«El chavismo se rasga las vestiduras cuando ve en otros países que alguien trigueño es atropellado por una actuación policial, pero se tapan los ojos acá al ver cómo las ejecuciones extrajudiciales son mayoritariamente de hombres jóvenes trigueños de sectores empobrecidos», señala el profesor universitario y abogado. Luis Izquiel y Fermín Mármol García escribieron el libro «Revolución de la muerte», publicado por Dahbar Ediciones
El nombre revela lo que piensan sus autores: «Revolución de la muerte». Pero con la sutileza de que no incluye un «La», que convertiría el libro escrito por Luis Izquiel y Fermín Mármol García en «La revolución de la muerte». El libro, editado por Editorial Dahbar, disecciona los números de lo que los autores llaman «la ola criminal que se desató en nuestro país desde 1999 hasta 2019». Y comienza con un número que asusta: «Más de 330 mil homicidios en 20 años».
«Todos los países tienen criminalidad», señala Izquiel en entrevista con contrapunto.com. En 1998 hubo 4.550 homicidios, «en ese nivel estábamos» y nos ubicaba «en el promedio latinoamericano». Pero con la llegada a la Presidencia de Hugo Chávez «se multiplicaron los homicidios y los delitos violentos en general». Según el investigador, en el primer año de mandato de Chávez «los homicidios aumentaron a 6 mil, en el segundo año aumentaron a 8 mil».
Estas son, en su criterio, algunas razones: condiciones sociales que son «el caldo de cultivo», tales como la baja calidad del sistema educativo, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, hogares desestructurados, falta de atención a las adicciones. «Comenzó la impunidad, que generó que los muchachos fuesen creciendo en los barrios viendo cómo el que mataba, el que robaba, el que secuestraba estaba libre en las calles y producía económicamente; lo empezaron a ver como un modelo, como algo deseable».
También, «la destrucción del sistema policial venezolano» por la politización y la falta de recursos, y el convertir las cárceles «en escuelas de delincuentes». Izquiel suma lo que considera como «un discurso de violencia desde la cabeza del poder. El discurso era destruir al enemigo, saltarme la ley para lograr mis objetivos».
«Si bien el auge de los homicidios y de la criminalidad comenzó con el ascenso de Hugo Chávez al poder, durante la gestión de Nicolás Maduro el alza se ha mantenido o incluso ha empeorado». Luis Izquiel y Fermín Mármol García.
Hay diferencias en la gestión en materia de seguridad ciudadana entre el presidente Hugo Chávez y el mandatario Nicolás Maduro. «Todos los ministros de Maduro, de Relaciones Interiores y Justicia, son militares retirados o activos. El militarismo en la seguridad ciudadana se exponenció con Maduro».
«Durante Chávez», afirma, «hubo una operación de violación masiva de derechos humanos alrededor de la seguridad ciudadana. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones ilegales, allanamientos sin órdenes judiciales. Pero con Maduro todo creció muchísimo más». De acuerdo con su análisis «Maduro exponenció estos planes de exterminio con la excusa de la seguridad ciudadana».
En 2015 comenzaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan «de mayor daño desde el punto de vista de los derechos humanos, que conllevó un crecimiento enorme de las ejecuciones extrajudiciales». Después se cambió el nombre por las OLHP y finalmente se llegó a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). «La FAES han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Son un grupo de exterminio total que actúa de manera completamente impune».
Por eso, agrega Izquiel, «si me pides la diferenciación entre la política de Maduro y la de Chávez es similitud en crecimiento de la violencia criminal, pero con Maduro hubo una exponenciación de las violaciones a los derechos humanos ligadas al tema de la seguridad».
«Durante todo este cruento desastre de homicidios y criminalidad desbordada, iniciado en 1999, han pasado 16 ministros por el Ministerio de Interior y Justicia, principal organismo encargado de elaborar las líneas maestras de la seguridad ciudadana en el país. Estos numerosos cambios ejemplifican la improvisación y la falta de continuidad que desde 1999 han tenido las políticas de lucha contra el crimen en Venezuela».
Víctimas y victimarios son hombres, jóvenes y de sectores empobrecidos. La mayoría de las víctimas de los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales son trigueños, morenos, afrodescendientes. «El chavismo se rasga las vestiduras cuando ve en otros países que alguien trigueño es atropellado por una actuación policial, pero se tapan los ojos acá al ver cómo las ejecuciones extrajudiciales son mayoritariamente de hombres jóvenes trigueños de sectores empobrecidos», asevera.
-Antes pasaba también.
-Estamos hablando de magnitud. El perfil es el mismo porque la violencia criminal está asociada con la juventud, principalmente. ¿Por qué son trigueños de sectores populares? Porque allí es donde hacen los operativos. Aquí nunca se hizo una OLP en Valle Arriba, o en Prados del Este. Nunca. Ni una sola OLP allí.
-Alguien le dirá que allí no se cometen delitos.
-Quizá no en la misma magnitud, pero algo se comete. Pero allá no se meten. Todos los operativos son en los barrios.
«El concepto de la OLP era ir a buscar a los delincuentes donde residen en el momento en el que no están cometiendo delitos. Eso es licencia para matar con total impunidad», condena. No hay proceso judicial, el policía es juez y verdugo «y decide matar a quien él considere que tiene el perfil del que le mandaron a buscar».
Con «Revolución de la muerte», detalla Izquiel, «quisimos contribuir a dejar un registro histórico de la ola criminal que se desató en el país a partir de 1999, tratar de identificar quiénes fueron los responsables de esto y proponer políticas públicas en materia de seguridad ciudadana».
Rememora que se ofrecieron más de 20 planes de seguridad.
-¿Todos fracasaron?
-Ahí están los resultados. De 4.550 homicidios pasamos a años en los que hubo más de 26 mil homicidios.
-¿Fue algo deliberado? ¿Ex profeso?
-Es muy difícil determinarlo a ciencia cierta. Veo muchas cosas que se hicieron ex profeso; por ejemplo, la toma del Poder Judicial por un partido político se hizo con toda la intención. La violación de la Constitución cuando se creó un Ministerio del Servicio Penitenciario; el artículo 272 dice que las cárceles deben estar descentralizadas, es el mandato constitucional, pero en contra de eso «vamos a dárselo a Iris Varela». Las intervenciones de policías municipales y estadales, en violación de la descentralización y de la voluntad del pueblo, y el desarme de muchas policías por razones politiqueras también se hizo a propósito.
-¿Pero se hizo persiguiendo ese fin?
-Eso trajo inseguridad. ¿Mi fin era crear inseguridad? Eso estará en la cabeza de ellos. Pero lo que hiciste a propósito para el control político conllevó inseguridad, y seguramente tú lo sabías. Cuando agarras un sistema de justicia y lo dedicas a la persecución de la disidencia política, y prácticamente lo anulas para investigar y sancionar a delincuentes comunes, debes saber que eso trae como consecuencia impunidad criminal.
Luis Izquiel critica las llamadas «zonas de paz», el planteamiento de negociar con la delincuencia.
-¿Eso está mal?
-Eso no está bien para nada, y por muchas razones. El plan terminó fracasando, no hubo desarme de delincuentes ni ninguna pacificación. En segundo lugar me parece que el mensaje que se les mandó a las comunidades fue terrible: Cuando vieron al jefe de la banda criminal que asesina, que roba, que secuestra en el sector sentado con un viceministro riéndose y grabando videos. Entonces piensan «Estos dos tienen el mismo rango, me estás legitimando al delincuente y su poder criminal».
Esto «terminó entronizando el pranato en los barrios», remarcó. El temor a la inseguridad, además, produce la desmovilización de la ciudadanía.
En su opinión, hay que repensar el sistema policial venezolano.
