«Nuestro temor es que esto sea usado para decir que, ‘como estamos en reformas, dennos tiempo’, porque el gobierno, ante la CPI, está apostando a ganar tiempo. Nosotros lo que esperamos es que, todas las partes que estén allí estén claras en que eso es así y se diga que hay que reformar la justicia» sin abandonar lo otro, afirma el abogado y director de Acceso a la Justicia. Espera que, en diciembre o antes, el fiscal de la CPI haga anuncios, aunque aclara que la Corte Penal «ni quita ni pone gobiernos»
Que si un avión llegó a Maiquetía para llevarse por los pelos a algún altísimo funcionario del gobierno y presentarlo ante la justicia internacional. Que si la justicia internacional actuará en el caso venezolano como si se tratara de un nuevo tribunal de Nuremberg. Que si los culpables de violaciones de derechos humanos serán condenados a muerte. Que si ocurrirá un cambio de administración en el país por las acciones de la CPI. A la Corte Penal Internacional casi que se le atribuyen poderes mágicos. Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, lo aclara: La Corte Penal Internacional ni quita ni pone gobiernos.
Pero, ¿puede ser lo que se adelanta en la CPI objeto de negociación en México? «Como cualquier venezolano que ha visto cómo la injusticia se antepone a cualquier consideración, obviamente decir que no es motivo de preocupación estaría mintiendo. Sí es motivo de preocupación, no digo que se esté negociando, pero el hecho de que se hable del tema, de la reforma judicial, a mí me pone nervioso», asevera en entrevista con contrapunto.com.
El hecho «de que se hable de reforma judicial en la mesa tiene un sentido, y yo lo entiendo. Parte de los problemas del país es que no tenemos un Poder Judicial imparcial e independiente. Ahora bien, en estos momentos, justamente porque nos encontramos en la fase de decisión del examen preliminar, es la ventana para que el gobierno diga que, como hay negociaciones, vamos a construir una justicia transicional y vamos a juzgarlos en Venezuela, y vamos a utilizar el esquema colombiano. Eso es una posibilidad».
Pero en el caso venezolano decir que se va a reestructurar la justicia en el corto plazo «es una mentira», porque el asunto «no es solamente nombrar magistrados del Tribunal Supremo», sino que pasa por cárceles, jueces, infraestructura de tribunales», sintetiza.
«Nuestro temor es que esto sea usado para decir que, ‘como estamos en reformas, dennos tiempo’, porque el gobierno, ante la CPI, está apostando a ganar tiempo. Nosotros lo que esperamos es que, todas las partes que estén allí estén claras en que eso es así y se diga que hay que reformar la justicia» sin abandonar lo otro. «Usted puede decir ‘yo reformo la justicia’ pero que eso no se utilice en instancias internacionales. Eso puede ser parte de los compromisos: vamos a reformar la justicia, pero eso no debe tener ninguna implicación sobre la actuación de organismos internacionales».
Los casos concretos que conoce la CPI no son elemento de negociación, aclara. «Pero hablamos de la utilización de las reformas para decir ‘como estamos en reformas, dame tiempo’. No es directamente los casos, sino el argumento de ‘vamos a construir una justicia transicional’ y eso hace que los casos sean dilatados».
-¿Qué les plantearía a los negociadores en México?
-Que se arme un plan serio. Que se hable de la justicia, porque la justicia hay que reformarla, pero que se diga expresamente que eso no va a tener implicaciones en las actuaciones de organismos internacionales. Y, además, que en esa reforma se involucren organismos internacionales: que se involucre a la Alta Comisionada, al Consejo de DDHH y que haya una veeduría internacional que diga que, efectivamente, la reforma obedece a parámetros internacionales.
Momento de decisión
En la CPI hay dos investigaciones sobre Venezuela que no están en el mismo estatus. El gobierno, a su juicio, ha dado declaraciones “que no se corresponden con la verdad”. La investigación Venezuela 1, sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el contexto de las protestas masivas en 2017, se encuentra en la fase 4, que es “la fase de decisión, de decir si el examen preliminar se termina y pasa a la fase de investigación de la sala de cuestiones preliminares, o si se cierra”. El caso Venezuela 2, introducido por el gobierno de Nicolás Maduro para determinar el daño causado por las sanciones, “está en la fase de determinar si efectivamente existen indicios para crear que, a raíz de las sanciones, se han cometido crímenes de lesa humanidad, y si esos crímenes son competencia de la corte”. En otras palabras, el caso Venezuela 1 está más avanzado que el Venezuela 2.
Daniels recuerda que el recurso más reciente interpuesto por el fiscal Tarek William Saab fue descartado definitivamente por la CPI. La exfiscal de este organismo, Fatou Bensouda, tenía un pronunciamiento que se paró por lo que hizo Saab, y ese pronunciamiento se hizo público el pasado 4 de agosto por petición del actual fiscal de la CPI, Karim Khan. “El gobierno está haciendo ver que es la opinión de una funcionaria. No. No es una opinión personal. Es la opinión de una persona en nombre de una institución y que obliga a esa institución”.
En ese documento Bensouda acota que la fase 3 del examen preliminar ya está cumplida (gravedad de los delitos y actuación de los tribunales nacionales) y que hay inacción en la justicia venezolana. “Puede haber 700 expedientes contra funcionarios subalternos que hayan violado derechos humanos, pero el punto es que no hay uno solo de la cadena de mando que esté siendo, ya no juzgado, sino siquiera investigado”, puntualiza. La CPI “no juzga a perpetradores, juzga a los responsables últimos” porque los crímenes de lesa humanidad “no ocurren porque un funcionario se volvió loco; ocurren porque hay una política”.
Lo que queda, explica, es determinar “si es de interés de la justicia que se presente o no el caso Venezuela 1 ante la sala de cuestiones preliminares” de la CPI. Aunque el proceso “ha ido lento, ha ido por el camino correcto”. Se espera un pronunciamiento del fiscal Khan, que puede ocurrir en diciembre de este año (durante la asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma), o antes. “Para mí sería una buena noticia” que se adelante, comenta, “porque podría de manifiesto la intención del fiscal de impulsar estos procesos” y daría un mensaje a las víctimas.
Sin embargo esto no significa que determinados funcionarios serán buscados, vestidos con una braga naranja y llevados a otro lugar. Puede ocurrir, detalla, que se actúe primero contra mandos medios o medios altos, y luego contra integrantes de jerarquía más elevada. De cualquier manera que las víctimas sean escuchadas ante la CPI sería “la primera justicia, porque son víctimas que en el país son amenazadas, son intimidadas, son ignoradas” o perseguidas.
Contra los funcionarios señalados puede haber órdenes de comparecencia y órdenes de captura, pero este proceso es lento, expone. “La tragedia venezolana hace que la desesperación obligue a la gente a agarrar esperanzas en cosas en las que no debe tenerlas. Hay que decirlo claramente: La Corte Penal ni quita ni pone gobiernos; esa no es su función”. Rememora el caso de Al Bashir, que tuvo una primera orden de detención en 2009, y luego una segunda orden de detención. Tuvieron que pasar 10 años para que su gobierno fuese derrocado” y todavía no ha sido entregado a la justicia internacional. “Al final este señor se fue del poder, no por lo que la CPI haya dicho o no sobre él, sino por cuestiones internas”, precisa. “Esa es una demostración de que este tipo de regímenes no caen ni dejan de hacer porque la Corte Penal actúe contra ellos”.
Les sale así al paso a los audios, enviados por grupos de Whatsapp, según los cuales “ya salió un avión” que llegará a Venezuela y la CPI supuestamente ya dio órdenes para detener a funcionarios de alto nivel. “Cuando se hace de manera reiterada uno supone que hay una intencionalidad” de sembrar la desesperanza en la gente, para que las personas crean que la CPI las traicionó.
Retrasos programados
Tarek William Saab, “por más que nos quiera hacer ver que está ganando, todas las veces que ha actuado le ha ido mal en la Corte Penal Internacional”, razona, aunque sí ha logrado demorar el proceso. “El fiscal Saab no está para que se haga justicia en la Corte Penal Internacional. El fiscal Saab está para impedir que la Corte Penal Internacional actúe, y eso tenemos que asumirlo, es parte de la realidad de esta situación. Ya veremos cómo, en sucesivas etapas, este tipo de situaciones que traten de retrasar la actividad de la Corte Penal van a seguir ocurriendo”.
Para darle más peso al argumento de que la justicia venezolana no ha hecho nada ante estos casos el abogado reitera que, hasta la fecha, “no hay ningún ministro, de 2017 para acá, que esté siendo investigado. No hay ningún director del Dgcim, no hay ningún director del Sebin, no hay ningún director de algún organismo de seguridad del Estado que esté siendo investigado. Y ya no digo los altos mandos de esas instituciones”.
Pide buscar el caso 45 del informe de determinación de hechos, referido a un joven detenido en las protestas de 2017, en Maracaibo, que fue violado ante testigos. “Tanto los testigos como la víctima indicaron que la violación la realizaron 11 funcionarios. Ese juicio ha durado años, desde 2017. Codhez asistió a la víctima, y para que se vea lo que es llevar un juicio de estas magnitudes en Venezuela, ellos tuvieron que pedir un amparo para poder tener acceso al expediente. Se les negó sistemáticamente el acceso al expediente”, afirma. “Por no hablar de la continuas dilaciones de las audiencias: se posponían una y otra vez”. Finalmente el juicio se terminó, porque “ahora hay un apuro de la Fiscalía por terminar casos para mostrar sentencias, porque es parte de la escenografía. La sentencia condenatoria fue de 23 años, pero fueron condenados 10 y no 11 funcionarios. “¿Qué pasó con el undécimo? El undécimo era un supervisor, y aunque la víctima lo dijo y los testigos dijeron que él participó, no fue tomado en cuenta por la policía o el juez”.
Recuerda la muerte bajo custodia del Estado del capitán Rafael Acosta Arévalo y se pregunta cómo es posible que el oficial hay salido en silla de ruedas de un centro penitenciario sin que nadie se preguntara cómo salió en silla de ruedas si entró caminando. “Uno se da cuenta de que, efectivamente, la cadena de mando nunca ha sido tocada. Por eso la Fiscalía de la CPI dice que hay inacción” y eso hace entender que puede ser competencia de la Corte Penal. Cita el caso de Rufo Chacón, un estudiante que perdió la visión por la represión policial durante una protesta, a quien lo sacaron de su casa “por error” como parte del hostigamiento del cual es objeto. El acoso en su contra ha continuado, denuncia.
Llama la atención sobre las condiciones de reclusión en las que se encuentran los funcionarios policiales condenados por violación de DDDHH. “Vemos cómo la impunidad, incluso en los casos donde hay detenciones, es una impunidad soterrada, velada, existente en la medida en que las detenciones no tienen el mismo nivel que las de, por ejemplo, los presos políticos”.
Cadenas de mando
A Fatou Bensouda le critica que no actuara a partir de los hechos 2014, pero alega que todo lo que hizo después “estuvo en función de la justicia, y eso hay que reconocérselo; hasta el último día habló por los venezolanos y habló porque la justicia en Venezuela fuera una realidad. Eso es mucho más de lo que puedo decir de muchos políticos venezolanos”.
En cuanto a las cadenas de mando, relata que un sitio de tortura estaba debajo de la oficina de un director de la policía política en 2017. “Esta persona no puede decir que no sabía, porque los gritos de los torturados, y esto lo sé por testimonios de personas que han sido torturadas, se escuchaban a dos o tres pisos de distancia. Ignorar que esas situaciones ocurrieron no es posible”, afirma
En la construcción de la cadena de mando “hay que buscar cuáles son las personas vinculadas directamente con los hechos de tortura, de hostigamiento”, hay que “construir esas cadenas, ver cuáles personas se mantienen en las cadenas de mando” y ver si estos funcionarios cooperan con la justicia. “Todo va a depender de los casos que la Fiscalía esté trabajando, que no sabemos cuáles son”, manifiesta.
Las más altas autoridades no pueden alegar que no sabían lo que sucedía, insiste, porque no se tomaron medidas para detener las violaciones de derechos humanos.