En el contexto de la discusión de la ley de amnistía, la organización de derechos humanos Cofavic recomendó derogar las leyes que han sido usadas «como instrumentos para la persecución de personas de la sociedad civil», como la ley para fiscalización de las ONG, la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar.
Cofavic, con una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos luego del Caracazo (1989), propuso mencionar la obligación del Estado de crear un mecanismo para la revisión y evaluación «de diferentes tipos de reparación y garantías de no repetición para las víctimas y la sociedad».
Igualmente sugirió «declarar el sobreseimiento de todas las causas penales que afecten a las personas detenidas arbitrariamente», así como la restitución de sus derechos constitucionales.
