El canciller chileno expresó la preferencia de su país por las candidaturas de Costa Rica y Brasil

Este miércoles, el Gobierno de Chile exhortó a la comunidad internacional a impedir que Venezuela sea elegido este jueves como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El canciller chileno, Teodoro Ribera, consideró que la elección de la candidatura venezolana sería “un desprestigio para la ONU y para el mundo entero”, dadas las violaciones a los derechos humanos que, dijo el ministro, ha cometido el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“(Venezuela) es un país que ha sido sancionado públicamente por las violaciones a los derechos humanos”, señaló Ribera, quien recordó que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en julio pasado un informe en que el denunció, entre otros crímenes, más de 6.000 asesinatos cometidos presuntamente por fuerzas de seguridad venezolanas desde enero de 2018.

“Es realmente increíble, de una inconsciencia total, que un país con estas situaciones se postule a un órgano encargado de velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos”, insistió.

Por ello, Ribera dijo que la Cancillería chilena se ha “movilizado” para advertir de la situación a otros países e impedir “de una u otra manera” que Venezuela forme parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Nuestras embajadas a lo largo del mundo se han contactado con otras cancillerías para hacerles presente esa circunstancia y esperamos que nuestros esfuerzos, más los de otros países democráticos, traigan un buen resultado”, manifestó.

En ese sentido, Ribera expresó la preferencia de Chile por las candidaturas de Costa Rica y Brasil, los otros dos países que compiten en la votación por los dos escaños disponibles para la región de América Latina y el Caribe.

Los comicios del jueves servirán para renovar 14 de los 47 miembros que tiene el Consejo de Derechos Humanos.

Si finalmente Venezuela gana la votación, el canciller chileno consideró que sería un resultado que contribuiría al desprestigio de la ONU y que además restaría “relevancia y legitimidad” al Consejo de Derechos Humanos.