Este 5 de junio se conmemora el Día del Ambiente. El geógrafo y director de la asociación Chunikai señala que la escasez de agua potable y el mal manejo de los residuos sólidos siguen siendo los principales problemas porque afectan a gran parte de la población. Advierte, también, que el Arco Minero ha ido creciendo mucho más allá de lo escrito en el papel
Muchas cosas ha visto el geógrafo Jorge Padrón en sus años de trabajo por la defensa del ambiente. Y las ha mirado como investigador, como funcionario, pero siempre con el ojo del ambientalista. Como responsable del capítulo ambiental del informe de Provea, Padrón sostiene que «no se ha avanzado nada en los puntos vitales, como el acceso al agua potable».
«El balance ambiental de Venezuela es negativo totalmente», sentencia el coordinador de la asociación civil Chunikai en conversación con contrapunto.com.
De hecho, considera que la escasez de agua potable y la gestión de los residuos sólidos «están de capa caída» y son «los que afectan a la población de manera sustancial, hay un impacto directo».
Sin embargo, llama la atención sobre el impacto de la minería en el sur del país, especialmente a partir de la apertura del Arco Minero «que está afectando la calidad de vida del país y del planeta». El Arco Minero ha ido creciendo mucho más allá de lo escrito en el papel, advierte. El Parque Nacional Canaima, el Caura, La Paragua no estaban en los linderos del proyecto, y ahora fueron sumadas.
«Los que están en el poder han visualizado una estrategia pensada, que ha tenido sus variantes y que han aprendido a manejar. Inicialmente se plantearon beneficiarse de empresas trasnacionales mineras, y eso no ocurrió: descubrieron que, con los pequeños mineros, les iba muy bien, y es lo que hay principalmente».
Otro factor son las plantas de procesamiento de oro, que «hacen llave con la pequeña minería», señala, y de las cuales «van a salir los lingotes de oro, porque el control es total», y este esquema «les ha funcionado de maravilla». Como lo describe «tanto unos como otros deben ir en asociación mixta con el Estado; es parte de la estrategia del Arco Minero: que sea a través de empresas mixtas». Un elemento adicional es el de los grupos armados -pranes, trenes, sindicatos- que han convertido a los municipios Sifontes, Roscio y Piar «en los más violentos de Venezuela, los que tienen más muertos por población».
La minería ha llegado, con sus efectos nefastos, al norte del estado Amazonas, comenta Padrón.
«La población vive en un estado de miedo. Está sometida por grupos armados», que reclutan jóvenes para sus actividades, describe. En cuanto a la contaminación, alerta que la crisis del Caura es la más emblemática, porque un sitio de biodiversidad y belleza escénica se sumergió «en el deterioro total» por la minería.
«¿Dónde están los estudios de impacto ambiental de las plantas de procesamiento de oro?», se pregunta. Son alrededor de una docena. «Cuando crearon el Arco Minero dijeron que era para sanear ambientalmente, para organizar la minería y mejorar las condiciones de la explotación e ir sustituyendo el uso del mercurio, y eso no es cierto».
Según sus estimaciones hay, al menos, de 100 mil a 200 mil mineros solo en Bolívar.
Exige que las instituciones «muestren los datos, que sean transparentes. ¿Ustedes dicen que esto no hace daño, que no hay contaminación? Demuéstrenlo. Hasta ahora, no han mostrado nada».
En su recuento de los déficit ambientales del país Padrón pone en evidencia los derrames de hidrocarburos, y acota que, de acuerdo con el último informe de Pdvsa (año 2016), ocurrieron más de 8 mil (con 182 mil barriles vertidos); «la gran mayoría, vertidos en tierra». Su trabajo en el terreno, en los estados Anzoátegui y Monagas, le permitió corroborar que los resolvían «echando tierra».
Hoy día el monitoreo con imágenes satelitales -como el seguimiento que hace el profesor Eduardo Klein- permite ver qué sucede con los cuerpos de agua, aunque sigue quedando por fuera lo que sucede en el campo. Cita otros informes, como el del Observatorio Venezolano de Ecología Política.
«Un plan de contingencia no puede ser dirigido por Inparques», porque «es un trabajo muy técnico que debe hacerlo Pdvsa o una consultora especializada y de alto nivel, que eso existía» y «todo eso se perdió».
La calidad del aire no puede quedar fuera del análisis. «Dejaron de hacer el monitoreo en las ciudades, desde hace por lo menos cinco años», afirma. y lo asocia con la desaparición del Ministerio del Ambiente. «Hace falta soluciones para las emisiones de la industria petrolera», reitera.
Si toma todos los problemas del ambiente, sostiene que hay uno que engloba a todos: «El punto más grave es la pérdida de la institución en todos los sentidos; entre ellos, lo ambiental. No puedes suplir con voluntarios algo para lo cual tiene que haber una gente preparada».
En su examen ambiental sí reconoce algo positivo: el crecimiento de las áreas protegidas, como el Parque Nacional José Gregorio Hernández (entre Barinas, Trujillo y Mérida, zona muy importante como corredor ecológico); la reserva de fauna de Macanao, «una solicitud que se había hecho por mucho tiempo» por tratarse de un territorio de riqueza especial; y la reserva de fauna Punta de Palo y Bahía El Saco (en la isla de Coche). «También se amplió la extensión del parque Península de Paria, que pasó de 37 mil 500 hectáreas a 89 200 hectáreas» y ahora incluyó el mar.
Pero, al mismo tiempo, las autoridades restaron 10 mil hectáreas al parque Médanos de Coro, para favorecer un crecimiento urbano. Por eso, como lo reitera, el balance sigue siendo adverso para el ambiente.
