Marino Alvarado: No queremos acabar con el Gobierno. Queremos que se respeten los derechos humanos

José Gregorio Yépez

El activista señala que la agenda de 2021 será muy movida y Venezuela estará en el radar de Naciones Unidas. Las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad pueden tocar muy de cerca al poder establecido

Marino Alvarado, llega puntual a la cita. Su figura menuda vestida de negro se aparece en la redacción y le convidamos un café. Acordamos conversar primero y luego grabar parte del encuentro, para que “quede el registro” y podamos salir por redes.

Apuramos el guayoyo de la tarde y comenzamos la conversa con el Coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos Provea .

-Las ONG de derechos humanos generalmente están señalando problemas y cuestionando. Hoy son ustedes los señalados y cuestionados. ¿Qué está pasando?

-Lo primero hay que decir es que las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el mundo, no solo en Venezuela, son incómodas para el poder. Su papel es acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos, denunciar las irregularidades que haya en el incumplimiento de las garantías de derechos de la población y quien tiene esa obligación son los Estados y los gobiernos

-Entonces por definición su tarea es cuestionar al poder, en este caso del Estado y el Gobierno.

-Sí. El Estado puede tener dos actitudes. Si puedes ver el panorama mundial vemos dos grandes comportamientos. Uno es el que considera que las organizaciones de derechos humanos que son aliadas, esenciales para democracia. Le permiten su actuación y garantizan la interlocución con el poder. Por ejemplo, el gobierno argentino, el uruguayo, han tenido una relación de cordialidad. Por supuesto, han tenido enfrentamientos pero existe la disposición de establecer canales de diálogo. Se permite que las organizaciones presenten propuestas. Hasta se crean espacios institucionales. En la propia Colombia con todo el conflicto y la polémica con las organizaciones de derechos humanos, se crean espacios de interlocución.

-¿Cuál es la otra actitud?

-Los que las ven como enemigas. Bolsanaro en Brasil considera que la organizaciones de derechos humanos no son aliadas para una gestión de gobierno, al contrario las cuestiona. Dice que son defensores de delincuentes, de vagos en el sector agrícola, de terroristas.

-¿Cómo han sido las cosas en Venezuela?

-En Venezuela las relaciones con el poder generalmente han sido polémicas. Se han presentado momentos en la historia del país donde la relación ha sido buena. En el último Gobierno de Rafael Caldera, incluso hubo la oportunidad para que algunas organizaciones nos reuniéramos con él para tocar el tema de la administración de justicia. Se creó un Plan Nacional de Derechos Humanos, que se trabajó entre las ONG y el Ejecutivo. En general, hubo un respeto.

-¿Eso es un lunar dentro lo que ha sido la relación con el poder en el país?

-Un periodo excepcional. Fuimos muy atacados por el gobierno de Jaime Lusinchi, por el caso de El Amparo y así por otros gobiernos cuando hemos criticado el uso del poder durante los 32 años de existencia que tenemos. En este tiempo, hemos mantenido una actitud crítica con quienes han detentado el poder y frente a todas las irregularidades con los derechos humanos. Lo hicimos con Chávez, lo hacemos con Maduro y si viene otro gobierno y su comportamiento es negativo en el tema de derechos humanos nos va a tener enfrentados. Lo ideal es que nos abran espacios.

-Ustedes trabajaron en la la reforma policial.

-Cuando nos han dado la oportunidad de participar lo hemos aprovechado. En 2006, trabajamos en ese proyecto y yo no solo colaboré en el proceso, sino que fui instructor de la Policía Nacional en sus primeras promociones. También nos llamaron a colaborar en la Ley de Vivienda Hábitat, para el decreto de titularidad de viviendas urbanas. Cuando el Ministerio Público nos ha dado la oportunidad para mantener una oportunidad de participar lo hemos hecho también. Una de nuestras tareas es la de generar políticas públicas para mejorar los derechos humanos. Nos va a tener y no hablo solo de Provea, porque eso parte de nuestro trabajo. La idea es incidir en las políticas públicas.

Alvarado detiene su respuesta, se acomoda en la silla y señala que durante mucho tiempo tuvieron una relación muy expedita con la otrora Corte Suprema de Justicia, con Cecilia Sosa Gómez y con el Tribunal Supremo de Justicia, que presidió Iván Rincón.

“Nos reuníamos con frecuencia con Cecilia Sosa Gómez y después con Iván Rincón, fue una relación cordial de participar en proyectos de capacitación de jueces”, dijo.

Indica que aprovechan todos espacios posible, “hemos hecho capacitación a cuerpos policiales”.

“En definitiva somos incómodos para el poder, pero si el poder nos da la oportunidad de aportar para el beneficio de la gente y que ésta pueda mejorar su calidad de vida también estaremos”, sostiene Alvarado.

-Por definición, la violación de los derechos humanos la hace el Estado. Eso es un concepto asumido. Pero desde el Gobierno se les señala que no dicen nada sobre agresiones y violaciones de derechos humanos de otros actores de la sociedad.

-Si algo le queda difícil al Gobierno, y en este caso hablo por Provea, es cuestionarnos por falta de coherencia. En 2002, los primeros en denunciar el Golpe de Estado contra Chávez, antes de que el propio Gobierno lo hiciera, y lo reconoció Valero cuando estaba en la OEA, fuimos nosotros. Le pusimos el nombre de Golpe de Estado. Atendimos a las víctimas que eran los líderes del chavismo y pedimos medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tres personas: Diosdado Cabello, Tarek William Saab y Hugo Chávez. Siempre lo han negado. Uno de los firmantes de esa solicitud fue Ricardo Dorado, un ex Provea que fue ministro del Trabajo de Chávez. Eso lo firmamos Carlos Correa, Dorado y otras personas más.

Alvarado hace memoria y continúa su argumentación sobre lo que llama la coherencia y señala que en 2017 Provea “hizo muchos pronunciamientos en función de que todas las muertes, en el contexto de las protestas, fueran investigadas. Las de los manifestantes, las de los funcionarios policiales y del Estado. Los dijimos y lo sostenemos para cualquier muerte en medio de las protestas”.

En medio de la conversación, el coordinador de Investigación de Provea hace hincapié en el tema de las sanciones.

“Hemos mantenido una actitud firme desde antes de que aparecieran las sanciones en 2018. Somos contrarios a las sanciones económicas, porque afectan a la gente, porque no son eficaces frente al poder y porque agravan la situación de la población”, sentencia Alvarado.

Hablemos de plata

-¿Cómo se financian? Quien pone el dinero marca la pauta del trabajo, eso es una realidad asumida en el planeta.

-La cooperación internacional es parte de las relaciones internacionales. Los estados establecen un porcentaje de sus presupuestos para la cooperación internacional. Venezuela tiene esos presupuestos. Pero además hay organizaciones, sobre todo en Europa, que apuestan a ayudar para que se reduzca la pobreza en lugares donde este problema es importante. Nosotros desde el principio hemos tenido financiamiento de la cooperación internacional. Nunca hemos tenido financiamiento del Estado venezolano en los 32 años de existencia y tampoco del sector privado. Todo ha sido de la cooperación internacional.

-Eso cómo se traduce. ¿Con qué se come eso?

-Nuestro primer cooperante fue una organización alemana que se llama Misereor. Es de la Iglesia protestante, pero no condiciona por el tema religioso y tienen programas para el combate del hambre y la miseria en el tercer mundo. Treinta y dos años después sigue siendo nuestro cooperante porque hemos sido transparentes en el manejo de los recursos. Hemos tenido financiamiento de la Unión Europea que financia a municipios, gobernaciones, al Ejecutivo Nacional y a organizaciones de la sociedad civil. Nosotros somos beneficiarios de ellos. Hemos recibido financiamiento de ONG internacionales como Open Society de Estados Unidos, que es la Fundación de George Soros.

-¿Y eso no les condiciona su accionar?

-Por principio en Provea no aceptamos cooperación que condicione nuestro trabajo.

-¿Cómo se pide la plata?

-Por ejemplo, la Unión Europea abre una convocatoria para recibir proyectos de defensa del medio ambiente, defensa de los derechos humanos y lucha contra la pobreza, entonces uno presenta un proyecto y dialoga con el cooperante.

-¿Qué están haciendo en este momento?

-Ahora tenemos con la Unión Europea un proyecto para el fortalecimiento de la capacitación en derechos humanos, sobre todo en el interior del país. Es decir, tratamos de llevar esta formación a lugares donde las personas tienen menos oportunidades y hay más necesidades. En el interior, el poder se manifiesta de manera más agresiva y desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales las condiciones son más críticas, entonces hay una línea de trabajo que tiene que ver con promoverla, visibilizar lo que está sucediendo en el interior del país.

Sobre la transparencia en el manejo de los recursos señala que, históricamente en el portal de la organización han mostrado quiénes son los cooperantes y las auditorías. “En la mayoría de nuestras publicaciones están quienes nos financian. Algunas las hacemos con recursos propios”.

-¿De dónde salen esos recursos propios? ¿Cómo los generan?

-Los generamos a partir de que en los proyectos hacemos un apartado para situaciones de emergencia que no se puedan atender con un proyecto determinado.

-Y eso no crea problemas con el cooperante que aprueba unos recursos para una cosa y ustedes lo dedican a otra?

-Eso se negocia con el cooperante y dentro del proyecto se señala que, por ejemplo, un 10% va a un fondo de emergencia. ¿En que se usa? Por ejemplo, 30 ó 40 personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos que necesitan venir a Caracas a denunciarlo y no tienen recursos para movilización, alimentación y hospedaje.

-Después que se aprueba un proyecto… ¿Qué pasa? ¿Tienen libre ejecución?

-Sí, pero tenemos que rendir cuentas y por eso nunca hemos tenido una observación de manejos inadecuados. Además, el cooperante exige un auditor externo que debe ser cambiado constantemente. Nunca hemos tenido que tomar medidas internas.

-¿Cuánto es el presupuesto anual de Provea?

-Varía. Depende del proyecto y del cooperante. Hemos tenido aportes de 1.000 dólares que nos dan para hacer una publicación o un taller. Pero tenemos proyectos de 100.000 dólares anuales. Proyectos con embajadas de 10.000 dólares de seis meses. Están los proyectos con fundaciones que te aprueban los proyectos y te van dando los recursos mientras se van cumpliendo las metas.

-¿No piden pari passu? ¿Aportes propios o locales?

-Generalmente, los aportes propios son personal, planta física. Recursos no tenemos de donde sacarlos.

-¿Cuántos proyectos al año manejan?

-En este momento tenemos cinco proyectos.

-¿Nunca han tenido financiamiento local?

-No hemos hecho la diligencia, pero cuando lo intentamos por allá en los 80 el empresariado venezolano no ha sido muy ganado para apoyar el tema de derechos humanos, sobre todo por el temor de lo que eso le pueda generar en sus relaciones con el Estado.

-En medio de la polémica que se ha desatado, el Psuv tiene la legitimidad para recibir financiamiento si fuere el caso.

-Claro. Nosotros no lo cuestionamos. Ningún partido, el propio Estado venezolano lo tiene. Así que no vemos problema. Lo que uno cuestiona es que recibiendo cooperación, ellos cuestionen la cooperación. Además, lo hemos dicho públicamente que reivindicamos el derecho que tiene el Estado venezolano a prestar cooperación internacional. Hay quienes lo denuncian como irregularidad, no lo es. Es parte de la cooperación internacional. Lo reprochable es la falta de transparencia. En otros países la cooperación puede ser seguida en las páginas web, se discute en los parlamentos cosas que no hay acá.

-¿Qué harán frente a una eventual demanda?

-Trabajar y defendernos. No es la primera vez que nos demandan. Hace un tiempo nos demandaron porque acompañamos una protesta de indígenas Yukpa, ante el TSJ. Nos demandaron porque supuestamente usamos niños para el proselitismo político. Nos tuvieron dos años en un juicio y lo ganamos.

La agenda 2021

Al revisar la agenda 2021, Marino Alvarado señala que, el tema de derechos humanos estará muy movido este año que recién comienza .

Indica que, la fiscal de Corte Penal Internacional se ha planteado la investigación sobre la denuncia de delitos de lesa humanidad en el país y en este momento se encuentra en proceso de estudio.

“En este momento se evalúa si el Estado venezolano está investigando y se están sancionando a quienes han cometido los hechos. Pero la Corte Penal Internacional centra su atención no el policía, sino en quien dio la orden. La investigación que le interesa va desde arriba hacia abajo”, señala por otra parte Alvarado.

Por otra parte, está la actuación de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos, a la cual se le prorrogó su actuación por dos años más.

“Luego de su  informe bajaron las ejecuciones policiales en 30%. Es decir, que el Gobierno a pesar de descalificarlo, le preocupó tanto que giraron órdenes para detener a los gatillos alegres. A las Faes le metieron el freno y bajaron las detenciones arbitrarias”, sostiene el activista.

-¿Esto qué significa?

-Al comprobarse los delitos de lesa humanidad podría darse una consecuencia judicial.

-¿Cuál?

-Se puede establecer la jurisdicción universal. Esto implica que ,cualquier país que tenga en su legislación los crímenes de lesa humanidad determinados por estos organismos podría iniciar un juicio contra cualquiera de los señalados.

-Usted habla de cuatro puntos en la agenda.

-Los dos que restan son la prórroga que dio el Consejo de Derechos Humanos a Michel Bachelet, para generar informes periódicos sobre Venezuela y las exigencias de la Comisión de Encuestas de OIT, que hace exigencias al Estado venezolano.

-Pero eso puede verse como una agenda desestabilizadora del Gobierno.

-Nuestra tarea no es desestabilizar. Es documentar y acompañar a las victimas de violaciones de derechos humanos y buscar incidir en las políticas públicas. Nosotros no queremos acabar con el Gobierno, lo que queremos es que se respeten los derechos humanos y el aporte que hicimos a la Misión de Determinación de Hechos implicó que se salvaran vidas al bajar 30% las ejecuciones judiciales.

Vea acá parte de la conversación con Marino Alvarado, en nuestra plataforma de YouTube Contrapuntoaldia.com.