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Viernes, 16 de Noviembre de 2018

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Investigación

Listas de fallecidos en las protestas del MP y la Defensoría no coinciden

Listas de fallecidos en las protestas del MP y la Defensoría no coinciden 12594

Listas de fallecidos en las protestas del MP y la Defensoría no coinciden 12594
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  • Valentina Oropeza
  • Viernes, 19 de Diciembre de 2014 a las 4:30 a.m.

A 10 meses de los asesinatos de Bassil Dacosta, Juan Montoya y Roberto Redman, solo uno de los 43 casos investigados por la Fiscalía ha alcanzado sentencia

Unidad de Investigación.- El Ministerio Público (MP) contó 43, la Defensoría del Pueblo 48, el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado y la ONG Foro Penal sumaron 44. A 10 meses de los asesinatos de Bassil Dacosta, Juan Montoya y Roberto Redman en la manifestación estudiantil contra el Gobierno de Nicolás Maduro el miércoles 12 de febrero, las listas de fallecidos en las protestas del primer semestre del año que manejan el Poder Ciudadano y la sociedad civil organizada no coinciden.

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El MP, órgano encargado de ejecutar las investigaciones penales, no ha publicado hasta ahora la lista con los nombres y apellidos de los fallecidos que endosa a la violencia en las protestas. Tampoco ha proporcionado información sobre el estatus en el que se encuentran cada una de las investigaciones. Solo ha precisado que fueron 43 las víctimas mortales de las revueltas.

Para la fecha de publicación de este reportaje no se concretó la entrevista solicitada por Contrapunto a Joel Espinoza, director de Actuación Procesal del MP, a fin de verificar cuántos de los 43 casos han alcanzado sentencia.

Espinoza fue delegado por la fiscal Luisa Ortega Díaz como interlocutor del MP frente al Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, una agrupación que se hizo pública en noviembre y exige que se juzgue a los autores materiales de los delitos cometidos durante las revueltas. Insisten en que Leopoldo López debe ser procesado como el responsable político de la violencia.

A partir de la lista de 43 víctimas que el MP proporcionó a Contrapunto, ofrecemos en esta infografía el monitoreo del avance en el procedimiento penal caso por caso:

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De los 43 expedientes, Contrapunto logró contactar a los familiares y fuentes vinculadas a las investigaciones de 31 fallecidos. Solo el caso de Danny Melgarejo, un estudiante de 20 años que fue apuñaleado en Táchira el sábado 22 de febrero, llegó a una condena judicial. Resultó sentenciado un menor de edad que deberá cumplir cuatro años y seis meses de reclusión, sometido a dos años de reglas de conducta, informaron fuentes judiciales que pidieron mantenerse en el anonimato. Contrapunto no logró constatar si el segundo imputado por este caso también fue condenado por el homicidio.

Otros tres expedientes fueron sobreseídos: los casos de Jimmy Vargas, Mariana Ceballos y Giovanny Pantoja. El MP concluyó que Vargas murió por un accidente, a pesar de que cayó de una platabanda en San Cristóbal tras recibir varios perdigonazos en el rostro, aseguró su madre Carmen González a Contrapunto. Kennet Martínez, imputado por haber atropellado a Ceballos en la avenida Andrés Eloy Blanco de Valencia, fue sobreseído por falta de pruebas, al igual que Pedro Guerra Silva, un guardia nacional que fue imputado en marzo por haber disparado en un ojo a Giovanny Pantoja en Valencia.

Los imputados por los casos de Arturo Alexis Martínez, Jesús Acosta y José Guillén Araque permanecen en audiencia preliminar, la segunda de las tres fases del procedimiento penal. Los tres fallecieron tras recibir disparos en escenarios de protestas: Martínez mientras limpiaba escombros de una barricada en la avenida Hermán Garmendia de Barquisimeto, Acosta cuando iba camino a su casa en medio de una manifestación en la urbanización La Isabelica, en Valencia, y Guillén Araque cuando transitaba por la cuarta transversal de la urbanización Calicanto en Maracay.

De los seis expedientes que están en la fase de juicio, paso previo para que los tribunales dicten una decisión, cuatro involucran a funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado: los casos de Dacosta, Geraldine Moreno, Glidis Chacón y Asdrúbal Rodríguez.

En el caso de Dacosta están imputados los comisarios del Sebin José Ramón Perdomo Camacho —en prisión— y Melvin Collazo —aún no ha sido detenido—, cuatro funcionarios que operaron ese día bajo sus mandos, así como un agente del Ejército y otro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Los sargentos segundos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Francisco Caridad Barroso, Franklin García López, Paola Barroso y Albin Bonilla están imputados y detenidos, acusados de disparar perdigones en el rostro a Geraldine Moreno, quien era estudiante de la Universidad Arturo Michelena en Valencia. Su madre, Rosa Orozco, emprendió una gira por Europa para pedir el respaldo de gobiernos y organizaciones a la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Por el asesinato de Glidis Chacón, detective del Sebin, están imputados los agentes de la Policía de Chacao Aldayr Prato Sánchez, José González Guevara y Erlyn Noguera López. Los acusados fueron detenidos en marzo y hasta el momento no ha habido sentencia sobre este caso. Chacón recibió un disparo en el cuello durante una persecución que emprendió en la policía a un vehículo sin identificación oficial que trasladaba a varios agentes del Sebin vestidos de civil, que capturaron a dos jóvenes en Chacao en una operación que pareció un secuestro.

Otros dos funcionarios del mismo cuerpo policial, Jean Carlos Cáceres y Yeiner Yánez, están acusados de dispararle en el rostro a Adrúbal Rodríguez, acompañante de un motorizado que presuntamente desvalijaba una moto cuando fue capturado en Altamira, Caracas.

Los otros dos expedientes que han llegado más lejos en el proceso penal son los de Montoya y José Ernesto Méndez. En el primer caso hay tres imputados: Hermes Barrera, segundo de Montoya en el Secretariado Revolucionario de Venezuela, que agrupaba a más de un centenar de colectivos de la Gran Caracas y quien se entregó a las autoridades, y dos miembros del colectivo Waraira Repano que no han sido detenidos, dijo a Contrapunto Jonny Montoya, hermano de la víctima.

Méndez era un joven de 17 años que falleció tras ser atropellado en la avenida Perimetral de Carúpano. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el principal imputado en este caso, Rodolfo Pazos González, consiguió una medida cautelar de casa por cárcel mientras se desarrolla el juicio.

Una treintena de casos se mantienen en la fase de investigación, es decir, el MP aún no tiene imputados ni detenidos por esos delitos. Uno de esos expedientes es el de Génesis Carmona, una reina de belleza que recibió un disparo en la cabeza en la avenida Cedeño de Valencia. Los medios retrataron el momento en el que un compañero la trasladaba entre sus brazos en una moto.

María Eugenia Tovar, madre de Carmona, pidió asilo político en Estados Unidos, aunque eludió explicar por qué. Entrevistada por la agencia de noticias EFE, al referirse a sus sospechas sobre quién asesinó a su hija respondió: "Hay videos donde aparecen caras, plenamente identificables, de personas que trabajan para el Gobierno".

En agosto, el MP informó que Juan José Masa Seijas, un estudiante de economía de la Universidad de Carabobo, fue imputado y enviado a juicio, acusado de ser "cómplice no necesario" en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles, así como asociación para delinquir. El joven, de 24 años de edad, afronta el juicio bajo régimen de presentación ante los tribunales de cada 15 días. Luis Armando Betancourt, el abogado de Foro Penal encargado de monitorear los casos de víctimas de las protestas en el estado Carabobo, cuestionó que se lleve a juicio a un cómplice y no a los responsables materiales del delito.

La lista de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo contabilizó 48 casos: cinco más que el MP, aunque excluye el expediente de Josué Farías, quien sí figura en la cuenta de la Fiscalía. Falleció por un paro respiratorio luego de permanecer 23 días hospitalizado debido a una lesión producida por una metra que le perforó el estómago y se alojó en la columna vertebral. Sus compañeros de la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín han denunciado que el disparo provino de efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia.

La lista de la Defensoría, que tampoco ha sido divulgada, fue construida con "reportes de prensa verificados por funcionarios defensoriales", informaron fuentes de esa instancia. El órgano del Poder Ciudadano envió a Contrapunto la enumeración por correo electrónico.

El primer caso que no figura en el conteo del MP es el de Antonio José Valbuena Morales, un joven de 32 años que murió de un disparo en la cabeza durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Maracaibo el lunes 24 de febrero.

El segundo es Deivis José Durán Useche, un motorizado de 31 años que tuvo una fractura en el cráneo tras caer en una alcantarilla cuya tapa habría sido retirada por manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, a principios de marzo.

El tercer expediente es el de Angelo Vargas, un estudiante universitario que militaba en el oficialismo y fue asesinado en el sector Colinas de Unare en Ciudad Guayana, estado Bolívar, el 10 de marzo. Algunas versiones de prensa indican que le dispararon desde un vehículo para robarlo.

El cuarto es Anthony Rojas, un estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira que fue asesinado en marzo de un balazo en el rostro en el sector El Diamante de Táriba, en el estado Táchira. La prensa informó que Rojas se encontraba a pocos metros de una barricada cuando se produjo un tiroteo.

El quinto procedimiento correspondería a Luzmila Petit de Colina, una mujer de 70 años de edad que falleció el 19 de febrero, después de que unos manifestantes obstaculizaran su traslado a un hospital por una barricada cuando sufría una subida de tensión. Era madre de Jean Francis Colina, conductora del programa de VTV "Zurda Konducta".

Por último, la Defensoría incorpora a la cuenta a María Julieta Heredia, madre del gobernador de Yaracuy, José Heredia. Falleció de un infarto durante un cacerolazo en los alrededores de su vivienda.

La Defensoría del Pueblo descartó la posibilidad de que Gabriela Ramírez conversara con Contrapunto sobre el seguimiento a los casos de los fallecidos en las protestas por limitaciones de agenda que le impone el cierre de su gestión al frente de este despacho.

El documento más reciente publicado por esta instancia sobre los fallecidos en las manifestaciones es el reporte titulado "Febrero 2014: Un golpe a la paz", en el que la Defensoría recomienda al MP "asignar carácter prioritario" al esclarecimiento de los asesinatos de Dacosta, Juan Montoya, José Alejandro Márquez y Geraldine Moreno, 4 de las 15 personas que habían fallecido en las protestas hasta la fecha. Ninguno de esos casos ha alcanzado sentencia.

La cuenta de la sociedad civil

Michael Díaz, abogado del comité de víctimas, explicó a Contrapunto que esta agrupación basó su conteo en la lista de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, aseguró que en las protestas hubo 44 fallecidos, cuatro menos que el registro elaborado por el despacho de Gabriela Ramírez. Para la fecha de publicación de este reportaje, no se obtuvo la lista de víctimas que maneja el comité a pesar de las reiteradas peticiones formuladas a sus miembros.

El informe de la ONG Foro Penal, entregado a Contrapunto por su director ejecutivo Alfredo Romero, enumera 44 casos y apunta que debe ser manejado "a título referencial, dada la dificultad de obtener del Gobierno y de sus instituciones información clara y veraz sobre el estado de las investigaciones".

Johan Alfonso Pineda, Francisco Alcides Madrid y Jonathan Martínez figuran en las listas del MP y la Defensoría, pero no en la de Foro Penal.

Pineda viajaba como parrillero en una moto el 7 de marzo cuando resbaló sobre una mancha de aceite en la autopista Francisco Fajardo y falleció.

Robert Flores, presidente del colectivo Frente de Motorizados y miembro del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, dijo a Contrapunto estar preocupado por la dificultad de hallar culpables en este caso, dado que es casi imposible identificar quién roció el aceite en la vía. El conductor de la moto, Javier Alberto Albendaño, principal testigo en el caso, afirmó a la Fiscalía que desde un automóvil blanco lanzaron el aceite por la ventana. Se desconoce la placa del vehículo.

Por su parte, Francisco Alcides Madrid Rosendo fue asesinado el 18 de marzo entre la calle 51 y 4 de Montalbán, al recibir varios disparos en la cabeza; el MP no especificó cuántos. Era trabajador de la alcaldía del municipio Libertador y fue enviado a levantar los escombros de una barricada.

Jonathan Enrique Martínez García falleció el 7 de marzo en el estado Zulia, después de que una valla le cayó encima en la avenida 16 del sector Palaima en Maracaibo. El MP indicó que un grupo de personas que armaron una barricada derribó el aviso publicitario.

Foro Penal cuenta a cuatro de las cinco víctimas que suma la Defensoría a la enumeración del MP: Antonio Valbuena Morales, Deivis Durán, Angelo Vargas, Luzmila Petit y María Julieta Heredia. La ONG deja por fuera a Anthony Rojas.

En el caso de Angelo Vargas, la ONG advierte que ese día hubo otros dos muertos que reflejó la prensa pero no aparecen en ningún conteo oficial: Arquímides González, quien falleció de un tiro en la cabeza al salir de una protesta el 12 de marzo en el sector Los Mangos de Ciudad Guayana, y Orlando Lorenzo, un joven de 24 años que habría sido asesinado cerca del campamento que un grupo de estudiantes instaló en Alta Vista, el 22 de abril. El informe de Foro Penal señala: "Ambos fueron ejecutados por personas en carros con vidrios negros y sin placas".

Alfredo Romero explicó que las diferencias en las listas revelan que los criterios empleados por las instituciones del Estado para definir los delitos asociados a las protestas son vagos y se prestan a manipulaciones políticas. "A estas alturas no debería existir ninguna duda sobre quiénes fueron las víctimas en las protestas. Aún no entendemos por qué incluimos en una misma lista a la víctima de un accidente en una barricada y a una persona asesinada por un disparo", explicó.

El abogado reivindicó la renovación de las cabezas del Poder Ciudadano como una oportunidad ideal para aclarar públicamente cuál es el estatus de cada una de las investigaciones y quiénes son los culpables de los delitos en caso de que ya hayan sido juzgados.

Ese fue precisamente el espíritu que la fiscal Luisa Ortega Díaz expresó tener ante el cierre de su primer período al frente del MP, en la columna de opinión titulada "7 años de transformación", que publicó el martes 9 de diciembre en el diario Últimas Noticias. "Es momento de revisión y evaluación de lo realizado para consolidar una gestión comprometida con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad", escribió.

http://www.contrapunto.com/noticia/suspiros-y-galletas-dulce-antojo-coloniero-103816/