Con acusaciones como «bufete particular de los grupos golpistas y terroristas» el gobierno venezolano suspendió este jueves las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el comunicado oficial el gobierno afirma que cumple un «impropio papel» y mantiene una «postura claramente sesgada y parcializada, provocando impunidad». La acusa de dirigir ataques contra el gobierno, de «falsear hechos» y «agredir la soberanía» y de emplear «mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones».
