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Martes, 18 de Septiembre de 2018

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El caso del expresidente Lula da Silva ¿se trata de un asunto político, más que judicial?

La caída del obrero metalúrgico que llegó a ser presidente... y ahora es un presidiario

La caída del obrero metalúrgico que llegó a ser presidente... y ahora es un presidiario
Antes de este sábado 7 de abril, Lula da Silva acumulaba el 36% de intención de voto para las presidenciales de octubre, frente a su más cercano adversario, el ex militar y diputado ultraderechista Jair Bolsonaro - Foto: EFE

En San Bernardo do Campo, donde nació el PT y Lula se hizo líder político, al ex presidente se le escuchó decir el sábado por la tarde, poco antes de entregarse: “Voy a atender el mandato de prisión, porque quiero mostrarles lo que es responsabilidad y para poder probar mi inocencia. Voy a atender el mandato para que no digan mañana que soy un prófugo y que me estoy escondiendo. Voy para que sepan que no tengo miedo”.

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  • Nelson González Leal
  • Domingo, 08 de Abril de 2018 a las 2:16 p.m.

El ex presidente brasileño Lula da Silva parece quedar fuera de la contienda electoral de octubre, por causa de la condena a prisión dictada por un juez federal. ¿Qué factores y poderes intervienen en la decisión: políticos, judiciales, económicos?

“Apesar de você / Amanhã há de ser / Outro dia

Eu pergunto a você / Onde vai se esconder / Da enorme euforia

Como vai proibir / Quando o galo insistir / Em cantar”.

Chico Buarque.

El ex presidente Lula da Silva y el compatriota cantautor Chico Buarque / Foto: EFE

Sábado de misa en Brasil. Sábado de memoria y de rezos. Sábado de euforia, de ánimos caldeados, de esperas, de voces que aseguran, entre oraciones y arengas, que mañana ha de ser otro día. Día de continuar la lucha y de vencer. Sábado en São Bernardo do Campo con olor a coque y alquitrán –y para algunos también a azufre–. Sábado de recordar a la primera dama fallecida quizás por el agobio de tanta pugna y tanta deslealtad, y de aprovechar para la causa ese nombre que se mezcla en resonancias de mujer imbatible y de ama de casa hacendosa. Dona Marisa, la mujer detrás de Lula, que acaso simbolice tanto como él y mejor que esa otra que llegó a encumbrarse en el Palacio do Planalto (sede del poder presidencial), a Dilma, el ideal de ese pueblo marginado al cual habló siempre el obrero metalúrgico, el hombre de vocabulario simple y directo que pasó de los hornos de fundición a la silla presidencial, luego de tres intentos electorales, no sin pactar alianzas con fuerzas y poderes, que al parecer han terminado por ser enemigas.

Sábado de atrincheramiento y resistencia en el lugar donde comenzó todo: el Sindicato. Allí se concentró Lula con sus partidarios. En la Rúa João Basso, pleno centro de San Bernado do Campo, en la muy cosmopolita São Paulo, nació su partido, el de los trabajadores. Allí se le ha escuchado decir que sus opciones están bien definidas: si va a la cárcel será un héroe, un preso político, si lo matan, será un mártir, si lo dejan libre, será el próximo, y otra vez, presidente de Brasil. Y esta última afirmación se apoya en las encuestas electorales, que le otorgan el 36 por ciento de intención de voto, frente al 15 que alcanza su más cercano competidor, el ex militar y diputado ultraderechista Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, segundo en la intención de voto para las presidenciales de Brasil / Foto: Infobae

¿Y es que se trata esto de un asunto político, más que judicial? ¿No ha sido condenado Luiz Inácio Lula Da Silva, el ex presidente más popular de Brasil –salió de su segundo mandato en diciembre de 2010 con 78 por ciento de aprobación– por ser beneficiario del esquema de corrupción revelado por la operación Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, que ha salpicado también a otros países de América Latina mediante negocios y contrataciones con la estatal petrolera Petrobras y la transnacional de la construcción Odebrecht?

Sábado de recapitulaciones y entrega. Tarde de sábado, ya sin misa, ya sin prisas, porque al parecer un mandato está cumplido. En San Bernado do Campo crece el olor a alquitrán, a drama y a azufre. Llegó una comisión de la policía federal con orden de aprehensión. El líder obrero y ex presidente, que al final de su primer mandato (2005) salió librado de una primera investigación por corrupción –durante la denominada Operação Mensalão, en la que cayeron importantes líderes del Partido de los Trabajadores (PT) y miembros del gabinete presidencial, como el ministro de la Secretaría de la Presidencia, José Dirceu–, a pesar de la enorme euforia con que lo defendieron sus seguidores, decidió entregarse para cumplir la sentencia que, en segunda instancia, ratificó y aumentó la condena de 9 a 12 años y un mes de prisión.

En San Bernardo do Campo, donde nació el PT y Lula se hizo líder político, al ex presidente se le escuchó decir, este sábado 7 de abril de 2018 por la tarde, poco antes de entregarse: “Voy a atender el mandato de prisión, porque quiero mostrarles lo que es responsabilidad y para poder probar mi inocencia. Voy a atender el mandato para que no digan mañana que soy un prófugo y que me estoy escondiendo. Voy para que sepan que no tengo miedo”.

Sergio Moro, el juez que dictó la sentencia contra el ex presidente Lula da Silva / Foto: EFE

La orden de prisión decretada por el juez Sergio Moro, de la 13a Vara Federal Criminal de Curitiba, estado de Paraná –el lugar donde se inició la operación Lava Jato–, debió haberse hecho efectiva el jueves 5 de abril, apenas algunas horas después de que el segundo habeas corpus solicitado por los abogados de Lula fuera negado por el Supremo Tribunal Federal (STF), la mayor corte de la justicia brasileña, con una ajustada votación de seis votos contra cinco. El caso es que ninguno de los otros acusados por la operación Lava Jato ha tenido una orden de aprehensión emitida con tanta celeridad. ¿Qué es lo que se juega aquí entonces?

Los partidarios del ex presidente sostienen que el STF no juzgó el habeas corpus sino el significado de Lula en la vida política. Celso Amorim, ex ministro de Relaciones Exteriores en los gobiernos de Lula y Dilma, en un video que grabó en tres idiomas (francés, inglés y portugués) advierte que “ha sido un paso más en la intención de detener el avance social y político en Brasil”.

Por su parte, el teólogo y filósofo Leonardo Boff, en un artículo para el portal América Latina en movimiento, escribe: “la derrota de Lula en el STF a propósito del rechazo al habeas corpus y su eventual prisión, revela el regreso de las fuerzas del atraso que perpetraron el golpe parlamentario, jurídico y mediático contra Dilma Rousseff en 2016”.

Esto nos ubica de nuevo ante la pregunta, ¿y es que se trata esto de un asunto político, más que judicial? La sentencia, emitida en julio de 2017, que condenó a Lula a 9 años de prisión, establece lo siguiente: en la investigación “surgieron elementos probatorios de que el caso trasciende la corrupción –y consecuente lavado– de agentes de Petrobras, sirviendo el esquema criminal para corromper también a agentes políticos y financiar, con recursos provenientes del crimen, partidos políticos. Alega el Ministerio Público Federal que el ex Presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva habría participado conscientemente del esquema criminal, inclusive estando al tanto de que los Directores de Petrobras utilizaban sus cargos para recibir prebendas indebidas en favor de agentes políticos y partidos políticos”.

El ex presidente Lula, en un acto por la defensa de la democracia, el lunes 01 de abril / Foto: EFE

Establece también el relato de la sentencia que “Por otro lado, el Grupo OAS, presidido por el acusado José Adelmário Pinheiro Filho, sería uno de los grupos empresariales que habrían pagado sistemáticamente prebenda indebida en contratos de Petrobras a agentes públicos y partidos políticos”.

La estimación del pago total en sobornos por el Grupo OAS, derivado de sus contrataciones con Petrobras, alcanza el monto de R$ 87.624.971,26 (aprox. 28 millones de dólares), de los cuales, según el relato de la sentencia, “cerca del 1% habría sido destinado específicamente a agentes políticos del Partido de los Trabajadores”, siendo que al ex presidente Lula le habrían tocado R$ 3.738.738,00 (aprox. 1 millón 170 mil dólares), que no le habrían sido entregados en dinero, sino “en la disponibilización al ex Presidente del apartamento 164-A, del Condominio Solaris” en Guarujá, zona del litoral de São Paulo.

En resumen, la sentencia acusa a Lula de delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. El punto es que no existe prueba concreta de que tal apartamento esté a nombre de Luiz Inácio Lula da Silva, porque hasta ahora no se ha presentado un registro de propiedad, ni existen evidencias de que halla sido ocupado por él o por su familia. ¿En qué se sustancia entonces la acusación? En la confesión premiada (acuerdo de otorgamiento de beneficios a cambio de información relevante) del ex presidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro.

Perfil político del caso

Resulta difícil desprender este caso de su perfil político y, de forma paradójica, si hacemos el ejercicio de olvidarnos del personaje para concentrar el análisis de la situación en los conceptos jurídicos, como propone el abogado constitucionalista Marcio Ortiz Meinberg, retornaremos en poco tiempo al escenario de la política. ¿Por qué? Pues porque el análisis jurídico arroja visos de ilegalidad en la prisión de Lula, al determinar que hubo incumplimiento del artículo 283 del Código Procesal Penal brasileño, que dice textualmente: “Nadie podrá ser preso sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente, en consecuencia de sentencia condenatoria transitada en juzgado o, en el curso de la investigación o del proceso, en virtud de prisión temporaria o prisión preventiva”. (Redacción dada por la Ley no 12.403, de 2011).

Apoyo a Lula en Brasilia, capital de Brasil y sede del poder político / Foto: AP

Como se aprecia, si no hubo aprehensión en flagrante delito, ni tampoco temporaria o preventiva, la alternativa que resta es la prisión “por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente, en consecuencia de sentencia condenatoria transitada en juzgado”, que es solo aplicable, además, después del enjuiciamiento de todos los recursos, inclusive para los supremos tribunales, el judicial y el federal.

El punto aquí es que la determinación u orden de aprehensión de Lula se produjo antes de que la sentencia condenatoria fuera transitada en juzgado y cuando aún quedan recursos apelatorios para la defensa, según lo explica Marcio Ortiz Meinberg, lo que configura elementos de ilegalidad y de abuso de poder, ante lo cual el habeas corpus solicitado por la defensa del ex Presidente debió haber sido concedido, de acuerdo a lo que establece el artículo 5o de la Constitución Federal brasileña.

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Los militares, la ficha limpia y la candidatura presidencial

Resulta difícil no pensar en las próximas elecciones brasileñas, pautadas para el 7 de octubre de este año, cuando se observa la celeridad con que se ha emitido la sentencia condenatoria y la orden de aprehensión contra Luiz Inácio Lula da Silva.

También resulta difícil no pensar en ese 36% de intención de voto que Lula acumula frente a su más cercano adversario, el ex militar y diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, que alcanza apenas el 15%. Y frente a esto, resulta también difícil no pensar en la caída de Dilma Rousseff y en su empeño por llevar adelante el proceso de revelación de los archivos secretos de la dictadura y en la postura pública a favor de la prisión de Lula que asumió el comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, tras el pedido de intervención militar del general de la reserva, Schroeder Lessa.

Manifestación del MST (los Sin Tierra) en apoyo a Lula / Foto: http://www.jornaldamanha.com.br

¿Cuál es el rol específico de los militares en este escenario? No resulta una pregunta sin sentido, sobre todo si consideramos que con la salida de Lula de la contienda electoral, el candidato más aventajado sería Jair Bolsonaro, un ex militar, un miembro de la corporación denominada por el propio Villas Boas como “la gente de bien”.

Con todo esto parece lógica la respuesta afirmativa a la pregunta, ¿y es que se trata de un asunto político, más que judicial? Con la condena de Lula se produce su inhabilitación como candidato presidencial, merced a la Ley de “Ficha Limpia” (Expediente Limpio), promulgada durante el último año de mandato del propio líder del PT. Esta ley impide candidaturas de personas condenadas por la justicia, en decisión colegiada, por delitos de corrupción, abuso de poder económico, asesinato y tráfico de drogas, y extiende los casos y el periodo de inelegibilidad a 8 años, cuando son condenados por delitos electorales, atroces, contra el medioambiente, o de racismo.

De todas formas, aún resta a Lula, y a la esperanza de sus partidarios, insistir en algunos recursos, como el de recurrir al Tribunal Superior Electoral para que emita un fallo formal respecto a su posibilidad de candidatearse, pero eso solo podrá ocurrir en agosto, en caso de que el Partido de los Trabajadores, ese que nació en el Sindicato de São Bernardo do Campo y que este 7 de abril, sábado de misa por la memoria de Dona Marisa, vio caer a su líder máximo, decida inscribir su candidatura.

Lula se entregó a las autoridades después de horas de pedir a sus militantes que lo permitieran. Fue trasladado a Curitiba para ser encarcelado. Foto: EFE

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