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Martes, 26 de Septiembre de 2017

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Entrevistas CTP

​Economías ilícitas, armas y corrupción: una alianza peligrosa

Verónica Zubillaga: La OLP ha sido exitosa sólo en generar mayor crueldad y violencia

Verónica Zubillaga: La OLP ha sido exitosa sólo en generar mayor crueldad y violencia
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Romper con las espirales de violencia exige “una imaginación política de envergadura, comprometida seriamente con la convivencia, con la equidad social y contra la radical intolerancia”, sostiene la reconocida investigadora

Desde la Universidad de Harvard, donde por un semestre se encuentra en calidad de investigadora visitante, Verónica Zubillaga no ha apartado un momento la mirada de lo que desde hace más de quince años ha sido su objeto de estudio: Venezuela y su violencia, el país y sus políticas de seguridad ciudadana.

Socióloga doctorada en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), docente de la Universidad Simón Bolívar, Zubillaga comienza por ubicar la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en el contexto de la aguda crisis económica que vive el país, elemento sin duda indispensable para apuntar tanto sus repercusiones en el terreno social como las contradicciones que esa política de Estado manifiesta entre el plano discursivo y la realidad.

—En la actual situación de debacle económica y de acelerada inflación, las economías que se expanden son las ilícitas y las informales. El sector privado de la economía está fuertemente reducido, el Estado se demostró incapaz de manejar los sectores productivos que asumió, y dogmáticamente persiste en mantener el exceso de controles; aunado a esto, se verifica un importante descenso de los precios de las materias primas, notablemente las del petróleo. Y en contraste con esa realidad, lo que vemos es la expansión de los grandes señores de las economías clandestinas, que, como son ilegales, sustentan su efímera hegemonía en el poder de las armas y en la colaboración con elementos corruptos de las “fuerzas del orden”. Masas de jóvenes excluídos se están insertando en estas economías como opción de urgencia. De hecho, los pranes o principales, para decirlo coloquialmente, son los grandes empleadores de varones en situación desesperada. Perversamente, son los empresarios emergentes, que han instaurado un capitalismo salvaje, desregulado y clandestino en las narices del ensayo del Socialismo del Siglo XXI.

—En esas circunstancias, ¿qué ha significado la OLP?

—En este contexto, la OLP es la evidencia del brazo represivo del Estado para preservarse en el poder y para intentar controlar una situación que él mismo contribuyó a crear. Ahora, sus opciones de éxito son realmente mínimas porque, por un lado, no hay salidas económicas realistas por el momento, no en legalidad, mientras que la población confronta necesidades fundamentales; y por otro, porque operativos represivos de esta naturaleza, y ya se demostró en Centroamérica, lo que consiguen es que las redes criminales definan la situación como de guerra y se organicen más eficazmente para responder.

¿Qué puede decirnos esa política acerca del Estado que la implementa y la sociedad que la aplaude?

—La actual situación, junto con una línea de respuesta como la OLP, revela que sectores fundamentales de este Estado se han convertido en garantes de muerte y no garantes de vida. Me explico: uno de los atributos del Estado moderno es el desarrollo de toda una fina red de instituciones y transacciones, así como de las pequeñas y las más vastas obras de infraestructura, para garantizar la vida y la calidad de vida de la población: allí radica parte de su poder y su legitimidad. En un contexto de escasez de los alimentos más básicos, de deterioro notable de las redes de servicio de salud y de carencia de medicinas, el Estado ya no puede garantizar la vida y carece de legitimidad para vastos sectores de la población. Entonces, a la manera de los príncipes de antaño, de los poderes más despóticos, se constituye en garante de muerte; es decir, apoyado en la maquinaria militar, se hace acreedor de la facultad de reprimir, ocupar, invadir, y, bajo el discurso de “excepción de la seguridad”, administra arbitrariamente la muerte, tanto para imponer su dominio a través del terror, como para teatralmente demostrar que está haciendo algo.

La OLP implica el avance de la compulsión militar de definir y leer la realidad como una guerra: la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los paramilitares, la guerra contra los bachaqueros, que vienen de los sectores pobres. Implica, pues, la constitución de un importante sector del Estado en maquinaria de la brutalidad arbitraria y en agente de venganza. Y la venganza siempre resulta teatral y convoca una respuesta.

—¿A qué se refiere cuando alude a lo teatral?

—Justamente, quisiera subrayar este aspecto teatral en las dos dimensiones que utilizamos los sociólogos: la puesta en escena y lo que sucede tras bastidores. En escena se intenta dramatizar, representar al Estado fuerte que hace algo, que pone orden, que venga a los pobres, a la sociedad. Tras bastidores se conocen las alianzas de algunos sectores militares y policiales (y soy muy enfática: digo algunos, no estoy generalizando) con agentes de aquellas economías ilícitas que mencionamos antes, sea que se trate del tráfico de alimentos, gasolina, cocaína, o de la minería artesanal ilegal. Es decir, que por adelante se lucha contra las economías ilegales y se castiga –y por supuesto se termina castigando a los más vulnerables o apresando a los que ya no son útiles–, y por detrás, tras bastidores, ciertos grupos, de los encargados de la lucha contra las economías ilícitas –militares, agentes policiales–, tienen allí presuntamente, según todos los indicios, claros intereses personales en su florecimiento y son los que actúan en alianza con los grupos criminales.

Así, todo indica que la OLP será un fracaso, en términos de garantizar protección y pacificación social, pero un éxito, para decirlo con amarguísima ironía, en generar respuestas más crueles y violentas, porque toda acción arbitraria y de venganza produce formas de resistencia y organización más sofisticadas para responder. Y porque, como dije, entre los responsables en poner orden hay ciertos grupos que tienen claro interés en que prospere esta economía inseparable de las armas y la violencia.

Tasa en alza

¿Hay que concluir que la LOP no contribuido en nada a contrarrestar la criminalidad?

—Los hechos de violencia registrados no han disminuido; al contrario, han aumentado de manera sistemática con todos los últimos operativos militarizados. Pasamos de una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2010, cuando se inaugura el DIBISE, a 62 homicidios por cada 100.000 en el año 2014 (la cifra oficial, para algunos bastante conservadora, después del Patria Segura). Pero el panorama en 2015 y para el 2016 resulta todavía más trágico con la OLP. Sistemáticamente se dice que somos el país más violento del mundo en la actualidad.

¿Por qué entonces, cuando ya ha pasado el entusiasmo inicial, es tan unánime el aplauso social, mediático y político?

—Un Estado militarizado, que no imparte justicia pero ejerce venganza y ejecuta extrajudicialmente, y que para colmo es celebrado por algunos medios –como en la infausta portada del diario Últimas Noticias a dos meses del operativo, que tituló “Abatidos 106 choros en dos meses”–, invita a que nos convirtamos en linchadores en potencia, avasallados por la rabia y el desamparo. Ese aplauso es una celebración desesperada, es un producto del miedo. Y aquí, sectores afines al oficialismo y afines a la oposición tienden a coincidir. Los operativos militarizados han sido la estrategia más recurrente en el pasado y en el presente, sólo que en el presente los desafíos globales y el contexto doméstico son mucho más urgentes.

—¿Por qué? En qué sentido es más compleja la situación actual?

—Las políticas de seguridad ciudadana implican, en todo momento, conexiones cotidianas de espacios, de lugares, de prácticas y de personas para garantizar la convivencia pacífica en medio del conflicto intrínseco de la vida social. Pero además exigen en este momento, como condición, la reactivación económica, para que se abran perspectivas dentro de la legalidad y se eliminen las fuerzas engullidoras de las economías ilícitas. Demanda una imaginación política de envergadura, comprometida seriamente con la convivencia, con la equidad social, con la mejoría de la infraestructura urbana y contra la radical intolerancia. Contra la matanza, que sólo genera más matanza. Requiere que cesen la militarización y la narrativa de guerra. El Estado tiene que ser el más firme garante de la vida y no de muerte.

Implica, pues, políticas integrales y coordinadas, lo que exige cooperación y pactos mínimos entre autoridades –en los cuales participen universidades, organizaciones sociales, medios de información, sector privado, iglesia–, y no la fragmentación que presenciamos entre los distintos o similares niveles de gobierno. Y la urgencia de la situación, ya se ha dicho muchas veces, clama por pactos y acuerdos básicos.

Foto: Rafael Briceño

Arduo pero realista

—¿Qué tipo de acuerdos habría que lograr, en cuáles áreas?

—Te puedo dar rápidamente ideas desordenadas que habría que trabajar de forma sistemática. La seguridad ciudadana requiere líneas de políticas públicas con foco en las ciudades; en los jóvenes y sus oportunidades; en el control de armas y municiones y, dada nuestra actual situación, en el reconocimiento de que existen actores armados no estatales. Y, por supuesto, reformas institucionales en el sistema de justicia y en la policía.

Los jóvenes varones de sectores populares deben saber que tienen oportunidades dignas y opciones de trabajo acordes a las expectativas compartidas de consumo, para evitar la seducción y necesidad de insertarse en las redes criminales. Si los que delinquen saben que tienen acceso a un proceso de justicia con apego a sus derechos y que no serán asesinados, probablemente tendrán esperanza y cederán en su disposición a morir, que paradójicamente los lleva a matar. Los policías necesitan una formación sólida, claros procesos de contraloría social; recompensas simbólicas importantes, condiciones laborales dignas que garanticen una de vida de calidad y una identidad reconocida, para poder resistir a las lógicas engullidoras de las economías ilícitas. La labor policial requiere de más apoyos y recursos tecnológicos para ser más efectiva. Es insólito que los policías no tengan recursos y se hallen en la condición en que están. La gente necesita condiciones materiales dignas y reconocimiento simbólico para darle sentido a su labor. Es una tragedia que se haya truncado el proceso de consolidación de la reforma policial.

Cota 905, Caracas. Foto: Rafael Briceño

¿Y en el plano ciudadano, ¿qué nos hace falta?

—Nuestra ciudad debe ser más humana y más luminosa, estar más conectada. Debemos invertir menos dinero en armas y más en redes de solidaridad social, y en instituciones culturales para dejar de vernos como enemigos o depredadores y percibirnos como socios, contrapartes, adversarios quizá en los conflictos de la vida social, pero habitantes interdependientes en una ciudad compartida. Esto no es ingenuo; sí es un proceso arduo, de mucha negociación, que exige amplias redes de colaboración, pero es realista, es el tipo de políticas innovadoras que se están llevando a cabo, con resultados, en distintas ciudades del continente latinoamericano.

Agregaría que las políticas de seguridad ciudadana son sobre todo preventivas, y en nuestro caso, como dije en la entrevista anterior que me hiciste, estando en un contexto de conflictividad armada, deberán ser restaurativas. Y digo restaurativas porque en nuestro caso debe reconocerse la existencia de grupos armados institucionalizados no estatales, y habrá que ser innovadores, tenaces y valientes en concebir y diseñar una línea de acción de desarme, desmovilización (que incluye procesos de justicia y reparación), de reintegración de los jóvenes miembros de las organizaciones criminales, como lo están haciendo en otras ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro y Puerto Príncipe. Concebir procesos de acompañamiento a las víctimas y familiares. Hay demasiado dolor y duelo acumulado, no reconocido, que hay que tratar, sanar. En este sentido, la magnitud de la violencia armada y los saldos de muerte en nuestras ciudades, asociados a las economías ilícitas, está demandando asumir procesos de construcción de paz típicos de lo que sigue a un conflicto armado.

En fin, vuelvo a la OLP: todo poder arbitrario invita a muchas formas de resistencia y movilización. Y en nuestro país hay mucha gente resistiendo, sin ningún apoyo y trabajando con las uñas, en uno y otro sector del espectro político. Llegará el momento en que los discursos y prácticas de muerte serán desplazados por los discursos y prácticas de vida.

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