La guerra en Oriente Medio podría poner «en grave peligro» el suministro de agua en los países del Golfo si las desaladoras o sus alrededores se convierten en «objetivos estratégicos» del conflicto, afirma la directora adjunta del Centro para la Estrategia y la Seguridad de Atlantic Council, Ginger Matchett.
Los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) sufren una escasez hídrica «extrema», según el Banco Mundial, por lo que su dependencia del agua desalada «es crítica», según explica la investigadora del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Sofía Tirado Sarti.
Aunque un protocolo adicional del Convenio de Ginebra prohíbe atacar las atacar las plantas de desalación, «ni Irán, ni Estados Unidos, ni Israel» lo han suscrito, según advierte Tirado.
Las desaladoras del CCG se «concentran principalmente a lo largo de la costa», indica el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), lo que las convierte en infraestructuras «muy vulnerables estratégicamente», apunta Tirado.
«Pueden acceder a ellas por vía aérea y también por el mar», por lo que su protección depende de «los sistemas antiaéreos que tengan los países en los que estén», añade la investigadora de Elcano.
En la costa también se ubican infraestructuras petroleras y gasísticas, lo que hace, según Matchett, que se trate de una ubicación «bastante peligrosa», ya que los sistema de defensa podrían «desviar los restos de los misiles» interceptados hacia las desaladoras y sus sistemas de distribución, pese a no tratarse de objetivos militares.
La cercanía a las centrales energéticas se explica por su alto consumo de energía y, de hecho, «tres cuartas partes de la plantas [de desalación] del CCG están conectadas a la red eléctrica, según expone Matchett.
«No puedes producir agua sin energía”, declara Tirado desde Elcano, «y muchas veces no puedes producir energía sin agua».
Así, «reducir el consumo de agua podría provocar también un corte en el suministro eléctrico», indica la experta de Atlantic Council, que agrega que esta interdependencia va más allá.
«Existe una paradoja entre el petróleo y el agua», dice Matchett, que precisa: la extracción de petróleo «provoca el agotamiento de las fuentes naturales de agua», lo que genera una «necesidad» de desaladoras.
A su vez, esas plantas «necesitan petróleo para funcionar», provocando «una demanda aún mayor de petróleo» y creando un «nexo cíclico» entre ambos recursos.
Muestra de esta interdependencia, subraya la investigadora de Elcano, es que en la actualidad «aproximadamente el 75 % de la producción del agua desalada viene de energía fósil, de petróleo y gas natura». Por ello, un ataque «deliberado» contra las desaladoras supondría «una nueva fase» en la guerra de Oriente Medio que acarrearía «graves consecuencias» para el CCG, según Matchett.
El agua desalada representó en 2025 más del 50 % del agua potable en la región, con una dependencia que iba desde el 42 % de Emiratos Árabes hasta el 86 % de Omán o el 90 % de Kuwait y Baréin, según los datos de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
De hecho, las reservas de emergencia «solo durarían entre 16 y 45 días» en Arabia Saudí y Emiratos Árabes, pero mucho menos es Catar y Kuwait, ya que estos países cuentan con una capacidad de respuesta mucho más limitada, según detalla la investigadora de Atlantic Council.
Aunque Tirado apunta que no es «tan fácil» dejarlas inoperativas gracias a sus planes de contingencia y múltiples estaciones «de refuerzo», coincide con Matchett en que atacar desaladoras «sería una línea roja» para el CCG, que podría plantarse ante Estados Unidos e Israel por su dependencia de estas instalaciones.
Un informe de la CIA advertía ya en los años 80 que los daños a la desalación tendrían «consecuencias más graves» que la pérdida de cualquier otro sector en la región. «Esto fue hace 40 años y la situación ahora mismo no es muy diferente», concluye Tirado.
