas, ya que ni siquiera hay una cifra oficial de caídos.

“Aún no hay una versión oficial creíble sobre la cual se pueda iniciar una investigación independiente y transparente acerca de esos acontecimientos. No hay nadie que haya sido condenado de manera firme, y tampoco están identificados los restos hallados en fosas comunes”, explicó la activista de derechos humanos.

“Se pueden leer los informes oficiales del gobierno o las tres declaraciones emitidas por la fiscalía de ese momento, y las cifras difieren. Ese sigue siendo un tema muy importante todavía”, aseguró.

Ortega recordó que en 1990 arribó al país un equipo de antropólogos forenses de Argentina, que lideró la exhumación de la fosa común ubicada en La Peste, en el Cementerio General del Sur. Allí localizaron 68 cuerpos cuyas identidades todavía siguen sin ser determinadas.

“También está el tema de la impunidad. Cifras oficiales ofrecidas por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o ante el examen periódico que hace el Consejo de Derechos Humanos, revelan que en nuestro país 98% de las víctimas en materia de derechos humanos no se sientan nunca ante un juez”, señaló.

Ortega lamenta que, debido a la impunidad, “nadie haya sido condenado por El Caracazo: No solo quienes dispararon o dieron las órdenes, sino quienes permitieron este grado de impunidad todo este tiempo. En América Latina es uno de los casos más largos de su tipo”.

En El Caracazo “se demostró que en Venezuela no hay manuales de orden público, para controlar manifestaciones salvaguardando, al mismo tiempo, los derechos humanos. Nuestro país debe adecuarse a los estándares universales establecidos”.

Para Ortega, en la actualidad persisten las acciones que atentan contra la integridad de los ciudadanos y no se ve, de parte de las autoridades, medidas que castiguen a quienes incurren en excesos y abusos.