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jueves, 28 marzo, 2024
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Miguel Denis: La política que ha generado el gobierno para gestionar la crisis es el desmantelamiento de lo público

Texto y videos: Vanessa Davies. Fotos: Felipe "El Cuervo" Montes

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«Se ha condicionado el ingreso de un trabajador a la lealtad política, a las relaciones de complicidad en espacios directivos y espacios de trabajo», señala el historiador y profesor de la UCV. «Tiene que haber una transformación democrática del país, y eso pasa por reconstruir el tejido social»

Un día, durante una de las centenares de protestas protagonizadas por trabajadoras y trabajadores públicos, Miguel Denis afirmó que en Venezuela hay un desmantelamiento de lo público. De esta manera Denis convirtió en un concepto la vivencia de miles de personas que difícilmente comen, a duras penas garantizan su salud y consuetudinariamente se enfrentan a un día a día salvaje.

Como historiador y profesor de la Escuela de Sociología de la UCV, Denis afirma que «la política que se ha generado desde el gobierno para gestionar la crisis ha sido un desmantelamiento de lo público». Es decir, «el gobierno ha venido sacrificando la base del Estado social. Hablamos del presupuesto de la educación pública, de la salud pública, de los servicios públicos».

Considera que el Estado, más que desaparecer, «se ha ido transformando de un Estado social en un Estado policial, y el propio gobierno lo dice cuando habla de la unión cívico militar policial, y eso tiene que ver con el crecimiento de la importancia de los cuerpos policiales y militares en la nómina del Estado y la creación de cuerpos policiales especial que funcionan como organismos paraestatales. Pareciera que representaran diversos grupos de poder vinculados con actos delictivos». La corrupción «se ha ido dirigiendo a esta política de crecimiento económico del gobierno que tiene que ver con la economía del lujo, la creación de casinos y restaurantes para un círculo muy pequeño de la población».

A medida que se desmantela lo público «se protege este modo de crecimiento económico que le propone al país que la salida económica pasa por afianzar la precariedad y la desigualdad, sobre la cual se generan mecanismos de acumulación de riqueza y opulencia que necesitan mano de obra sin derechos laborales, como es la situación actual, que no haya garantías de derechos humanos».

Del sistema judicial «podremos hablar cómo se ha privatizado la función pública, porque para que se acate una orden deben pagarse vacunas, matracas. Eso lo hemos vivido en la lucha por el acompañamiento de la libertad de los trabajadores presos. El Estado se ha convertido en una plataforma organizada para transferir recursos públicos a manos privadas. Lo que genera el conflicto social es la defensa de lo público».

-¿Por qué está ocurriendo el desmantelamiento de lo público?

-Vemos la crisis del modelo rentista petrolero. En la última oleada de auge de la renta petrolera, en el gobierno de Chávez, se fortificó una política social y redistributiva. Pero también se ampliaron los mecanismos de corrupción y transferencia a manos privadas. Jorge Giordani sacó al a luz pública un desfalco por fuga de divisas. En el momento en que el sistema rentista petrolero llega a su límite, detrás del déficit de recursos y el endeudamiento al que nos llevaron queda una gran cantidad de grupos económicos construidos en torno al saqueo de los recursps públicos. La administración de la crisis ha sido el reajuste de estos mecanismos de saqueo, no solo sobre la renta petrolera, sino a través del crecimiento de la economía ilegal, dolarización, minería y arco minero, circuitos económicos que no están regulados, que funcionan en un ámbito de ilegalidad o extralegalidad que no forma parte de la economía formal. Vemos no solo que empresas públicas están en la quiebra sino completamente endeudadas. El Estado se ha ido endeudando y aun así las empresa siguen quebradas, los recurso se transfieren a manos privadas sin pasar por unas mínimas inversiones en el sistema productivo del país.

-¿Había otra opción?

-La tolerancia de los mecanismos de corrupción no es una decisión que sirviera para el bienestar del país. Siempre ha sido una toma de decisiones en función de proteger los mecanismos de acumulación a costa de sacrificar la política social en el país. Sí había otra opción. No hemos estado obligados a tener la impunidad que se ha vivido.

-¿Había forma de sostener el Estado social?

-Hay recursos. Se trata de la política. Con el operativo anticorrupción el gobierno anunció la incautación de cientos de camionetas, motos, decenas de edificios, aviones y avionetas, y la decisión del Estado, lo que anunció maduro, fue que van para la policía, no para hospitales, no para las miles de necesidades que tiene el pueblo. Son para fortalecer el Estado policial.

-¿Cómo quedan los grupos de poder?

-En la medida en que el Estado comenzó a atravesar la crisis del modelo rentista ha delegado en gran medida porciones de poder. Se han usado recursos públicos para distribuir entre grupos de poder las formas de acumulación. Tiende a desbordarse la cantidad de grupos que están enriqueciéndose bajo este modelo, y lo que aparentemente pasó, aunque hay poca información oficial para trabajar, es que un grupo se desbocó y entró en conflicto con otro grupo de interés. Es lo que pasa con los cuerpos policiales y las esferas de impunidad en que se mueven. Se disolvió la FAES y ahora hay miles de siglas que uno no conoce. Al asentarse los grupos parapoliciales, mal llamados colectivos, hay una especie de impuestos paralelos sobre la economía social. Estamos hablando de que la población trabajadora es 50% por cuenta propia, ha crecido una economía en la que la gente ha logrado construir cierta producción mínima para sostenerse, y eso es lo que ha sostenido la economía del país en los últimos años. Es el esfuerzo de la gente que se ha quedado, y las remesas. Y hay una política de extraer constantemente, mediante matraca e impuestos parainstitucionales, los pocos recursos que produce la economía social. Mientras, la economía de importación de los grandes grupos económicos no paga impuestos, los capitales que invierten en el país bajo confidencialidad porque el gobierno ha eliminado información pública sobre estos procesos. Se generan estímulos para traer productos. Es una economía que persigue a los trabajadores y la valorización del trabajo pero protege y estimula los grandes negociados que, si los rastreamos. son la privatización de recursos públicos.

-¿Este retiro del Estado se parece a lo sucedido en los años 90?

-Se parece en la política de flexibilización laboral y privatizaciones. Pero hay un ingrediente que no estaba tan claro en esa década, que es el autoritarismo del modelo político actual, el Estado policial que se ha venido construyendo.

-¿Es un proyecto neoliberal?

-Podría ser neoliberal autoritario. Es una economía mafiosa en la medida en que distribuye el poder entre los distintos grupos y cuando se avala el paralelismo entre el accionar de los grupos policiales y los grupos delictivos. Hay un proceso de mafializacion de la forma como se ejerce el poder cuando hablamos de la economía ilegal y de este sistema de lavado de dinero, que es la economía formal que termina siendo un paraguas financiado por la economía irregular que en el caso venezolano tiene mucho que ver con lo que sucede en el arco minero.

Al argumento oficial de que no hay recursos para aumentar el salario Denis replica que no hay información sobre las cuentas públicas del país. «No podemos contar con la palabra de un funcionario público si no conocemos cómo se manejan las cuentas. Lo que sí vemos es el crecimiento de la economía de lujo».

Todo indica, asevera, que sí hay dinero. «Se están construyendo edificios empresariales en Las Mercedes. Cuando vemos que empresarios ligados a las construcciones son arrestados por el caso Pdvsa cripto hay una conexión que el mismo gobierno hace. El gobierno paga los bonos por el sistema Patria, bonos ínfimos para la mayoría de los trabajadores, pero paga bonos de 200 y 300 dólares para una especie de nómina paralela, para una lista de puestos directivos», alega.

«Se ha condicionado el ingreso de un trabajador a la lealtad política, a las relaciones de complicidad en espacios directivos y espacios de trabajo, de arriba hacia abajo. La política de financiamiento a las iglesias evangélicas, que ha anunciado proyectos de reparación de iglesias y el sistema de bonos del buen pastor que es mucho más alto que el que reciben los trabajadores de la administración pública, indica que hay recursos pero se usan para la relación clientelar con un sector de la población o con una población que sostiene las lealtades políticas», expone.

-¿Qué consecuencias genera esto?

-La población se enfrenta a la precariedad. Múltiples trabajos para sobrevivir. Este último año vemos una crisis de representatividad, pero no es una población despolitizada. Pasamos de 20 protestas diarias en 2020 hasta más de 100 protestas diarias en 2023. Las acciones de la población han tendido a concentrarse en la defensa de derechos sociales. Han roto con el esquema de polarización que había vivido el país entre chavismo y oposición. La crisis de los partidos políticos tiene que ver con no saber entender este momento. Así como el gobierno está muy cercano y aliado a Fedecámaras, cambiando su esquema de alianzas, también en la lucha social que se ha generado ha habido articulaciones y encuentros que se presentan como la posibilidad de un movimiento social. Con la defensa de lo público se nos plantea el reto de diferenciar lo publico de lo estatal. Lo público en Venezuela se construyó en el contexto del auge de la renta petrolera y eso nos trajo a esta historia de corrupción. No podemos aspirar a reconstruir ese Estado social dependiente de la renta petrolera. El reto del movimiento social es acercar lo publico a la participación social, sectores organizados como sindicatos y comunidades, organizaciones sociales que hacen vida en el país, más que a un fortalecimiento del Estado.

-Pero necesitamos un Estado social. ¿Cómo volver a tenerlo?

-El país cuenta con gran cantidad de recursos y hay una economía que puede sostener la reconstrucción de la política social. Pero esa situación de dependencia de la sociedad y el Estado nos puso en situación de relaciones clientelares, de dependencia de poder que aprovecharon los grupos económicos que rodeaban los ministerios y los lugares de la toma de decisiones para imponer su lógica de saqueo.

-¿Cómo se construye?

-Tiene que haber una transformación democrática del país, y eso pasa por reconstruir el tejido social. La crisis de representación se ve también en gran parte de las organizaciones sociales. El gobierno ha hecho lo posible para que no haya renovación de sindicatos y gremios, y eso ha generado una desactualización de las estructuras de los movimientos sociales. Aún así el movimiento social está en la calle, como puede y en las condiciones en las que está. Hay que hacer posible que la gente vuelva a participar en sus espacios de trabajo, de vida comunitaria. Ese proceso puede ser más importante para amplificar la lucha en la calle. Las elecciones universitarias son el tipo de procesos que pueden ir alimentando una dinámica democrática sin la cual no puede haber salida en el país. Este país no se va a resolver cambiando un jefe por otro, o una gestión por otra, si mantenemos un esquema en el que le damos todo nuestro poder como ciudadanos en bandeja de plata a un grupo de dirigentes que la historia dice que siempre tendrán intereses propios que van a definir su acción política.

Las elecciones, a su juicio, son «un evento fundamental, que va a definir muchas cosas. El rechazo que tiene el gobierno hace que la gente tenga muchas ganas de participar. A la gente le interesa expresar el rechazo al gobierno y eso es muy importante para salir de la situación coyuntural en la que nos encontramos, pero no resuelve los problemas del país».

-¿Qué espera de los partidos?

-Hoy los partidos ni siquiera son como los partidos tradicionales que se estructuraban en torno a un proyecto ideológico. Todavía hay partidos así, como el PCV, pero los partidos funcionan como empresas de la representación. Dependen de un financiamiento y van construyendo una nómina. Pero debate político, debate sobre la crisis del país, procesos democráticos internos, nada de eso existe. Es una competencia a través del financiamiento, campañas atendiendo las emociones de la gente más que una reflexión sobre la política del país. Eso lo que hace es deslegitimarlos cada vez más. La dinámica de la polarización nos llevó a un estancamiento de la renovación de los liderazgos políticos e hizo que en ambos bandos se fortaleciera el autoritarismo, la unidad frente al enemigo, y en esa unidad se acabó con los mecanismos de crítica interna, se generó una política autoritaria en la manera de hacer política. La participación política de la gente en las luchas sociales puede ser mucho más significativa que lo que sucede desde los partidos.

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