“Cuando tu jefe hombre sabe que eres lesbiana o bisexual inmediatamente hay la búsqueda de satisfacción de la fantasía masculina: ‘Tengamos un trío’. Eso es acoso laboral, y eso se da. Y se da no solo en ambientes de trabajo. Se da en el técnico que llega a tu casa, ve las fotos con tu familia y te dice: ‘¿Ustedes son lesbianas? ¿Por qué no tenemos un trío?’. También me sucedió”, relata la coordinadora de Unión Afirmativa

En cualquier revisión sobre la lucha por la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ hay nombres que no pueden faltar. Y el de Quiteria Franco es uno de ellos. Mujer lesbiana que en la Venezuela machista y lesbofóbica ha tenido que escuchar de todo (hasta la irrespetuosa propuesta de “hacer un trío” que le planteó un hombre que fue a reparar algo en su casa), Franco ha dedicado años a trabajar con periodistas sobre el uso ético de temas y derechos relacionados con personas LGBTIQ+. Fue en una actividad de formación que conversó con contrapunto.com.

-¿Cuál debería ser la agenda legislativa de derechos para las personas LGBTIQ+?

-La agenda legislativa es la misma desde hace más de 20 años, porque no hemos logrado ningún avance. Básicamente aspiramos a los estándares internacionales: una ley amplia para prevención, sanción de todo tipo de discriminación por razón de género, edad, orientación sexual. En segundo lugar puede ser una modificación a la Ley de Registro Civil, que les permita a las personas trans e intersex cambiar su nombre y su género en toda su documentación. En tercer lugar, sin nivel de importancia, ampliar el matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. No se trata de un matrimonio diferente, no es una institución diferente: es el matrimonio civil que hoy día se mantiene como un privilegio para personas heterosexuales y que debe ampliarse a las parejas del mismo sexo para que las familias tengan la protección que otorga el matrimonio.

-¿Esta agenda es alcanzable en la Asamblea 2015, Asamblea 2020, en la situación política en la que estamos?

-En la situación política tan difícil que tenemos en el país sinceramente yo no lo veo alcanzable. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir tocando la puerta de tantas asambleas como existan, hay que seguir exigiendo al TSJ que responda los recursos que están allí. Pero hay otras opciones. Hay el trabajo social, que hay que seguir haciendo. El trabajo social de cambiar culturalmente, cambiar socialmente; esa deconstrucción, ese proceso de desaprender todo lo que tiene que ver con la cultura patriarcal, con el machismo; y aprender anclados desde los derechos humanos. El respeto a la dignidad del ser humano. Esa debe ser parte también de nuestra agenda social.

-¿Se está haciendo?

-Se está haciendo, y paralelamente estamos comenzando a acercarnos a los Concejos Municipales.

-¿Por qué los Concejos Municipales?

-Desde el punto de vista legislativo son los que están más cercanos a la población, a las necesidades de la gente. Se pueden crear ordenanzas para prevenir y sancionar los actos de discriminación de una manera amplia. Esta responsabilidad la tienen los Concejos Municipales desde el punto de vista legal. Y también, acercarse a las alcaldías, porque las alcaldías son las que, al fin y al cabo, deben ejecutar esas ordenanzas.

-¿Qué se necesitan? ¿Ordenanzas que establezcan qué cosas?

-Ordenanzas que establezcan, por ejemplo, una clasificación de actos de discriminación por raza, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, razones políticas. Una cosa que nosotros conocemos en Venezuela, desde hace rato, es la discriminación política: el que es de oposición, el que es de izquierda o de derecha. Eso también lo tenemos que abordar ahora. Es un tipo de discriminación que tenemos que abordar y que no lo teníamos en el radar hace años; pareciera que, en vez de avanzar, vamos retrocediendo. Establecer sanciones. Las sanciones pueden ser ejemplarizantes, no punitivas. Algo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que el Estado pida disculpas a la persona agraviada. Eso sería una lección.

-¿Este Estado debería pedirles disculpas a quiénes?

-A las personas homosexuales, por supuesto. Desde hace años. Desde hace años estamos sufriendo el estigma, la discriminación, el discurso de odio, los apelativos descalificantes. Así como lo ha hecho Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos: disculparse, pedir perdón por criminalizar a las personas homosexuales y quienes tienen relaciones con alguien de su mismo sexo. Y todavía el artículo 565 de la ley de justicia militar penaliza las relaciones en el mundo militar.

-¿Qué habría que hacer en ese caso?

-Derogarlo. En 2021 la CIDH exhortó al Estado venezolano a derogar ese artículo. En octubre, la Asamblea de 2020 reformó esa ley y ese artículo lo dejaron tal cual. Ya eso te dice que no hay voluntad, que no hay una intención de rectificar, y ni siquiera de acatar los exhortos de la Comisión.

-¿A qué se debe esa falta de voluntad? ¿Está interfiriendo el factor religioso?

-Están interfiriendo definitivamente los mismos factores. Están interfiriendo el factor religioso y el factor militar. La combinación de ambos es terrible.

-¿El religioso por qué y el militar por qué?

-El origen del rechazo a la homosexualidad es una triada. Primero, religiosa, cuando se comenzó a relacionar la moralidad con las prácticas sexuales, a decir que prácticas sexuales entre personas del mismo sexo eran de pecado, y todas las palabras que se utilizan para rechazarlo y estigmatizarlo. En segundo lugar, la penalización a través de la ley, cuando se comenzaron a establecer sanciones a quienes incurrieran en prácticas homosexuales: cárcel de tres años, cárcel de 10 años, como la ley militar que al día de hoy permanece. Y en tercer lugar la sociedad médica, que sin tener una evidencia clara ni haber pasado por estudios rigurosos decidió incluir la homosexualidad como una enfermedad mental. Tienes esos tres factores desde hace muchísimos años, cuyas consecuencias culturales permanecen en el imaginario del venezolano y en el imaginario de Latinoamérica. Por eso hablo de dos cosas: hay que hacer el trabajo de cambio cultural y el trabajo legal.

-¿Cuáles son las áreas de preocupación? ¿Las terapias de conversión están ocurriendo?

-Eso ocurre. Hay un movimiento latinoamericano, y me atrevería a decir que mundial, que a medida que avanzan los derechos de las personas LGBTI, como el matrimonio, la adopción, y otros temas relacionados con los derechos de las mujeres, la resistencia a aceptar esos cambios también se acrecienta por parte de las iglesias. Están surgiendo movimientos antiderechos de tinte político, religioso, o una combinación de ambos para tratar de frenar avances. Eso se está viendo en Venezuela. Vemos que en Venezuela tenemos agrupaciones unidas a ese movimiento mundial y latinoamericano de oponerse a cualquier avance. Eso es lo que está sucediendo.

Rafael Briceño Sierralta

-¿Hasta el punto de aplicar terapias?

-Sí. Precisamente porque todavía dentro de la sociedad médica, la psiquiatría y la psicología se comenzaron a hacer terapias para intentar cambiar la orientación sexual, eso permanece todavía en muchos psicólogos. Ningún psicólogo va a admitir que lo hace, obviamente, pero sí podemos escuchar testimonios de gente que dice: “A mí mi familia me llevó a un psicólogo para intentar cambiarme la orientación”. Y las iglesias evangélicas o de corte cristiano, con sus variaciones, y la iglesia católica. Un ejemplo palpable: si te vas por Sabana Grande y escuchas los tolditos que ponen las iglesias y siempre presentan un testimonio de alguien que se ha recuperado del mal, y es alguien que se libró “del homosexualismo”, palabra que tiene esa carga estigmatizante. Eso evidencia que hay terapias para intentar cambiar la orientación sexual.

-¿El Estado debe combatir esas terapias?

-Legalmente no hemos tenido en Venezuela una ley que diga que se prohíben. Si no hay nada que lo prohíba en teoría está permitido. Lo ideal sería que, desde la sociedad médica, haya una exhortación médica, se comience a decirles a psicólogos y psiquiatras “esto está prohibido”. También, a las iglesias. Pero lo ideal, a más escala, sería que el gobierno lo diga. Que legisle la Asamblea prohibiendo las terapias de conversión.

-¿Cuáles son las consecuencias de las terapias?

-Terribles. Está prohibido, desde el año 2012, por la OPS y la OMS. El experto independiente sobre la violencia contra las personas debido a su orientación sexual e identidad de género dijo que las múltiples maneras que hay para intentar cambiar la orientación o la identidad sexual de las personas son tan variadas, que algunas podían ser consideradas formas de tortura: pasan por aislamiento, choques eléctricos, sumergir en hielo. Las técnicas son variadas. Incluso, él exhorta a prohibir hasta talleres en los que se hable de la posibilidad de cambiar la orientación sexual porque es infructuoso, no resulta y las consecuencias son devastadoras desde el punto de vista emocional, psicológico y físico.

-Se habla menos de las mujeres lesbianas. ¿Por qué?

-Creo que tiene que ver con la estructura patriarcal de que las mujeres estamos en casa, y si estamos en casa, todo se queda allí. Pero también creo que hay un desconocimiento. Diría que viene de los tiempos isabelinos, cuando se creía que, por ser dos mujeres, el contacto sexual era absurdo.

-Porque no engendraba.

-Porque no había penetración, que es lo que se cree fundamental en las relaciones sexuales. Pero sí hay desconocimiento. Hay que pasar por un proceso que impide a las mujeres lesbianas salir a las calles a defender sus derechos. Es un proceso de identificación, y luego, aceptación. Creo que también les sucede a los hombres. Si no pasamos por ese proceso de, primero, identificarnos como mujeres lesbianas, aceptarnos y vernos como ciudadanas con derechos, no vamos a salir a reclamarlos. Es un proceso largo. Y lo que nos sucede son cosas tan íntimas que preferimos quedarnos calladas, como el maltrato en las consultas médicas ginecológicas. Hay un protocolo de atención cuando vas al ginecólogo: “eres activa sexualmente, qué método de protección utilizas, si no lo usas por qué”. Y cuando dices que eres lesbiana el trato cambia, y usualmente es violento. Me pasó a mí y le ha pasado a mucha gente. A mí me pasó con una ginecóloga. Otro ejemplo: la crianza de los hijos. Hemos recibido casos de parejas de lesbianas a quienes les rechazan los hijos en el colegio, no se los inscriben cuando saben que tienen dos mamás que son pareja. El tipo de problema parece más íntimo, y las parejas lesbianas prefieren callar. O también hay un desconocimiento de los derechos. Definitivamente sí creo que tiene que ver la cultura patriarcal, que estimula a que la mujer se calle, a que no reclame.

-¿Ve alguna agenda específica para las mujeres lesbianas en Venezuela?

-Nosotros tenemos varias iniciativas. Hace cuatro años hicimos talleres psicoeducativos para trabajar en el fortalecimiento de la autoestima de la mujer lesbiana. Luego, la construcción de un proyecto de vida, porque cuando asumes como cierto que estar con una mujer es un pecado o una enfermedad, eso te limita como profesional, te limita como mujer y como posible emprendedora. Eso hay que trabajarlo. Desde el punto de vista legal creo que habría dos exigencias: la protección legal a través del matrimonio, pero también la protección laboral.

Rafael Briceño Sierralta

-¿Qué pasa con las mujeres lesbianas y el ámbito laboral?

-Se da un acoso sexual, también. Cuando tu jefe hombre sabe que eres lesbiana o bisexual inmediatamente hay la búsqueda de satisfacción de la fantasía masculina: “Tengamos un trío”. Eso es acoso laboral, y eso se da. Y se da no solo en ambientes de trabajo. Se da en el técnico que llega a tu casa, ve las fotos con tu familia y te dice: “¿Ustedes son lesbianas? ¿Por qué no tenemos un trío?”. Se da en diferentes ámbitos. También me sucedió. Y la discriminación laboral, que comienza con actos imperceptibles: no te incluyo en grupos de trabajo, no te consulto sobre decisiones del grupo de trabajo, te aíslo, tus condiciones laborales disminuyen, comienzan a exigirte otros requisitos para poder ascender. También me pasó. La tendencia mundial es ir creando protocolos contra el acoso laboral que incluyan la orientación sexual, de manera que se prevengan estos actos y, en caso de que ocurran, cómo sancionarlos.

-¿Dónde puede ir una mujer lesbiana acosada?

-Lo ideal sería que existiera, dentro de las empresas, un oficial. Es lo que está pasando en otros países: se designa un oficial de inclusión y diversidad, y al momento en que se dé un caso de acoso, ahí voy. Claro, previamente tiene que haber un protocolo empresarial de cómo abordar el acoso laboral. Y, desde el punto de vista legal, allí está la protección que debe existir en una ley integral contra la discriminación. Mientras no tengamos eso, estamos fallando. Las leyes no lo son todo, pero ayudan a normar la convivencia social, la convivencia laboral, la convivencia educativa.

-¿Quién hostiga a la mujer lesbiana en Venezuela? ¿El Estado? ¿La ignorancia de la gente común?

-Ambos. Hay sanción moral, que es la peor que puede haber. La sanción moral a la mujer lesbiana por no cumplir con su rol social de ser madre, de ser cuidadora. Es la sanción moral de no apegarse a los estereotipos de género que le indica su sexo.

-¿La maternidad?

-La maternidad, la que no es femenina. Porque sí hay una especie de hipocresía: cuando la mujer lesbiana es femenina, es mi fantasía sexual, y ahí la acepto, la quiero y no la discrimino. Pero cuando la mujer lesbiana es masculina hay un mayor rechazo, y si además es pobre, peor. La mayoría de las mujeres lesbianas masculinas terminan en trabajos como vigilante privado. ¿O de dónde crees que sale la palabra “camionera”? Porque se les empuja socialmente a cumplir con acciones masculinas según su apariencia física. Por eso necesitamos el cambio legal, cultural, social, educativo. Hay mucho trabajo en Venezuela. El punto es ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo vamos ganando apoyo de la maestra en la escuela, del supervisor? ¿Cómo vamos ganando apoyo del concejal?

-Los Concejos Municipales deben proteger, mirar con otros ojos a la mujer lesbiana?

-Desde el punto de vista de no discriminación, sí. No verla de manera inferior, no aislarla ni pensar que, por tener una orientación sexual diferente, no está capacitada. En Los Guayos (Carabobo) hubo un caso de una mujer que despidieron de la escuela, maestra de educación física, por el “mal ejemplo”, el “tenemos que evitar que los niños…”. No. Al contrario: a los niños hay que permitirles ver la variedad del mundo. Es un acercamiento erróneo retirar a la adulta lesbiana. Al contrario. Hay un trabajo de aprobación de leyes pero al mismo tiempo ir educando, ir sensibilizando, hacer el cambio cultural.

-¿El Estado les debe una disculpa a las mujeres lesbianas?

-El Estado le debe disculpas a muchísima gente. Sí. Definitivamente.

-¿Sobre qué debería pedirles disculpas a las mujeres lesbianas?

-Sobre violaciones de derechos humanos, las humillaciones, la descalificación. Creo que es ignorar las necesidades particulares de la población. Tenemos que dar un giro a la manera como vemos al funcionario público. El funcionario público es un servidor y está para atender las necesidades de la población. No está para mantener un puesto de poder. Está para ayudar a que la sociedad cambie para mejor. Tenemos que aprender a exigirle al poder, a cuestionarlo y a recordarle todo el tiempo que está allí para servir. Cuando un funcionario público no me sirve, tengo que estar en mi derecho de reclamarle y exigirle, y si no me sirve, lo cambio. Para eso sirve la democracia: para cambiar al funcionario cuando no responde a mis necesidades.