Exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral y aspirante a rector del ente comicial, Celiz Mendoza forma parte de un grupo de técnicos electorales jubilados del CNE, llamado Voluntarios Técnicos Electorales (VOTE) que “durante más de un año preparamos un proyecto de reforma puntual de la ley de procesos electorales”

Conocer las entrañas del Consejo Nacional Electoral (CNE) no es un detalle menor en este presente de Venezuela. No muchos aspirantes a rectores de este organismo pueden jactarse de ello. Pero Celiz Mendoza podría hacerlo tranquilamente, porque se desempeñó como consultor jurídico del CNE. “Son 34 años de servicio ininterrumpido en el CNE. Llegué a los 17 años” y “me fui formando poco a poco hasta que llegué a consultor jurídico tres veces, para tres periodos de directiva. Me jubilaron y me volvieron a llamar”.

Mendoza es uno de los ciudadanos que impugnó las elecciones pasadas. “Muchos me critican” que por haberlo hecho “haya tomado esta iniciativa de participar en este proceso, pero yo no lo veo como una contradicción. Creo que nosotros tenemos que buscar la manera de ver cómo activamos nuestras capacidades en beneficio del Estado para darle confianza al elector y que participe en los procesos electorales. Pero cuando uno observa que los directivos del organismo han venido deteriorando el derecho a la participación con las actitudes que han asumido se hace más difícil rescatar esta confianza”.

Insiste en que “la pelea es desde adentro, no afuera. Uno puede estar de afuera oyendo que la gente habla y habla y nadie hace nada”.

-¿Qué pelea puede dar usted desde adentro?

-Tendría que convertirme, no diría que en un Quijote, pero sí ayudar a corregir algunas anomalías que se vienen presentando. Por ejemplo, la ley actual de los procesos electorales contiene muchas normativas que en nada favorecen los procesos electorales, porque el organismo rector y los organismos subordinados asumen una competencia exagerada, no tanto por la ley sino por el reglamento. De una manera u otra intervienen en los organismos subalternos, que son los organismos que ejecutan los procesos electorales. Amén de que el propio organismo rector también pierde sus competencias cuando ha sido intervenido por organismos públicos externos.

-¿Se refiere al TSJ?

-Sí, y hasta al mismo ejecutivo y el Parlamento. ¿Cómo se explica que la ley orgánica de los procesos electorales y la Constitución establecen la competencia al órgano rector y a los organismos subordinados, y resulta que con una sentencia el TSJ le impone al organismo cuáles van ser las normativas que van a aplicar en un proceso cuando eso está contenido en la ley? La improvisación de normativas para correr en un proceso de escaso tiempo impide que estos organismos se destaquen en sus funciones.

-¿Usted cree que podría resolver eso?

-Recordemos que un solo palo no hace montañas, pero por lo menos sí dejar claro las irregularidades que se cometan, para buscar la manera de enderezar estos entuertos. Fíjese lo que ocurrió en el proceso del 6 de diciembre. En ese proceso se intervino prácticamente la competencia de las mesas electorales. Todos sabemos que el artículo 121 de la ley establece que no hay prórroga para prolongar el acto de votación, salvo que haya gente en cola para votar. Todos sabemos cómo fue la abstención, para decir que aquí había colas a las 6 o las 7 de la noche. El CNE dicta una prórroga indefinida para mantener abiertas las mesas electorales a escala nacional, creando una prórroga indebida. Ese es un abuso de poder, es un exceso de competencias. Otros casos que establece la misma ley es que las juntas nacionales electorales no pueden impugnar esos resultados hasta tanto no lo decida la junta nacional, cuando eso no es competencia de ella. Si los candidatos quedaron adjudicados, no esperar que lo decida el CNE. Porque cuando llegan los candidatos aquí se encuentran con una gran sorpresa: los resultados que tienen en su poder no se corresponden con los que está anunciando el organismo. Entonces los candidatos no pueden hacer nada, porque les quedaría impugnar las decisiones, pero ¿con qué las van a impugnar, si no les entregan los elementos de prueba necesarios para actuar en consecuencia? Esas cosas debilitan el proceso electoral, violentan los principios que deben regir los procesos electorales, como la pulcritud, la transparencia, la confianza.

Celiz Mendoza recuerda que hay tres organismos subordinados en el CNE (comisión civil y electoral, comisión de participación política y comisión de registro civil) que a su vez tienen organismos subalternos. La junta nacional electoral tiene a las juntas regionales y municipales, y también, a las mesas de votación. “El único que tiene facultad para anunciar el cierre del acto de votación es el presidente de la mesa”, destaca. Hoy día “una vez cerrado el acto de votación se le ordena al operador que emita el acta de escrutinio y la transmita” a la junta regional o la junta municipal; en otras palabras, la transmisión ocurre “antes de que se verifiquen esos datos” y aunque contenga errores. Los datos “quedan totalizados, y solo les quedará a los miembros de mesa dejar constancia de esas anomalías, y a los afectados tratar de impugnar esos vicios si es que les admiten el recurso”.
En las actuales condiciones se está “poniendo una camisa de fuerza a los miembros de los organismos electorales, para que no actúen conforme a las atribuciones y competencias” que les corresponden, critica. Eso les impide ejercer sus funciones.
Rememora lo sucedido con Smartmatic y la denuncia de que “abultaron más de un millón de electores”. Insiste en que se necesitan mecanismos de control, y en que “si le quita a la junta la forma de controlar ese acto usted está creando una suspicacia, una duda”. Esto puede abrirle las puertas a la trampa.

-¿Cómo se devuelven las competencias a los organismos subalternos?

-Las competencias están allí, pero impiden su ejecución. Una cosa es organizar y otra cosa es ejecutar. El CNE es el que organiza los procesos electorales; esa competencia también la tiene la JNA. Pero los órganos que ejecutan el cronograma de actividades son los organismos subalternos, que tienen una competencia definida en la ley.

Todos los procesos electorales “están diseñados en la Constitución y en la ley”, remarca. “Si la junta cumple con sus funciones no hay duda de que los resultados deben ser exactamente así, pero si esas funciones son intervenidas con intenciones políticas o distintas al espíritu y propósito de la ley, se crea la desconfianza”.

Mendoza forma parte de un grupo de técnicos electorales jubilados del CNE, llamado Voluntarios Técnicos Electorales (VOTE) que “durante más de un año preparamos un proyecto de reforma puntual de la ley de procesos electorales, justamente para corregir esas anomalías. Si eso se llegara a cumplir sería más fácil desarrollar estos procesos de manera ajustada a derecho”. Los integrantes de VOTE son partidarios de procesos electorales, pero “con el derecho al voto bien ejercido, como debe ser”, enfatiza.

La propuesta de reforma se la entregaron a la AN de 2015. “A este no se la hemos presentado porque todavía no sabemos cómo va a quedar”, refiere, “pero esta es una iniciativa que la tiene también el CNE. El CNE tiene la iniciativa de promover una reforma de la ley”. Son unos 80 artículos que habría que trabajar.

“El CNE tiene que rescatar su autonomía funcional, administrativa y presupuestaria”, asevera.

-¿Cómo?

-Ejerciendo su autoridad. Los miembros de los organismos electorales tienen que ejercer su autoridad como lo dicen la Constitución y la ley. Organismos internacionales, voceros de la política nacional dicen que “no iríamos a un proceso electoral si no nos dan las condiciones mínimas”. Y yo digo que cuáles son esas condiciones mínimas, porque las únicas que yo conozco están establecidas en la Constitución y en la ley. Usted no puede condicionar los procesos electorales al interés de los participantes.

Si el organismo que se va a designar “sigue atendiendo a los criterios de quien lo designa, nunca vamos a tener un proceso electoral sano”, concluye. Cita informaciones según las cuales Elvis Amoroso presidiría el nuevo CNE. “¿Usted cree que ese señor es totalmente independiente para ejercer esas funciones?”, interroga.

Afirma que todavía hay tiempo para nombrar un CNE diferente: “Faltan 10 días”, recuerda. A la lista, plantea, hay que depurarla: Mucha gente “está allí y proviene de partidos políticos, lo que está impedido por la Constitución”.

Mendoza denunció “las inconstitucionalidades cometidas en el proceso electoral” de diciembre de 2020. “Ahí están en el TSJ: engavetados”.