Por iniciativa de la profesora Verónica Zubillaga, socióloga e investigadora de la violencia, Contrapunto.com recoge -en una serie de conversaciones- la opinión de integrantes de la Red de Activismo de Investigación por la Convivencia (Reacin) acerca del manejo de la pandemia que han hecho las autoridades venezolanas. La semana pasada comenzamos con Keymer Ávila y este sábado 18 de julio es la propia Zubillaga quien toma la palabra. «La gestión de la pandemia por parte del Estado venezolano es la cuarentena social reforzada por agentes policiales, militares y actores armados paraestatales», señala
La militarización de la sociedad venezolana no es un fenómeno nuevo pero, como un paciente que se agrava, cada vez es peor. La socióloga Verónica Zubillaga advierte sobre este fenómeno y cómo es la lógica militar y policial la que prevalece en el gobierno de Nicolás Maduro, para la gestión de la COVID-19.
«Llama mucho la atención la poca visibilidad del ministro de Salud actual en contraposición con el ministro de Interior y Justicia», expone Zubillaga en respuesta a un cuestionario para contrapunto.com
-¿Maduro ha tenido una gestión militarizada de la crisis de COVID-19?
-La gestión militarizada de la pandemia se despliega en el marco de una militarización progresiva de la sociedad, que se ha hecho más acentuada en el período post-Chávez, a partir del año 2014. Es un año de colapso de los precios del petróleo, de mucho descontento social que produce en el gobierno una inflación de las necesidades de control interno. Posteriormente, la expresión más acabada de esta militarización constituye en el año 2015, el Operativo de Liberación del Pueblo OLP que arrecia en los sectores populares. Si pensamos la sociedad venezolana como una sinfonía, el motivo recurrente es el marcial. Se escuchan cíclicamente tonos y sobre todo, cantos y discursos de guerra. Se experimenta una atmósfera de sofocante hostilidad, de exceso de presencia policial y de ostentación de armas. En este contexto ha habido un declive de las grandes misiones de ayudas sociales y un auge de operativos y cuerpos militarizados. Por ejemplo, la decadencia de los programas culturales exitosos de la Revolución Bolivariana, como el Sistema de Orquestas y la expansión de cuerpos represivos con patrones de actuación que revelan el uso excesivo de la fuerza letal, cuyo paroxismo lo representa las Fuerzas Especiales de la Policía FAES. Denunciadas de hecho por la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y celebradas por algunas figuras gubernamentales.
En este contexto, añade, «la imagen hegemónica de la gestión de la pandemia por parte del Estado es la cuarentena social reforzada por agentes policiales, militares y actores armados paraestatales. Es decir, es la imposición del Estado policial, no la expansión del Estado Social. Un discurso prevaleciente es el de mantener el ‘orden interno’ amenazado por la penetración del venezolano migrante que regresa».
Zubillaga asevera: «En este estado de amenaza, los venezolanos que regresan han sido degradados a ‘nuevos extranjeros’ o ‘renegados’ en el sentido más básico: aquel que no pertenece; desprovisto de ciudadanía y en consecuencia de los derechos más básicos. Por ejemplo, fueron tan lamentables las expresiones del Fiscal General de la República, aludiendo, y cito textualmente ‘al karma o la rueda del tiempo’ para referir las acciones desesperadas de la gente que regresa».
En este sentido «también es conocido que a la gente que regresa se le mantiene en albergues vigilados por policías y militares, y se le amenaza y criminaliza. Las condiciones en los albergues son tan deplorables que la gente prefiere escaparse, y frente a ello, en lugar de preguntarse por qué la gente huye, son criminalizados».
Cuestiona que, «en lugar de mejorar las condiciones de atención en los albergues o de los CDI (Centros de Diagnóstico Integral), se conforman cuerpos especiales de la policía para perseguir y ‘captar’ a la gente, como específicamente anunció el gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto. Este mismo advertía en una declaración pública que ‘no nos tengan miedo’, que había que temerle al coronavirus y no temerle ‘a la asistencia y la atención del gobierno bolivariano’. Pero, justamente, cómo el Gobernador no se pregunta, ¿por qué la gente le tiene miedo a esa asistencia? ¿por qué la gente necesitada prefiere huir, en lugar de sentirse amparado y cuidado? Precisamente, los Estados policiales generan climas de miedo y opresión».
-Cuando habla de desmilitarizar la gestión de la pandemia, ¿a qué se refiere?
-Por la gravedad de la situación y por tratarse de un problema de salud, uno esperaría y clama por la predominancia un Estado Social con políticas adaptadas que permitan a la población mantenerse en cuarentena. Es irreal exigir disciplina o que la gente se mantenga en sus casas cuando hay hambre, cuando se debe salir a procurarse una entrada mínima para comer. Ciertamente llegan las cajas CLAP, pero una caja mensual para una familia no es suficiente para responder las necesidades alimenticias de la gente. Ayuda, pero no resuelve. Cuando hablamos de medidas sociales referimos, por ejemplo, un ingreso mínimo que posibilite realmente a la gente mantenerse en resguardo en sus hogares. Es precisamente este tipo de medidas lo que solicitamos desde varios documentos, manifiestos y peticiones, una sociedad civil heterogénea desde el punto de vista cultural, social y político. Clamamos por un acuerdo humanitario que posibilite responder al intenso desafío que representa la pandemia y así abrir la vía para la entrada de recursos internacionales. Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica, el colapso económico por el declive de la industria petrolera y también, el impacto de las sanciones en las capacidades del Estado para responder ante la pandemia, aparecen otras opciones que posibilitarían adecuar la infraestructura hospitalaria, ensamblajes de producción y distribución de alimentos y medicinas, agua y mascarillas para proteger a la población.
Recuerda que han ingresado algunas ayudas internacionales «pero no en la magnitud necesaria. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es un opción importante por las capacidades logísticas y la escala de la ayuda. Este programa contribuiría a aliviar de manera fundamental el estado de necesidad de la gente. Necesitamos que se entienda que no es falta de disciplina la razón por la cual la gente necesitada no puede cumplir el confinamiento, sino la urgencia. Estamos en una situación que se ha denominado como ‘emergencia humanitaria compleja’: Es fundamental autorizar y recibir esa ayuda, además para proteger al personal de salud que anda día a día en la lidia contra la pandemia. Ese es el verdadero espacio de lidia contra la enfermedad: el ámbito sanitario y el ámbito de cuidado interpersonal».
-¿Funciona la coerción contra el virus? ¿Se usa la coerción contra el virus o en Venezuela hay otras razones para esa coerción?
-Con respecto a la población y a la transmisión del virus desde el punto de vista social, otro ámbito fundamental es el de la pedagogía sanitaria y la cooperación. Es decir, además de proveer las condiciones para que la gente pueda cumplir la cuarentena, es necesario que aprendamos y estemos conscientes de la necesidad de cambiar nuestros hábitos y estilo de vida. Y eso se hace con pedagogía social, no con vigilancia policial. Lo digo porque el Ministro de Interior y Justicia afirmaba en su cuenta en Instagram el 8 de junio que se desplegaron en todo “el territorio nacional más de un millón 100 mil hombres y mujeres de la Fuerzas Armadas Bolivariana y de los órganos de seguridad ciudadana, para garantizar el cumplimiento de los 7 días de cuarentena radical…”. Pero obviamente no se puede tener a la gente permanentemente vigilada. Necesitamos la cantidad y más, que decía el Ministro, de médicas y médicos, profesionales de la salud, la cooperación de todos los sectores sociales así como de mensajes para aprender e incorporar en nuestros hábitos las recomendaciones básicas para protegernos del virus. Aunque las posibilidades de acuerdos y negociaciones se han ido cerrando, la pandemia sigue siendo una oportunidad y un horizonte que clama por la necesidad de acuerdos políticos para estar a la altura de la situación.
-El confinamiento, según su análisis, ¿obedece en este momento a razones sanitarias o a políticas y de «seguridad de Estado»?
-En un contexto de tanta inestabilidad política, social y económica como el venezolano, y pasando una coyuntura tan volátil como fue la escasez de gasolina, es fácil advertir que la pandemia y la justificación de contención desmesurada se ajustaba perfectamente a una situación que podía ser explosiva. Se trata de una confluencia de eventos que favoreció en gran medida el control de la gran conflictividad social que podía desatar la escasez de gasolina y el posterior aumento exponencial de su precio. El desasosiego y el miedo ocasionado por la escasez de gasolina, el caos y la usura que padecimos por el mercado negro del combustible, así como el exceso de presencia policial oficialmente justificada como necesidad de contener la pandemia –dicho de otra manera, la ostentación policial que podemos leer en clave simbólica de intimidación— en efecto contribuyeron a que se llevara a cabo el aumento más impresionante de gasolina de la historia contemporánea –siempre con el espectro del Caracazo rondando— y que se tuviera a una población docilitada, desesperada por tener una mínima regulación. Así que nos pasaron ese aumento exponencial sin mucho costo social ni político, pues ya estábamos al borde del agobio de tanta desregulación y del afán de lucro salvaje típico del mercado negro.
Para Zubillaga, «otro ámbito de mucha atención es el rol de los actores armados paraestales en el control de la cuarentena. Estos actores forman parte del engranaje de un Estado Policial y el clima de temor asociado al que se tiene sometida a la población. Tenemos testimonios sobre prácticas en extremo arbitrarias de estos grupos en su comunidades que amedrentan con armas a la gente, como en la Parroquia del 23 de Enero. Eventos donde se tienen heridos y muertos en la calle teniendo como justificación no respetar la cuarentena. Por ejemplo, el evento del 21 de marzo, en el que fueron heridos vecinos que estaban jugando dominó en espacios públicos, que de hecho fue reportado en la prensa, ya también nos lo fue relatado por una vecina que los conocía».
También, agrega, «tenemos los relatos sobre castigos aleccionadores y públicos a los jóvenes de la comunidad obligándoles, a punta de armas, a trotar o a lavar baños por no respetar el confinamiento».
Esto «implica pues la existencia de soberanías territoriales de los grupos armados o de estos en asociación con cuerpos de la fuerzas del orden, que actúan a la manera de los poderes más arbitrarios o premodernos, arrogándose la facultad de decidir sobre la vida y la muerte de la población. Se trata pues, como hemos dicho en otros espacios, de prácticas de muerte, no de garantía de derechos y de preservación de la vida, como se debe desenvolver una campaña sanitaria para proteger y salvar vidas».
«El clima de temor en el que se vive me lo comentaba una mujer que conocía a los vecinos heridos y muertos en el evento de marzo, Ella hablaba de la presencia de los hombres vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas. Precisamente contaba: ‘Nosotros les tenemos mucho miedo, uno se queda metido en su casa; son gente muy violenta’. La pandemia también ha servido para que estos grupos ostenten su poder armado y se erijan como actores protagónicos en la gobernanza local. El miedo es una intensa emoción social típica en contextos de Estados policiales y opresivos».
-Usted habla de la campaña de Gabaldón contra la malaria… pero esa campaña también tuvo apoyo de fuerzas de seguridad. Visto así: ¿El problema es el uso de fuerzas de seguridad, o el problema son las políticas que están detrás?
-La campaña contra la malaria, en contraste con esta coyuntura del Covid-19, es que desde el Estado existía un compromiso con el saber científico como forma de aproximación y control de la epidemia que se evidenció en la erradicación de la enfermedad para los años sesenta. Los voceros, las figuras salientes y quienes dirigieron la campaña fueron médicos epidemiólogos muy especializados. No es un militar el que dirige la campaña –de paso, que llama mucho la atención la poca visibilidad del ministro de Salud actual en contraposición con el ministro de Interior y Justicia—; es un científico, médico sanitarista e investigador, como lo era el doctor Arnoldo Gabaldón.
Rememora que «los hombres y mujeres que formaron las cuadrillas de Malariología que se desplegaron por todo el país y rociaron las viviendas con el DDT, no fueron soldados, sino civiles preparados que pasaron casa por casa, en todo el territorio nacional, además instruyendo a la población. Eran enfermeras quienes visitaban las comunidades para suministrar las medicinas, no actores armados estatales o paraestatales. Claro, se hablaba jocosamente del ‘ejército de Gabaldón’ pues Gabaldón era muy estricto, y durante la campaña, que fue muy ardua, los rociadores de DDT y miembros de las cuadrillas mostraron una disciplina rigurosa típica de los ejércitos. Pero era una legión de civiles».
Por contraste, «un miembro de un grupo armado paraestatal o un policía – en el marco de un Estado policial-punitivo— , como agentes protagónicos de la campaña sanitaria, presume que la gente que no respeta la cuarentena es ignorante, no tiene conciencia; se interpreta como delito y merece ser delatada y castigada, o incluso, como en el caso que mencioné, herida o asesinada como estrategia aleccionadora».
Esto constituye sin duda «una contradicción trágica y perversa: amedrentar, amenazar, o quitar vida con la excusa de proteger las vidas frente a la pandemia. Esto no lo merecemos en este país, esa es una de las tantas razones de la migración de venezolanos. Y sabemos que la gente comprende, pero tiene que tener las condiciones realistas para poder obedecer el confinamiento. Que los funcionarios no tengan conciencia de esto, nos revela una vez más el tipo de relación que se nos impone desde el Estado –el miedo, la sujeción—. Por el contrario, forma parte de ‘la razón de ser’ de los gobernantes en contextos democráticos, tener empatía hacia su gente, estar familiarizado con las condiciones de vida y comprender las necesidades de la población para que las políticas puedan llevarse a cabo y tengan repercusión e incidencia».
Zubillaga enfatiza que «la vida de los venezolanos está en juego. Necesitamos con urgencia la recuperación de la Política como capacidad de construir acuerdos y elaborar políticas públicas para el bienestar, así como la cooperación como estrategia para implementarlas. Para ello, es necesario abrir espacios para la reconciliación. Necesitamos la predominancia de un Estado Social en sintonía con las necesidades y urgencias de la gente».