El comisionado Francisco José Eguiguren señaló que la detención de Guaidó supondría “un paso siguiente en la represión política” y pondría en evidencia que el Estado está usando su poder punitivo para perseguir judicialmente a disidentes políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró este miércoles 27 de febrero que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta a una “prueba de fuego” ante el regreso del líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como jefe de Estado por más de medio centenar de naciones.

“Sin duda hay preocupación, yo creo que va a ser una prueba de fuego porque el Gobierno ha anunciado que podría o habrían promovido acciones judiciales contra Guaidó”, dijo a Efe el comisionado Francisco José Eguiguren, relator de Venezuela en el organismo interamericano.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha prohibido salir del país a Guaidó, quien se trasladó a Colombia el 22 de febrero y tiene previsto regresar esta semana.

En opinión de Eguiguren, la detención de Guaidó supondría “un paso siguiente en la represión política” y pondría en evidencia que el Estado está usando su poder punitivo para perseguir judicialmente a disidentes políticos, una preocupación que ha expresado anteriormente el organismo.

No obstante, el diplomático consideró que todo dependerá de si las amenazas se concretan o se quedan en una “declaración política”.

Eguiguren afirmó que el arresto de Guaidó sería una “opción políticamente más grave” para Maduro, pero advirtió de que el Estado venezolano también estaría violando los derechos del líder opositor si no le deja regresar a su nación.

“Se supone que todo nacional tiene el derecho de ingresar a su país cuando lo desee sin necesidad de ningún tipo de autorización. Ósea sería un acto manifiestamente arbitrario, violatorio de su derecho a la libertad de circulación, de tránsito y de residencia”, argumentó.

La CIDH, órgano dedicado a velar por los derechos humanos en el continente americano, pidió el 25 de enero al Estado venezolano que proteja la vida de Guaidó y su familia y le concedió medidas cautelares, un instrumento que sirve para proteger a sus solicitantes ante el riesgo de que sufran un daño irreparable.

Al otorgarle esa protección, la CIDH afirmó que “los derechos a la vida e integridad” de Guaidó “se encuentran en una situación de riesgo” que podría verse “exacerbada” por “la agudización de la crisis política en el Estado de Venezuela”.