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Miércoles, 15 de Agosto de 2018

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Economía

Carlos Larrazábal informó que ​la instancia internacional ya nombró la Comisión de Investigación

Como comunistas y sandinistas, Gobierno venezolano rechaza ser investigado por la OIT

Como comunistas y sandinistas, Gobierno venezolano rechaza ser investigado por la OIT
Larrazábal indica que el gremio empresarial insiste en que la economía es algo sistémico y que el gobierno con sus decisiones se especializa en poner pañitos calientes - Fotos: Ernesto García - Contrapunto
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  • Esteban Yepes
  • Sábado, 14 de Julio de 2018 a las 4:12 p.m.

Si el Gobierno no permite que la comisión se instale en el país, lo hará donde lo considere pertinente, en un país vecino o en Ginebra si fuese el caso, dijo el presidente Carlos Larrazábal, en entrevista a Contrapunto

Fedecámaras ha venido reclamando el incumplimiento de Venezuela de diferentes convenios en el marco del diálogo social que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que derivó en el nombramiento de la Comisión de Investigación sobre el diálogo social en Venezuela, cuyos tres miembros de muy alto nivel fueron escogidos el pasado 9 de junio en Ginebra y que en la tercera semana de julio serán juramentados en esa misma ciudad, en presencia de un juez del Tribunal Internacional de La Haya.

El presidente del gremio empresarial, Carlos Larrazábal, en entrevista exclusiva para Contrapunto, indica que la OIT es un órgano tripartito en el cual participan países, trabajadores y empleadores de todo el mundo, representados en sus diferentes organizaciones. Relata que en el caso venezolano, desde 2001 durante el gobierno de Hugo Chávez, Fedecámaras comenzó a denunciar ante la OIT la violación de los convenios del dialogo social tripartito entre Estado, trabajadores y empresarios.

Como señalan las leyes de la República, todos los convenios de la OIT fueron ratificados por el Congreso Nacional o por la Asamblea en sus momentos, por lo que los trabajadores y los empleadores deben debatir obligatoriamente bajo esta normativa.

“Los impedimentos reiterados del Gobierno y su indisposición a rectificar, nos ha llevado a solicitar la aplicación del artículo 26 de los estatutos de la OIT, que es la máxima penalización que establece el organismo para los países que reiteradamente incumplen los convenios. Esto ya fue aprobado por el Consejo de Administración de la OIT en marzo pasado, lo que ni siquiera necesitó la votación uninominal, sino que fue resultado de la aclamación de representaciones de países del todo mundo, liderados por el Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Suiza, con la posición en contra de las de China, Rusia, la India y Cuba”, explica Larrazábal.

Foto: Ernesto García - Contrapunto

Agrega que como resultado se nombró la Comisión de Investigación la cual estará presidida por Manuel Herrera Carbuccia, juez presidente de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de República Dominicana y profesor universitario, y lo acompañarán María Emilia Casas Baamonde, jueza y presidenta del Tribunal Constitucional de España, doctora en Derecho y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, y Santiago Pérez del Castillo, rector de la Universidad de Montevideo de Uruguay.

“Hasta ahora el Gobierno no ha aceptado que la comisión se instale en Venezuela. Conviene tener en cuenta antecedentes emblemáticos similares al caso venezolano, como el de Polonia comunista cuando Lech Walesa lideró el movimiento Solidaridad. Como el gobierno polaco no permitió la instalación de la comisión en su territorio, esta debió sesionar en Ginebra y el mismo Walesa publicó en sus memorias, que esto fue un factor fundamental para que ocurriese un cambio político en su país. Lo mismo sucedió en el primer gobierno sandinista de Nicaragua antes de la ascensión de Violeta Chamorro a la Presidencia, durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y el caso más reciente es el de la República de Zimbabue entre los años 2008 y 2010, cuando vivió una hiperinflación similar a la que ahora impacta la economía venezolana”, apunta el líder empresarial.

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Foto: Ernesto García - Contrapunto

Larrazábal relata que las expectativas de Fedecámaras son que este mecanismo promueva “el restablecimiento del diálogo social verdadero en el país y no un show mediático como los anteriores diálogos. Si el Gobierno no permite que la comisión se instale en el país, lo hará donde lo considere pertinente, en un país vecino o en Ginebra si fuese el caso. Esta comisión comenzará a sesionar entre este mes o en agosto próximo y le llevará varios meses analizar tres convenios.

Los convenios

El primer convenio es el número 26, que data de 1928, el cual establece los métodos para fijar el salario mínimo en los países y que obliga que estos sean discutidos con los trabajadores y empleadores, para garantizar que el aumento del salario incremente también el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar a las empresas, y sin que se convierta, como ha pasado aquí, en sal y agua, cuando no se acompaña de medidas económicas que incentiven la producción y combatan la inflación”.

Describe que el siguiente convenio es el número 87, que data de 1948, según indica, reiteradamente violado durante 20 años en Venezuela, el cual se refiere a las libertades sindicales y la protección al derecho de sindicalización. Dicho convenio establece que los gobiernos de los países no pueden perseguir a los líderes sindicales y, a los efectos de la OIT, asegura que Fedecámaras, por ejemplo, es un sindicato de empresarios al cual no se puede perseguir ni encarcelar.

“Miembros de nuestra organización gremial ha sido blanco de múltiples y reiterados casos de amedrentamiento y expropiaciones, y los ejemplos están en las manifestaciones que han ocurrido a las puertas de nuestra sede. Una de ellas con la colocación de una bomba que originó el fallecimiento de una de las personas que la manipulaban; el atentado a nuestra expresidenta Albis Muñoz y, más recientemente, las manifestaciones realizadas en los alrededores de nuestra sede en noviembre pasado”, agrega.

El otro convenio, el número 144, que data de 1976, establece que la consulta tripartita obliga a todos los países miembros, que las leyes y normativas que son de interés para los trabajadores y los empleadores, deben discutirse entre las tres partes: Estado, trabajadores y empleadores, en forma tal que su impacto sea positivo y no impuesto.

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