Bajo la consigna de una «Venezuela sin sanciones y en paz», el Gobierno nacional y diversos sectores sociales iniciarán este domingo una movilización nacional de trece días. La jornada, convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca presionar por el cese definitivo de las medidas coercitivas internacionales en un contexto marcado por recientes acercamientos diplomáticos con Estados Unidos y la reconfiguración del panorama político tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.
La peregrinación, que recorrerá gran parte del territorio nacional, culminará el próximo 1 de mayo. Para esa fecha, la mandataria tiene previsto anunciar un aumento «responsable» del salario mínimo, el cual permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022. Esta promesa surge en medio de una creciente presión de gremios y sindicatos que exigen un sueldo acorde a la realidad económica, dado que el monto actual equivale a unos 27 centavos de dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Rutas y logística del despliegue
La movilización se organizará a través de tres rutas estratégicas que convergerán en la capital:
• Ruta Occidente: Partirá desde el estado Zulia y atravesará seis regiones del oeste.
• Ruta Andes-Llanos: Saldrá desde el estado Táchira, recorriendo siete estados andinos y llaneros.
• Ruta Sur-Oriente: Iniciará en Amazonas y pasará por ocho regiones del este del país.
El despliegue incluirá simbólicamente a la Guayana Esequiba y busca proyectar una imagen de unidad nacional. Durante una conferencia de prensa este sábado, las autoridades reiteraron que la invitación está abierta a todos los factores políticos y productivos, con el fin de que Venezuela pueda «respirar libremente» y recuperar su plena capacidad financiera.
Contexto diplomático y económico
Aunque Washington ha flexibilizado recientemente sanciones en sectores como hidrocarburos, minería y, más recientemente, el sistema bancario público, la presidenta Rodríguez ha insistido en que las licencias temporales no brindan la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo del país. En reuniones recientes con delegaciones estadounidenses, la mandataria ha pedido directamente a la administración de Donald Trump el levantamiento total de los bloqueos para permitir inversiones a largo plazo.
A pesar de que el alivio de sanciones ha permitido retomar relaciones con organismos como el FMI y firmar acuerdos energéticos con transnacionales, persisten restricciones estructurales. Fondos y bienes del Estado en el extranjero continúan bajo control externo, mientras que diversas sanciones individuales siguen vigentes. Con esta peregrinación de trece días, el Ejecutivo busca capitalizar el «clamor nacional» y fortalecer su posición negociadora ante la comunidad internacional en este abril de 2026.
