Familiares de presos por ley de terrorismo denuncian injusticias y piden al Defensor del Pueblo crear una comisión para estudiar sus casos

Aseguran haber sido víctimas de extorsión. La ley se está aplicando, también, contra ciudadanos comunes, advirtió el defensor de derechos humanos Eduardo Torres. «Tengo una hermana en el centro de resguardo de El Valle. Son humildes campesinos, humildes productores a quienes les montaron el expediente los funcionarios corruptos», explicó Tibisay Ramírez, campesina

La lluvia no desanimó al grupo de familiares de presos por «terrorismo» que este martes acudieron a la Defensoría del Pueblo, en la sede de la avenida Urdaneta, para solicitar que se nombre una comisión especial que estudie sus casos. Aun cuando se esperaban copiosas precipitaciones por el huracán Beryl, el mayor huracán es el que ha causado en las familias el encarcelamiento de sus seres queridos.

El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres afirma que hay centenares de personas en esta situación y señala que son víctimas «del abuso crónico de la ley de terrorismo». Por eso, en una carta se solicita al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que se cree una comisión nacional que aborde estos casos. También se solicitan visitas a los centros de reclusión «para verificar el estado de salud física y mental de nuestros familiares».

Como lo expresaron este martes, los allegados de este grupo de presos esperan que se implementen «las medidas que devuelvan la libertad plena a nuestros familiares inocentes», como indulto o ley de amnistía.

La aplicación de la ley de terrorismo no es solo contra dirigentes políticos o defensores de derechos humanos, alertó Torres. Es «contra ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie que lamentablemente son estadísticas en la política del estado para incrementar el supuesto combate a la delincuencia». También hay presunta extorsión por parte de jueces y funcionarios policiales.

«Estamos detectando cientos de casos. Hay una perversión del sistema judicial, hay una perversión de muchas policías», alertó. «Los jueces de terrorismo no tienen base legal ni constitucional en Venezuela».

Tibisay Ramírez, una campesina de Zaraza (Guárico), instó al mandatario Nicolás Maduro a actuar. «Tengo una hermana en el centro de resguardo de El Valle. Son humildes campesinos, humildes productores a quienes les montaron el expediente los funcionarios corruptos», explicó Ramírez. «Pedimos que se inicie una investigación clara» y que se haga justicia. «Hay mucha gente inocente en esos centros de reclusión». Su hermana está presa desde 2022, acusada de terrorismo, «un delito sumamente grave».

Anamery González, madre de una de las víctimas, informó que su hijo, Ramón Miguel Cardozo, está recluido en la cárcel de Yare. «Lo sacaron de mi casa a las 10 de la noche», denunció. «Tiene un año y cuatro meses» preso.