La Asamblea Nacional Popular aprobó este viernes, al concluir su sesión anual, la norma que recoge algunas de las demandas de Estados Unidos y de Europa de cara a una competencia más equilibrada

La Asamblea Nacional Popular (ANP) china aprobó este viernes, al concluir su sesión anual, una nueva ley unificada de inversión extranjera en la que se recogen algunas de las demandas de Estados Unidos y de Europa de cara a una competencia más equilibrada entre las empresas foráneas y las nacionales en el gigante asiático.

Con las negociaciones para intentar poner término a la guerra comercial entre Washington y Pekín en su recta final, la norma se aprobó en un tiempo récord en un intento de Pekín por satisfacer las exigencias occidentales.

Aunque la versión final del texto legal -aprobado por una aplastante mayoría del 99 por ciento de los casi 3.000 miembros de la ANP- no se dio a conocer, los borradores debatidos por el órgano legislativo establecen que a los inversores extranjeros se les dará “un trato no menos favorable que el que se le da a los inversores locales”.

El nuevo texto legal -que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2020- acaba en principio con la transferencia forzada de tecnología, que las empresas extranjeras estaban obligadas a ceder a sus socios locales.

Asimismo, se amplían los sectores de la economía china abiertos a la inversión extranjera, aunque se mantienen vedados campos como la investigación y el desarrollo, la energía, el sector financiero, la educación, las infraestructuras, el cultivo agrícola, la pesca, gran parte de la minería, las telecomunicaciones o la informática.

La norma también promete defender mejor los derechos de propiedad intelectual -una de las principales demandas de EEUU- aunque la ley sigue siendo muy poco detallada y sólo se concretará en su desarrollo por futuras normativas estatales o locales.

Proteger los derechos e intereses de inversores

En la rueda de prensa de clausura de la sesión anual de la ANP, el primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que el nuevo texto -que unifica otros tres existentes hasta ahora- se ha diseñado “para proteger los derechos y los intereses de los inversores extranjeros y atraer más inversión” al país.

Explicó que el Ejecutivo introducirá “una serie de regulaciones y documentos” para proteger los derechos e intereses de los inversores extranjeros y “para garantizar la suave implementación de la ley”.

Asimismo, afirmó que las autoridades harán “revisiones sobre la protección de la propiedad intelectual” e introducirán “un mecanismo de compensación para las infracciones”.

“El Gobierno continuará persiguiendo reformas orientadas al mercado”, aseguró, y recalcó que la apertura es la “política nacional fundamental” del país.

La Cámara de Comercio de la UE se pronunció

Tras la aprobación de la ley, la Cámara de Comercio de la UE mostró su esperanza en que la nueva norma “se respete a todos los niveles del Gobierno y en todos los rincones del país”.

En un comunicado, el presidente de la organización, Mats Harborn, consideró que “aunque no se han tenido en cuenta todas nuestras preocupaciones en esta ley, es hora de pasar página” y recordó que “las compañías extranjeras quieren igualdad de trato y oportunidades (con respecto a las chinas) más que ninguna otra cosa”.

No obstante, la Cámara calificó de “preocupante” que en el texto final se haya mantenido una cláusula que “permite que las cuestiones políticas influyan en las relaciones entre el Estado y los inversores y se le reserve a China el poder de tomar medidas unilaterales contra socios comerciales y de inversión basándose en un principio de reciprocidad negativa percibido”.