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domingo, 27 noviembre, 2022

Costa Rica debe tomar acciones judiciales contra toma de la embajada de Venezuela, señala internacionalista

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“El gobierno costarricense en ningún momento garantizó medidas de seguridad para la inviolabilidad de la sede diplomática y de las personas que ahí laboran”, dijo Juan Sanabria

Para el internacionalista, Juan Sanabria, el gobierno costarricense debe tomar acciones judiciales y penales contra las personas que irrumpieron abruptamente en la sede de la embajada de Venezuela en Costa Rica, ocurrido el pasado miércoles.

Considera que “si este hecho no es denunciado de manera correcta, si los Estados no toman las acciones pertinentes, puede proliferar, y eso es muy peligroso porque se estarían saltando todo el derecho internacional”.

El miércoles, María Faría, la representante diplomática designada en Costa Rica por el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente del país, Juan Guaidó- asumió el control de la sede administrativa de la Embajada de Venezuela en San José, capital de Costa Rica.

La misma Faría, fue quien dio a conocer el hecho a través de una publicación en su cuenta Twitter.

Para Sanabria, “lo que pasó en Costa Rica puede ser el inicio de una ofensiva, el inicio de nuevas acciones parecidas que puedan venir”.

A su juicio, el reclamo de la Cancillería costarricense a la nueva funcionaria diplomática no es suficiente

El jueves, el canciller de Costa Rica, Manuel Ventura, entregó a Faría una nota diplomática en la que expresa su enérgico rechazo por el procedimiento mediante el cual se produjo el ingreso a la sede de la embajada de Venezuela.

Desde que Nicolás Maduro asumió su segundo periodo de Gobierno, el pasado 10 de enero, Costa Rica lo desconoce como presidente, debido a que considera que ocurrió una ruptura del orden constitucional al no haber elecciones libres y transparentes. En consecuencia, el pasado 15 de febrero, dio plazo de 60 días a los funcionarios de la embajada para abandonar el país.

Este plazo también fue irrespetado por Faría, por lo que –dice Sanabria, “ahí no puede haber impunidad. De haber impunidad estamos en presencia de un gobierno que irrespeta el derecho internacional y que irrespeta su propio marco jurídico”.

Para Sanabria, “las personas que incurrieron en ese hecho vandálico deben responder de acuerdo al ordenamiento jurídico que establece Costa Rica como Estado».

“El gobierno de Costa Rica debe revertir esa situación, y no solamente como ya ocurrió con la Cancillería. Debe tomar acciones”, precisó.

Opina que «si Costa Rica deja que ese hecho quede impune, queda develado que está plegada al golpe de Estado, o peor aún, a un plan de intervención militar a Venezuela».

El viernes, luego de reunirse con el canciller Ventura, Faría ofreció disculpas al presidente Carlos Alvarado, a las autoridades, y al pueblo de Costa Rica por lo ocurrido, abandonó la sede diplomática y entregó las llaves de las instalaciones.

El también especialista en Política Exterior, cuestionó el hecho de que “el gobierno costarricense en ningún momento garantizó medidas de seguridad para la inviolabilidad de la sede diplomática y de las personas que ahí laboran”.

Al respecto, refirió que el artículo 22 de la Convención de Viena, establece que el Estado receptor, en todo momento debe garantizar, la inviolabilidad de dichas sedes diplomáticas y que se respeten sus respectivas inmunidades diplomáticas al personal que ahí labora.

“Eso no fue lo que ocurrió en Costa Rica”, destacó Sanabria.

Al comparar la toma de la sede diplomática con lo ocurrido en la Embajada de Cuba, en Caracas, el 12 de abril del año 2002, cuando decenas de personas adversas a Hugo Chávez atacaron las instalaciones, Sanabria explicó que no es la misma situación. “En 2002 ocurrió un asedio a la Embajada de Cuba. En este caso lo que hay es una intromisión como lo haría cualquier ladrón, cualquier malandro”.

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