Amnistía Internacional (AI) señaló que los «crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes» continuaron cometiéndose durante 2025 en Venezuela, según su informe anual sobre la situación de los derechos humanos.
«La represión generalizada ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», denunció la ONG en el informe, que describió la situación del país suramericano durante el año pasado.
AI apuntó que las autoridades venezolanas usaron el aparato estatal y «grupos de civiles armados» para «reprimir, silenciar y castigar» a la oposición y también a periodistas y defensores de derechos humanos.
En este sentido, subrayó que durante ese año se registraron «nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos», aunque reconoció que ocurrieron en menor número que en 2024, a la par que destacó la excarcelación -verificada por la ONG Foro Penal- de 116 detenidos en 2025.
El informe alertó que durante el año pasado persistió la impunidad «prácticamente total por violaciones de los derechos humanos», así como las denuncias por desaparición forzada de «numerosas personas» detenidas en 2024 y 2025.
La organización también documentó violaciones a la libertad de expresión y de asociación, incluyendo las detenciones de activistas y defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, cuyos arrestos ocurrieron en los últimos cinco años y quienes fueron excarcelados este año, 2026.
El texto señaló la «falta de avances» en los derechos de la población LGBTIQ+, en los derechos sexuales y reproductivos, así como la «falta de garantía y respeto» de los derechos de las poblaciones indígenas.
Además, subrayó las alertas de la prensa sobre los efectos de la minería ilegal y la «devastación ambiental», así como la carencia de «datos confiables» sobre este sector.
AI recordó que en «julio (2025), 252 hombres venezolanos fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. Todos ellos llevaban más de tres meses en situación de desaparición forzada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en ese país, donde habían sido trasladados desde Estados Unidos».
De igual forma, apuntó que al menos 110 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en los ataques del Gobierno estadounidense contra embarcaciones que «supuestamente trasladaban drogas desde Latinoamérica hacia ese país».
