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Viernes, 21 de Septiembre de 2018

Contrapunto.com

Nacional

A dos semanas del suceso aseguran que lo ocurrido marcará la historia judicial en Venezuela

Coinciden los especialistas: Operativo de El Junquito fue una "ejecución extrajudicial"

Coinciden los especialistas: Operativo de El Junquito fue una
Abogados especialistas advierten que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad - Fotos: EFE
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  • Esteban Yepes
  • Miércoles, 31 de Enero de 2018 a las 8:11 a.m.

Los abogados y defensores de derechos humanos Alfredo Romero, Carlos Patiño, Andrés Colmenares, Luis Izquiel y Keymer Ávila coinciden también en que el operativo involucra a sus autores materiales y al poder del Estado

A 15 días del suceso ocurrido en El Junquito, cinco abogados especialistas en derechos humanos califican el operativo como una "acción extrajudicial". En conversaciones con Contrapunto, estos juristas analizaron los hechos que tuvieron como desenlace 10 fallecidos: siete miembros del "grupo rebelde", dos oficiales del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y un líder del denominado colectivo Tres Raíces.

Contrapunto consultó las visiones de estos directivos de organizaciones no gubernamentales defensoras de presos y perseguidos políticos, además de especialistas e investigadores en derecho penal, criminología y sociología jurídico-penal, como lo son: Alfredo Romero (Foro Penal Venezolano); Carlos Patiño (Provea); Andrés Colmenares (Funpaz), y los abogados en derecho penal y criminología Luis Izquiel y Keymer Ávila.

En síntesis, los entrevistados aseguran que se evidenció un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, con responsabilidad intelectual del poder del Estado, en una situación sui generis en la que no participaron representantes del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, coinciden en señalar que en la operación hubo actuación premeditada de civiles armados; los hechos fueron grabados paso a paso y divulgados por las redes sociales antes y durante el asedio; el grupo de alzados se disponía públicamente a deponer las armas y rendirse, además no se conoce la forma como fallecieron dos efectivos policiales entre los encargados de ejecutar la acción.

Caso excepcional

El abogado Alfredo Romero considera que estos "asesinatos" deben analizarse con objetividad y detalle para establecer si hubo desproporción de la fuerza en la actuación, “más aún si estas personas fallecieron dentro de cuatro paredes”.

Explica Romero que “hay que analizar cómo ocurrieron (los hechos), en el entendido de que estas personas deseaban salir con vida. No podemos determinar si existió una actuación arbitraria hasta no tener acceso al expediente y al procedimiento policial que establezcan si fue una actuación correcta cumpliendo con la Constitución, las leyes y los tratados de derechos humanos, o si fue abusiva".

Señala que toda la operación "debe sustentarse en un procedimiento escrito, donde se concrete la actuación con el memorándum de las órdenes que se instruyeron y el equipamiento utilizado. Todo debe reposar en un expediente administrativo al cual deben tener acceso quienes lleven a cabo la investigación”.

Estima que si se trató como se presume por opiniones de una acción extralegal, se estaría hablando de una situación distinta, que derivaría de la investigación necesaria para establecer la responsabilidad de los funcionarios actuantes y de la administración del Estado. También expresa que se estaría considerando la ocurrencia de asesinatos extrajudiciales, lo que tiene un carácter sistemático que pudiese conllevar la combinación con otras actuaciones y determinar si fueron crímenes de lesa humanidad. En procura de la transparencia de la investigación, debe facilitarse el acceso de los familiares y sus abogados al expediente.

–¿Cuándo se utiliza correctamente el término de ejecución extrajudicial?

–Hay ejecuciones judiciales que la ley permite en algunos países, como por ejemplo la aplicación de la pena de muerte. Como en Venezuela no existe esa figura, toda ejecución similar es extrajudicial, en la que la intención no es hacer justicia, como ha ocurrido con las muertes en el desarrollo de las llamadas OLP. Esas ejecuciones pueden calificarse como homicidios intencionales.

–¿Existen antecedentes sobre este tipo de ejecuciones?

–Sí, un precedente similar en Perú, como fue el caso de la muerte de 18 personas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que tomó la embajada de Japón a principios del mandato de Fujimori. Entonces la Corte Interamericana de DDHH consideró que fue una actuación violatoria de los derechos humanos, ya que los secuestradores se habían rendido. En el caso de Venezuela podemos remitirnos a otras situaciones, pero no tan similares a esta reciente, que se trató de un grupo específico declarado en rebelión. Esto hace historia definitivamente en Venezuela, no solo desde el punto de vista político, sino social, jurídico, criminalístico y de responsabilidad del Estado. Por primera vez presenciamos que los hechos fueron grabados paso a paso y divulgados por las redes sociales, antes y durante los asesinatos. La rendición de las víctimas que se produjo públicamente no fue tomada en cuenta.

–De la otra parte también fallecieron funcionarios policiales y un miembro de uno de los llamados colectivos…

–Cierto... no se ha explicado cómo fallecieron los efectivos de la policía. Definitivamente este es un caso de derechos humanos emblemático para su estudio.

Un patrón de actuación recurrente

Carlos Patiño / Foto: Qumeradigital

Carlos Patiño, coordinador de Exigibilidad de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), revela que en la institución que representa tienen la presunción de que hubo responsabilidad del Estado.

Explica: “Nos preocupa que no se cumplieron los estándares y la normativa nacional e internacional, ni se evidenció la participación del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Si se hubiese actuado con el procedimiento adecuado, se habría evitado el lamentable desenlace".

Para este abogado "todo apunta a que se trató de ejecuciones extrajudiciales, públicas y notorias, y que comunicacionalmente se evidenció que estas personas solicitaban entregarse. También llamamos la atención sobre la difusión de audios y videos con declaraciones del ministro Freddy Bernal y del diputado Diosdado Cabello, quienes confirmaron que hubo participación de civiles armados. Esto repite un patrón de cooperación de paramilitares, sin estar facultados para ello, con los cuerpos de seguridad del Estado, tal como ocurrió con el despliegue de las OLP que hemos documentado en nuestros informes, y durante las protestas civiles de abril a junio de 2017.

–Al oficializar la muerte de los rebeldes, el ministro de Interior Néstor Reverol acusó que se trataba de una célula terrorista. ¿Esto justifica la actuación de los efectivos policiales?

–Independientemente de las acciones asumidas, existen procedimientos de obligatorio cumplimiento que el Estado debe garantizar.

–¿Pueden estos hechos crear un precedente legal en el país?

–Se trata de un caso con alta repercusión en la opinión pública y cierto es que en nuestro país no es la primera vez que sucede. Hemos visto situaciones similares con los operativos de las OLP que llaman la atención sobre los excesos y la arbitrariedad con los que actúan las cuerpos de seguridad y en los que además intervienen civiles armados. Lamentablemente es un patrón de actuación recurrente en años recientes, en forma sistemática y generalizada. Desde el 31 de diciembre han ocurrido siete asesinatos en el contexto alimentario, bien durante la represión a protestas o en los controles de robos y saqueos. Insistimos en la necesidad de que se abran investigaciones objetivas que cumplan con los estándares internacionales.

Crímenes de lesa humanidad

Andrés Colmenares / Foto: Contrapunto / YouTube

Andrés Colmenares, miembro de Funpaz (Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz) y defensor de los derechos humanos, especialmente de la no criminalización de la protesta pacífica, sostiene que el presidente Maduro, el ministro Bernal, el diputado Cabello y el alto mando militar permitieron el desenlace fatal de El Junquito, y que por esto tendrán que asumir sus responsabilidades ante cortes nacionales e internacionales por crímenes de lesa humanidad.

“El tratado internacional contempla que a la persona que enfrenta a los cuerpos de seguridad y que se declare en rendición, debe respetársele su derecho a la vida. A través de las redes sociales, Óscar Pérez anunció públicamente su rendición, asumiendo que lo acompañaban otras personas. Las declaraciones malintencionadas de voceros del Gobierno lo que hacen es reforzar la tesis de que en Venezuela hay una dictadura de facto de hecho y derecho. Como organización de derechos humanos, en Funpaz suscribimos la angustia y la exigencia de representantes de organizaciones como Cofavic, Provea, Foro Penal y Human Rights Wrongs, entre otras, que solicitan las investigaciones de parte del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo".

–También fallecieron efectivos policiales y un miembro de los denominados colectivos…

–Hubo muchas y serias irregularidades que, en honor a la verdad y la justicia, y para combatir la impunidad, deben investigarse, no solo por la muerte de personas en rebelión, sino de un civil armado. Debe tenerse igualmente en cuenta las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo Nacional y entre ellas las de Diosdado Cabello, quien a pesar de su investidura de diputado de la AN no posee competencia para emitir opiniones ni impartir órdenes a los cuerpos de seguridad. Por su parte Bernal con sus declaraciones hizo una apología del delito, cuando felicitó a los civiles que acompañaron la acción de los efectivos de seguridad.

–En su opinión, ¿es esta una actuación policial recurrente o inédita

–Recordemos la muerte del dirigente Juancho Montoya el 12 de febrero de 2014 en circunstancias similares. Hemos visto que Maduro ha actuado igualmente sin miramientos ni garantías de los derechos humanos, no solo en el caso de Óscar Pérez, sino con miles de ciudadanos que salieron a las calles a manifestar y sufrieron detenciones y vulneraciones de sus derechos fundamentales. Las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos inhumanos son reflejo de que en Venezuela no hay garantía del derecho a la vida ni a la protesta ciudadana.

–Comienza el año 2018 con este hecho en El Junquito. ¿Qué estima que puede ocurrir a lo largo de los próximos meses, más aún cuando entramos en un año electoral?

–En sintonía con otras organizaciones nacionales e internacionales evaluamos permanentemente las proyecciones de lo que puede suceder y los escenarios que puedan presentarse este año y en los siguientes. Las proyecciones en materia de reivindicación y de respeto de los derechos humanos no son alentadoras. Observamos las señales que envía el Ejecutivo Nacional y entre ellas la reciente promulgación de la ley contra el odio, aprobada inconstitucional e ilegalmente por una asamblea constituyente que además no cumplió con los parámetros establecidos para su conformación y establecimiento.

–Además de recabar cifras, hacer análisis y documentar hechos en materia de derechos humanos, ¿Funpaz actúa como interlocutor de los ciudadanos afectados?

–A las organizaciones de la sociedad civil organizada nos ha correspondido asumir una gran responsabilidad frente a esta opacidad y esta complicidad de los actores que deberían asumir la garantía de la seguridad de la ciudadanía. A principios de año en Barquisimeto ocurrió la invasión de colectivos paramilitares afectos al oficialismo a un conjunto residencial, lo cual sembró angustia y temor en la sociedad civil. Con ello se envió un mensaje claro de que no hay respeto a la propiedad privada. Igual ocurre con la arremetida oficial contra las homilías valientes del monseñor Antonio López Castillo y del obispo Víctor Hugo Basabe en el día de la Divina Pastora, quienes denunciaron lo que todos señalan: angustias y carencias de los ciudadanos ante la corrupción, el hambre y la miseria, y ante el éxodo sin precedentes en la historia nacional y latinoamericana.

Cuando hablen los cadáveres

Luis Izquiel / Foto: Captura YouTube

Para Luis Izquiel, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología y asesor de Política Interior de la AN, surgen interrogantes e incertidumbres en torno a lo ocurrido en El Junquito. La primera, apunta, es sobre si estas muertes se produjeron en el marco de un enfrentamiento, porque señala que se han divulgado videos que indican que las personas que estaban con Óscar Pérez manifestaron su voluntad de entregar las armas pacíficamente.

"Eso no se concatena con el desenlace, porque existen evidencias de que esas personas querían rendirse e incluso solicitaban la presencia del Ministerio Público y de los medios de comunicación social. En Venezuela existe lo que se denomina el principio de la proporcionalidad para la aplicación de la fuerza, según el cual la respuesta de los cuerpos de seguridad debe corresponderse con el ataque que recibe de personas armadas. Hay videos que confirman que se dispararon armas de guerra, como misiles, que terminaron destruyendo la vivienda donde permanecían los rebeldes".

–Muchas otras dudas resultan de este hecho…

–Sí, otra es sobre la presencia y participación de colectivos armados uniformados como policías. Nos preguntamos: ¿cuántos civiles afectos al Gobierno integran las filas de la Policía Nacional Bolivariana?, ¿qué tipo de funciones ejercen?, ¿quiénes los mandan?, ¿cuántos y cuáles cuerpos de seguridad tienen presencia de colectivos?, ¿participaron también en las represiones de las protestas civiles que el año pasado dejaron más de 150 fallecidos y cientos de detenidos?

Agrega que otro aspecto importante para la determinación de la verdad y de la investigación penal es el resguardo del sitio del suceso, al cual hasta ahora ni los diputados de la Comisión Especial de la AN ni los medios de comunicación han tenido acceso.

–Como asesor de la AN, ¿cuáles iniciativas cree usted que esta instancia puede emprender para esclarecer los hechos?

–A mi modo de ver, desde el principio la AN ha desempeñado un papel estelar en apoyo a los familiares de las víctimas. Probablemente en este momento cuando las instituciones de justicia están secuestradas, no sea posible esclarecer lo que ocurrió, pero cuando la situación cambie y quiera encontrarse la verdad, será importante la evaluación nuevamente de los cadáveres. En el tema forense y de criminalística hay un dicho según el cual los cadáveres hablan. Las señales de los cadáveres pueden mostrar la forma y las circunstancias como perdieron la vida estas personas.

Precisa: “Si en teoría no hay justicia nacional, supletoriamente debe operar la internacional. Muy probablemente esto no quedará impune, porque cuando se produzca un cambio en la administración del sistema de justicia, podrá determinarse lo que allí realmente ocurrió, que envolverá tanto los autores materiales como a quienes dieron la orden de realizar estas ejecuciones”.

Terrorista, enemigo a aniquilar

Keymer Ávila / Foto: Provea

Para Keymer Ávila, abogado con maestría en Criminología y Sociología Jurídico-Penal, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, más que emitir opiniones sobre lo ocurrido en El Junquito, como académico e investigador aduce que prefiere basarse en evidencias, en hechos concretos.

“Para analizar este evento es importante concentrarse en los hechos más que en los sujetos. Las simpatías o antipatías hacia los personajes no contribuyen para comprender lo sucedido, y solo sirven para la propaganda, los discursos épicos en el primer caso o los discursos justificadores y negacionistas para el segundo. El discurso oficial y mediático para justificar posteriormente estas muertes es la tesis del 'enfrentamiento'. ¿Qué nos dice la extensa investigación empírica sobre estos casos? Que en la mayoría de estos lo que realmente ocurre son ejecuciones extrajudiciales o ajusticiamientos. Los enfrentamientos son casos excepcionales y las ejecuciones se presentan como enfrentamientos".

“La retórica antiterrorista termina siendo funcional para prácticas terroristas. Un ejemplo lo tenemos con lo sucedido en EEUU a partir del 11 de septiembre. El uso y abuso de ese término como discurso justificador de la represión estatal es una pésima señal para analizar nuestro actual contexto. El terrorismo es un concepto cajón de sastre, que es definido por el poder según sus intereses coyunturales”, explica.

–¿Tiene este desenlace argumentaciones para el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana?

–El discurso antiterrorista, de construcción de enemigos a quienes hay que aniquilar, a los que se les deshumaniza totalmente como forma de justificación para su destrucción, que deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en el mal mismo que debe ser exterminado de la faz de la tierra, tiene consecuencias negativas para todos. Cuando esa lógica de la guerra se apropia del discurso oficial, el enemigo puede ser cualquiera que sea definido como tal. "Esto no es nuevo, sucedía en la Baja Edad Media con la Inquisición. ¿Contra quién luchaba la Inquisición? Contra el mal mismo, contra el diablo. ¿Cómo luchas contra el mal absoluto? Con poderes absolutos, es así como la Inquisición no tenía límites en sus actuaciones, porque tenía que acabar con el diablo. Los diablos actuales son el terrorismo, las drogas, la inseguridad ciudadana, el imperio o el comunismo, hay para todos los gustos. Al conservadurismo político cuando está en el poder le encantan estos recursos".

–¿Cuáles pueden ser las consecuencias legales que se deriven posteriormente?

–Depende de los destinatarios. Comencemos con el ciudadano común. Estos hechos deben ser investigados por organismos independientes, competentes, en los que la gente tenga un mínimo de confianza. Necesitamos conocer la verdad de lo sucedido, así se construye nuestra memoria y nos dotamos de herramientas para que el poder no sea ejercido sin límites. El poder sin límites va en contra de los derechos de la ciudadanía. Si permitimos que nos nieguen la verdad de los hechos, estaremos permitiendo la enajenación de nuestros derechos.

–En casos como este, ¿se justifica la intervención de personas que representan a los llamados colectivos?

–La justificación del Estado moderno es el monopolio de la violencia. Desde 2006 diversos sectores han hecho un esfuerzo extraordinario para que el país tenga el modelo de policía que necesitamos, con énfasis en lo profesional, especializado y en la exclusividad de la prestación de este servicio por parte del Estado. Pero el tiempo ha demostrado que la clase política es el principal enemigo del modelo policial que se encuentra en la legislación, lo que se demuestra con la militarización de la seguridad ciudadana y con operativos como las OLP.

Sobre los denominados colectivos, opina que esta etiqueta está muy posicionada en la retórica periodística, y que en la realidad puede ser cualquier cosa, ese es otro concepto cajón de sastre.

“Lo que sí es digno de atención es lo que sucede con funcionarios de las fuerzas de seguridad que están desmovilizados y luego se organizan, o 'colectivos de escoltas' que nadie sabe cómo están regulados, incluso pueden haber supuestos de funcionarios que actúan de civil para hacer el trabajo sucio. Todo eso opera cuando no se establecen límites claros, es la lógica del todo vale”, concluye.

http://www.contrapunto.com/noticia/suspiros-y-galletas-dulce-antojo-coloniero-103816/