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miércoles, 07 diciembre, 2022

Richard Casanova: Volvemos a proponer una auditoría conjunta de la Gran Misión Vivienda Venezuela

Texto, fotos y videos: Vanessa Davies

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Se trata de «ubicar geográficamente cada unidad, evaluar la disposición de servicios para cada desarrollo, evaluar la calidad de la construcción», detalla el directivo nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Las cifras del gobierno «son irracionales, decir que hay 4,2 millones de viviendas es un disparate», afirma

Las cuentas no le cuadran a Richard Casanova, dirigente de Primero Justicia y directivo nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV). No son unas cuentas cualquiera, por cierto; son las de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Casanova, en conversación con contrapunto.com, reiteró un planteamiento que el CIV ha formulado al gobierno con anterioridad: realizar una auditoría conjunta de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Las cifras del gobierno «son irracionales, decir que hay 4,2 millones de viviendas es un disparate», afirma. Según otros análisis «en 2017 se entregaron 24 unidades, y en 2018 no se construyó ninguna en Caracas. Al gobierno hay que decirle que sus cifras son un disparate, nadie puede creer eso. En este momento deberíamos exigir responsabilidad, y en esa línea apunta la propuesta de una auditoría conjunta que nos ubique en el plano real y nos permita diseñar un plan de vivienda que se corresponda con las necesidades, expectativas y demandas de la población».

-¿Por qué auditar la Gran Misión Vivienda Venezuela?

-El gobierno ha venido en una mentira sistemática, manipulando las necesidades fundamentales de los venezolanos, y el tema de la vivienda se convirtió en un programa bandera del gobierno. En otro momento fue Barrio Adentro, que luego lo abandonaron y asumieron la Gran Misión Vivienda Venezuela como su programa bandera. Lo hicieron en 2011. Cuando llega Chávez al poder el déficit habitacional era de 900 mil unidades en todo el país. Luego del ejercicio fracasado, como el programa Avispa y una cantidad de cosas cargadas de militarismo, el déficit se colocó -para 2010- en 2,2 millones de unidades según cifras del Colegio de Ingenieros de Venezuela. La gestión del gobierno fue llevar el déficit de 900 mil a 2,2 millones. El tema de la vivienda se convirtió en un tema serio para la sociedad. En el Colegio de Ingenieros apostamos por el éxito de estos programas, estamos obligados por ley a ser asesores del Estado, somos garantes del interés colectivo en las áreas de nuestra competencia. Pero eso arrancó muy mal, y al poco tiempo se puso en evidencia que estaban maquillando cifras y manipulando; que estábamos frente a una operación de manipulación para engañar a la sociedad, para burlarse de las necesidades del pueblo humilde. Las primeras cifras fueron irresponsables, no se correspondían con la realidad.

-¿Solo propaganda?

-Es una operación política y de propaganda. Y está mal planteada. Hasta en la China comunista las viviendas se construyen de manera masiva por el sector privado. Si quieres resolver el problema de vivienda tienes que convertir la vivienda popular en un negocio para los promotores del sector privado, como era antes.

-¿Por qué había un déficit tan elevado en 1999?

-Seguramente se cometieron errores. Ese problema venía del periodo de democracia. También se cometió el error de convertir al Estado en una constructora. Hubo experiencias como las viviendas de la Fundación Mendoza en Barcelona. En Caracas hay desarrollos del sector privado.

-¿Por qué se acumuló?

-No se abrió completamente el mercado al sector privado. Se hizo un esfuerzo por construir un sistema con el sector privado incorporado, pero se mantuvo el esquema populista en el cual el Estado se convirtió en constructor de viviendas. Creo que pudo haberse reducido, y no aumentarlo en el periodo de Chávez.

-¿Por qué el déficit sube con Chávez?

-Se asumió como un problema político y no social desde el principio, y hubo señalamientos de corrupción por parte de militares. La corrupción invadió el sector vivienda, y lo que hoy tenemos es la prueba más patente de que la corrupción terminó imponiéndose. La cifra de 4,2 millones de viviendas es un disparate, pero alguien las cobró.

-¿Y con Maduro?

-Se mantuvo el mismo esquema. Nuestro objetivo debe ser desmontar esa falsa matriz de opinión según la cual el gobierno ha construido 4,2 millones de viviendas. Un argumento demográfico: si asumimos la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística de que en promedio hay cinco habitantes por unidad, usted debería tener 21 millones de venezolanos viviendo en casas de la GMVV. En un país de 28 a 30 millones eso significa dos tercios de la población. Dos de cada tres personas deberían vivir en una casa de la GMVV. Con la diáspora hay 7 millones de venezolanos fuera del país. De haber construido 4,2 millones no habría ranchos, porque todo el mundo tendría un apartamento. Un argumento espacial: en 2018 el gobierno anunció la construcción de 2,6 millones de unidades, y eso significaba que en Caracas se habrían construido 134.633 viviendas. Un estudio de la arquitecta Silvia Soonets, integrante del Colegio de Ingenieros y profesora de la Universidad Simón Bolívar, abarcó en 2018 los municipios Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo. Y en esos cinco municipios la GMVV había construido estas viviendas. Se hizo una auditoría de campo que arrojó que realmente habían construido 35.802 viviendas. Es decir, 26% de lo que dijeron que habían construido. Este es un dato duro: fue una auditoría realizada con participación de distintos sectores que aportaban información. Se hicieron recorridos, se levantó información periodística, y esa auditoría en Caracas arrojó ese resultado.

-¿Esa es la realidad nacional?

-La nacional es peor, porque en Caracas se hizo el mayor esfuerzo con la GMVV. Como era un programa político se quiso un efecto vitrina, y se construyeron viviendas en sitios visibles para hacer creer al país que había un esfuerzo serio. Ese 26% ejecutado es mucho menor en el interior de la república. Otro argumento: ¿Dónde puedes meter 135 mil viviendas si Cariucuao, que ocupa 25 kilómetros cuadrados, tiene nada más 20 mil viviendas? ¿O el 23 de Enero, que tiene 10 mil unidades? Es imposible que el gobierno diga que construyó 134 mil en Caracas, porque eso sería inocultable. Sí construyeron, hicieron un esfuerzo en Caracas pero está muy lejos de las cifras que ellos dicen.

-El gobierno repite la cifra. ¿En qué se fundamenta?

-La auditoría en Caracas arrojó que en el campamento de pioneros 23 de Enero hay cero viviendas entregadas, aunque aparece como un desarrollo ejecutado. Había desarrollos habitacionales construidos por el sector privado, y fueron expropiados. Esas expropiaciones las incluyeron como si el Estado las hubiese construido. Las invasiones, con el programa Barrio Nuevo, las incluyeron como viviendas construidas. Tenemos la certeza de que hay unidades de viviendas cobradas y no construidas. El desarrollo más grande es el de Fuerte Tiuna, con un consorcio chino, y sobre ese caso hay distintas cifras. Hay 7.680 unidades, fue parte de la auditoría. Fue construido en la zona protectora del área metropolitana, violando normativas ambientales y generando un problema serio de transporte. En Caracas el más grande de los desarrollos es el del Puente de Los Leones, que tiene 1.085 unidades de vivienda y carece de estacionamiento. El problema de la vivienda no es solo el techo; es resolver los problemas de infraestructura y de servicios que supone vivir en los estándares adecuados de calidad. Caricuao y 23 de Enero tienen estacionamiento, parques, espacios para escuelas y ambulatorios, y en esos casos se tomó la previsión de servicios. En la GMVV la mayoría carece de los servicios correspondientes.

La propuesta que reitera Richard Casanova, con el respaldo del Colegio de Ingenieros, es que el gobierno ponga los técnicos de la GMVV y la información de manera transparente, que el CIV designe un equipo profesional y que de manera conjunta se haga una auditoría para ubicar cada una de las 4,2 millones de viviendas. «Como es evidente que no las construyeron, va a quedar una cantidad de viviendas que estarán en un limbo, y les corresponderá a las autoridades competentes investigar qué pasó con los recursos y quién las cobró. La propuesta se hizo en 2018 y la estamos ratificando».

-¿Qué implica auditar?

-Ubicar geográficamente cada unidad, evaluar la disposición de servicios para cada desarrollo, evaluar la calidad de la construcción. El estudio hecho en Caracas concluyó que hay 12 desarrollos con problemas de calidad constructiva; esto es 10% de los desarrollos. Es casi 30% de las unidades de viviendas. En Ciudad Tiuna y en Ciudad Caribia ha habido edificios con serios problemas, incluso no se les dio habitabilidad por problemas estructurales. Se evidencian problemas como grietas. Puede ser mal diseño de estructura, mala calidad de los materiales, una combinación de cosas. Como son programas con una carga política alta la inspección por parte de profesionales de la ingeniería a veces no existe.

-¿Tiempo para la auditoría?

-Depende de la metodología que se asuma, y del alcance. Por ejemplo, el estudio en Caracas se hizo en seis meses. Puede haber equipos trabajando paralelamente; depende de los recursos y de la disposición del gobierno a poner los datos sobre la mesa.

-¿Qué hacer con los resultados?

-Eso nos va a permitir tener una realidad clara de la situación del país, del déficit y de la realidad. Eso permite planificar. Cuando el gobierno maneja con tanta opacidad la información está afectando la capacidad de planificar y de gestión. A partir de esa realidad se puede diseñar un plan de trabajo, y eso ofrecería una solución real. Permitiría saber de qué tamaño es el hueco que la corrupción ha abierto en el sector vivienda, que es una caja negra. Corresponderá a las autoridades proceder y establecer las responsabilidades. Es importante saber cuánto de verdad se ha invertido. Cuando se divide la cantidad de viviendas que ellos han anunciado entre la inversión, los costos por vivienda suben a 60 mil o 70 mil dólares. La Cámara de la Construcción calcula que una vivienda de interés social, con servicios, estaría en 22 mil dólares. La diferencia es de unos 50 mil dólares por unidad. Si se agrega que un número de viviendas no fueron construidas y sí cobradas, se puede imaginar que hay una olla inmensa de corrupción.

Casanova asevera que han querido aportar soluciones «y el gobierno jamás nos ha dado respuesta. Parece más interesado en mantener la opacidad, el oscurantismo que ha marcado la administración pública en los últimos años. Parece más interesado en manipular las necesidades de vivienda de la gente humilde, que en resolver el problema. El gobierno está más interesado en ver cómo manipula con las bombonas que en resolver el problema del gas; está más interesado en manipular el hambre de los venezolanos, que en resolver de verdad la seguridad alimentaria de los venezolanos. Todos los programas tienen una carga política que prevalece por encima del interés de la sociedad venezolana».

Sin embargo «vamos a seguir insistiendo, y lo hacemos públicamente. No tiene sentido formalizar la solicitud, porque esa carta va a llegar al cesto de basura de algún ministro».

-¿Qué plan de vivienda puede desarrollarse?

-Si divides los 4,2 millones entre los 11 años son 380 mil unidades por año. Eso es imposible en un país donde hay déficit en el suministro de materiales como cemento y cabillas, severos problemas de agua y electricidad. Ese es un argumento técnico. No es tan fácil comprobarlo. Desde el punto de vista de ingeniería es imposible construir 380 mil viviendas en la situación de parálisis de la economía del país.

Para desarrollar un plan de vivienda ahora se necesita, enumera Casanova, una recuperación de la economía, rehabilitación de los sectores industriales involucrados en el área.

«Eso se puede lograr si nosotros garantizamos seguridad jurídica a las inversiones, si podemos tener planes de financiamiento o de crédito para el sector industrial asociados con el sector construcción. Deberíamos tener un esfuerzo sincero por incorporar al sector privado a la labor de construcción de viviendas de interés social, y ese es un plan viable, porque se ha hecho en todos los países del mundo», defiende. «Se trata de generar condiciones atractivas para que la construcción de vivienda popular sea un negocio para el sector privado. Eso es subsidios, créditos para los promotores inmobiliarios. La idea es tener mucha gente construyendo viviendas. Si se dan las condiciones económicas es posible construir unas 300 o 350 mil unidades por año, con la rehabilitación de la industrias conexas del sector construcción. Debes tener una industria que soporte eso».

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