En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Observatorio de Violencia LGBTI denuncia la situación de desprotección estructural que enfrentan las personas trans en Venezuela, agravada por el incumplimiento sistemático de la legislación vigente y las omisiones del Estado en materia de derechos humanos.
16 años de una promesa incumplida: La Ley Orgánica de Registro Civil
En 2009, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Registro Civil, la cual establece en su artículo 146 la posibilidad de realizar cambios o rectificaciones en las actas del Registro Civil por vía administrativa cuando la persona interesada haya cambiado su identidad de género, previa presentación de informes médicos correspondientes.
Este artículo pudo ser la cristalización de un avance significativo para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Venezuela. Sin embargo, 16 años después de su promulgación, esta disposición jamás ha sido implementada.
El Estado venezolano nunca desarrolló el reglamento necesario para hacer operativo este artículo, ni estableció los protocolos administrativos correspondientes. Esta omisión deliberada ha dejado a las personas trans en un limbo jurídico, obligándolas a portar documentos de identidad que no reflejan quiénes son, con todas las consecuencias de discriminación, exclusión y violencia que esto conlleva.
Una deuda que se acumula: Omisiones sistemáticas
La falta de implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de negligencia estatal que incluye:
Vacío legislativo persistente. A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 21 el principio de no discriminación, no existe legislación específica que proteja a las personas trans contra crímenes de odio ni que sancione la discriminación por identidad de género.
Exclusión del sistema de salud. Las personas trans carecen de acceso a tratamientos de afirmación de género dentro del sistema público de salud. No existen protocolos de atención integral, y la crisis humanitaria ha profundizado las barreras para acceder a tratamientos hormonales y atención médica especializada.
Ausencia de datos oficiales. El Estado no recopila estadísticas sobre violencia, discriminación, acceso a empleo, educación o salud de la población trans, perpetuando su invisibilización en las políticas públicas.
Impunidad ante crímenes de odio. Los asesinatos y agresiones contra personas trans permanecen en su mayoría impunes, sin que el Estado realice investigaciones adecuadas ni reconozca el componente de odio en estos crímenes.
Recomendaciones internacionales ignoradas
Venezuela ha recibido múltiples recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Examen Periódico Universal (EPU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instando al Estado a adoptar legislación que reconozca la identidad de género, implementar medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, investigar y sancionar los crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ y garantizar el acceso a servicios de salud integrales.
Estas recomendaciones han sido sistemáticamente desatendidas por el Estado venezolano.
El costo humano de la negligencia
La falta de reconocimiento legal de la identidad de género tiene consecuencias concretas y devastadoras en la vida cotidiana de las personas trans: exclusión laboral, deserción escolar forzada, negación de servicios de salud, imposibilidad de abrir cuentas bancarias, dificultades para acceder a la vivienda y exposición constante a situaciones de violencia y humillación.
El Día de la Visibilidad Trans representa una oportunidad para visibilizar esta realidad y exigir que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
